El director del SCS aún no ha declarado su patrimonio casi tres meses después de acceder al cargo

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, tiene hasta el 31 de octubre para presentar su declaración de bienes. Ese día se cumplen tres meses desde que tomó posesión en el cargo, tiempo que marca la ley para que los altos cargos del Gobierno de Canarias informen de su patrimonio. Si no lo hace, Goya incurrirá en una infracción leve, penalizada con una amonestación. Y si persiste, la falta sería muy grave, lo que podría acarrear su cese y publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de dicho incumplimiento.

La ficha de Goya como alto cargo muestra el decreto de su nombramiento, sus competencias como director de la sanidad pública canaria y su retribución anual, cifrada en 72.000 euros. Pero nada dice aún de su patrimonio. Los altos cargos del Gobierno regional están mandatados a declarar cuáles son sus bienes y derechos patrimoniales, así como actividades susceptibles de proporcionarles ingresos económicos, en el plazo de los tres meses siguientes al de la toma de posesión y cese en el cargo. Lo exige una ley aprobada en el año 1997.

Goya era anteriormente gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC). No estaba entre los supuestos recogidos como “altos cargos”. Pero desde el 31 de julio de este año, cuando tomó posesión como director del SCS, sí. La norma le obliga hacer pública esta información para corroborar que no incurre en ninguna incompatibilidad o no participa en más de un 10% del capital de empresas avaladas, participadas, vinculadas o que tengan contratos con el sector público.

Si Goya no presenta su declaración en poco más de una semana, incurrirá en una infracción leve, debiendo ser amonestado. Y si persiste, la falta sería muy grave. En ese caso, el mismo órgano que lo nombró, el SCS, lo cesaría, según la ley, y no podría volver a ser alto cargo entre los próximos tres y diez años. Canarias Ahora preguntó a la consejería de Sanidad por qué Goya no había declarado todavía su patrimonio, pero hasta la fecha de la publicación de este artículo no ha habido respuesta.

El director del Servicio Canario de la Salud está en el ojo del huracán desde el pasado viernes, cuando en una comisión de Sanidad del Parlamento lanzó ataques personales y reveló datos sobre el historial médico del diputado Yoné Caraballo (Nueva Canarias-Bloque Canarista), enfermero de profesión. Desde entonces ha habido un aluvión de críticas hacia Goya por parte de la oposición y distintos sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras, Intersindical Canaria y Co.bas.

El presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha quitado hierro al ataque, escudándose este lunes en que no había escuchado la intervención concreta (está disponible desde el mismo viernes en la web del Parlamento) y argumentando que “hay confusión, porque parece que los datos que dijo el director son datos que había publicado ya el diputado [Caraballo] en su Facebook”. Por ello, incidió Clavijo, “no sé si hubo revelación o no, (…) pero, en todo caso, entrar en el terreno personal no creo que sea lo positivo”.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, dijo este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que “el ambiente de crispación no es bueno”, que el “tono bronco y crispado no es el más adecuado” para resolver los problemas de las Islas, y redujo el incidente a un “cruce de acusaciones” sobre si los datos revelados por Goya fueron publicados anteriormente por Caraballo en sus redes sociales. “Nos gustaría circunscribirlo a ese ámbito concreto”, remachó el portavoz.

Varias organizaciones sindicales, sin embargo, opinan lo contrario. “No se puede banalizar el sufrimiento vivido en los peores momentos de la COVID ni utilizar la salud [y menos los datos de salud] como munición partidista. Exigimos respeto a la dignidad de las personas y a la normativa de protección de datos”, señaló en un comunicado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO). Es una “grave vulneración del derecho a la intimidad y al respeto personal”, agregó el sindicato Co.bas.

Goya es licenciado en Económicas y militante de CC. Antes de su designación como gerente del HUC, había compatibilizado durante 16 años la actividad política, como concejal en el Ayuntamiento de El Sauzal, en Tenerife, con la profesional, vinculada con el sector portuario: primero, de 2006 a 2016, como estibador; y segundo, desde 2016 a 2023, como coordinador de la terminal de contenedores del grupo Aleática, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Su nombramiento como gerente del HUC levantó recelos por su nula experiencia en el ámbito de la salud, en especial porque Clavijo había prometido en la campaña electoral “profesionalizar” la gestión sanitaria tras acusar a sus predecesores, el denominado Pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), de designar a los altos cargos de ese departamento “a golpe de carné de partido”.

Pese a ello, Goya tomó las riendas de uno de los principales hospitales de Canarias, con un presupuesto superior a los 400 millones de euros al año y más de 600 trabajadores. Durante su tiempo al mando, en concreto en 2024, las urgencias del mencionado complejo sanitario fueron señaladas por la Defensora del Paciente como el servicio que más quejas acumuló en España. Goya estaba cobrando entonces entre 3.100 y 5.000 euros mensuales, que es el sueldo que se embolsan los gerentes de los hospitales canarios según la categoría del mismo.

Ahora, como director del SCS, gestionará la cartera con más presupuesto de las Islas, más de 4.500 millones de euros, y estará al frente de más de 30.000 trabajadores, mientras percibe una retribución mensual de 6.000 euros.