El programa de Alvise para Castilla y León está lleno de promesas para “los aragoneses”

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, registró su participación para las elecciones de Castilla y León justo el último día del plazo legal: el 9 de febrero, un día después de los comicios autonómicos en Aragón. La sucesión de fechas es relevante para SALF, porque el “contrato electoral” —que ya ha eliminado de su web—, como así llaman a su programa, es prácticamente idéntico para ambas comunidades, hasta el punto de que se fusionan: “Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino. ¡Vamos a por ello, juntos!”.

Castellanos y leoneses orgullosos y aragoneses dueños de su destino: una aspiración muy noble la que propone SALF, si no fuera porque al equipo encargado de editar el programa electoral se le ha olvidado retirar el “aragoneses” hasta en trece ocasiones. Con una simple búsqueda con el comando Control+F en cualquier lector de PDF, el listado aparece. Tampoco han cambiado las fechas de las elecciones de Aragón, que fueron el 8 de febrero.

SALF ha arrastrado las cuestiones troncales de Aragón a los problemas de Castilla y León. Por ejemplo, en el apartado económico se afirma que “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende”. Más adelante, al hablar de formación profesional, se propone adaptar la oferta a lo que demandan “las empresas aragonesas”.

En el bloque de servicios públicos, el documento recoge, aunque tachado, que entre un 5 % y un 10 % del “territorio aragonés” no dispone de conexión adecuada y asegura, además, que “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”. Se anuncia incluso la ampliación del transporte metropolitano en Zaragoza, Huesca y Teruel, ciudades que, salvo una fusión de autonomías, no forman parte de la comunidad a la que se dirige el programa.

En sanidad, la preocupación de Alvise pasa porque “ningún aragonés espere más de 30 días” por una consulta especializada, sin duda una meta que en todo el territorio nacional debería alcanzarse, pero no desde la Sacyl para Aragón. También se propone una historia clínica electrónica única para “todo el sistema público aragonés”, además de conciertos con “clínicas privadas aragonesas”. En materia de infraestructuras sanitarias, SALF promete acometer las obras pendientes, como el nuevo Hospital de Alcañiz, en Teruel.

“Defensa sin complejos del campo aragonés”

El programa de SALF incluye políticas centradas en el medio rural. En concreto, la “defensa sin complejos del campo aragonés” y la simplificación de “los trámites ante INAGA”, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, en la contratación pública también se priorizará el producto local aragonés. En materia de soberanía energética para Castilla y León, el partido de Alvise propone un “canon aragonés” para las empresas que quieran instalar parques eólicos o plantas fotovoltaicas.

En el programa de Alvise también hay medidas que confunden competencias y extralimitan las capacidades de las comunidades, como en materia de inmigración, cuando se anuncia un “mayor plan de deportación de inmigrantes ilegales” y la identificación y expulsión rápida de personas en situación irregular. Esta competencia es exclusiva del Estado, no de la Junta de Castilla y León.

También propone una tarifa autonómica del IRPF del 0 % para rentas inferiores a 35.000 euros. Las comunidades pueden modificar el tramo autonómico del impuesto, pero no eliminar el IRPF en su conjunto, al tratarse de un tributo estatal parcialmente cedido. Asimismo, plantea una reforma del Estatuto de Autonomía para introducir límites a la presión fiscal y al endeudamiento. El propio texto reconoce que ello requiere una ley orgánica en las Cortes Generales y, por tanto, una mayoría nacional.

Para Castilla y León, SALF presenta a la burgalesa Lucía Echevarrieta como candidata a la Presidencia de la Junta por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. Además, SALF integrará a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, tras pedir más democracia interna.