Ábalos, desde prisión: “La Fiscalía solicitó todos los delitos posibles y su máxima sanción para justificar mi ingreso en la cárcel”

“Mi esfuerzo para establecer un relato que pueda contradecir todo esto (la tesis inculpatoria de Anticorrupción) ha resultado baldío y me encuentro en una situación de juicio preventivo”. Estas fueron las últimas palabras del exministro José Luis Ábalos en la vista que se celebró en el Supremo el 27 de noviembre de 2025. Ese mismo día ingresaba en prisión. Tras más de cuatro meses en la cárcel de Soto del Real, desde donde se ha comunicado con la opinión pública por medio de su perfil de X, ha llegado el momento del juicio, que arranca el 7 de abril. Pero antes, el exministro se abre a responder desde su celda de Soto del Real a elDiario.es.

Dado que está en prisión preventiva, fue imposible que el exministro atendiera personalmente a este periódico y la entrevista tuvo que ser por medio de un cuestionario que se le hizo llegar el pasado 6 de marzo a través de su entorno más cercano. Es decir, sin posibilidad de repreguntar. A las puertas de la vista oral, Ábalos devuelve el formulario por escrito con respuestas extensas en las que sostiene que se han dado irregularidades en la instrucción, en las que ataca de manera frontal al comisionista Víctor de Aldama —dice que no soportó estar en prisión por sus “pretensiones clasistas”— y en las que señala a Anticorrupción por haber forzado una petición de condena de 24 años para conseguir que dejara su escaño.

Si bien el cuestionario entregado por elDiario.es contenía hasta 13 preguntas, quedaron sin contestación aproximadamente la mitad de las que se le formularon porque, según trasladó su entorno, consideró que no eran apropiadas. Las cuestiones sin respuesta se pueden leer al final de la entrevista.

¿Qué lectura hace de la decisión del Tribunal Supremo de quedarse con el caso Mascarillas después de que usted perdiera el aforamiento y, por tanto, que sea este tribunal el que le vaya a juzgar?

Considero que, una vez perdido el aforamiento, el tribunal tenía la oportunidad de que la Justicia recuperara la unidad de la causa pues la mayoría de los encausados se encuentran bajo la Audiencia Nacional. Este hecho provoca importantes distorsiones y la paradoja de que la investigación siga abierta mientras en mi caso la instrucción está cerrada. Así es imposible tener una visión única de la causa y del papel que juegan los autores imputados.

Acogerse a un acuerdo no jurisdiccional del pleno del Tribunal Supremo sobre otra causa para retener la que me concierne resulta insuficiente pues el acuerdo, como bien se dice, no tenía carácter jurisdiccional y la pérdida de mi aforamiento resulta forzada por haberme suspendido de todos mis derechos, por lo que ser diputado resultaba falaz y distorsionaba la composición de la Cámara.

Por otro lado, se me priva del derecho a la doble instancia que reconoce la Carta Europea de Derechos Humanos, y que exige un tribunal al que apelar o recurrir toda instancia. El derecho a un proceso sin dilaciones no puede afectar al derecho a un proceso con todas las garantías, pues de lo contrario estaríamos hablando de un juicio sumarísimo.

En su prisión preventiva, ¿hay lawfare?

No sé si soy el primer diputado del Congreso que entra en prisión preventiva. Es probable. Para suspenderme en mis derechos como diputado no bastaba con la apertura del equivalente al auto de procesamiento. Hacía falta, además, que ingresara en prisión provisional. Para justificar esto último, solo era necesario que Fiscalía solicitara todos los delitos posibles y su máxima sanción para justificar que, ante el temor a una dura condena, existiera un riesgo de fuga.

La Fiscalía solicitó todos los delitos posibles y su máxima sanción para justificar mi ingreso en prisión

No es la línea que Anticorrupción ha seguido en otros casos, por ejemplo, en el caso Pujol. Pero también el Tribunal Constitucional sostiene que el volumen de años de condena solicitada no justifica el ingreso en prisión provisional.

Es evidente la presión para que dejara de ser diputado. En el auto de octubre del pasado año por el que se revisaban las medidas cautelares personales, el juez instructor introdujo un texto a modo de coda que, sobre la base de que causaba “estupor” que me mantuviera como diputado, lanzaba una reflexión sobre la inmunidad parlamentaria.

El aforamiento no es un derecho personal sino de toda la Cámara que trata de garantizar la representación de los ciudadanos e impedir la alteración de la composición de la misma.

¿Cómo se origina la investigación?

La causa formalmente se inicia a partir de una denuncia del PP de la Comunidad de Madrid en marzo de 2022 sobre la contratación de material sanitario por parte del Ministerio de Transportes como venganza, según se expuso en declaraciones públicas, por la denuncia contra el hermano de Díaz Ayuso.

Los fundamentos de la denuncia se basaban en unas publicaciones en medios y en que no se habían cumplido los requisitos en materia de contratación pública, ignorando que se trataba de una contratación de emergencia en la que se eximían las condiciones habituales como había hecho la propia Comunidad de Madrid.

Previamente, en 2021, la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo había archivado una denuncia contra mí por el mismo tema y en la resolución correspondiente aprovechó para advertir que no debían admitir a trámite denuncias por adquisición de material sanitario durante la pandemia salvo aquellas que resultaran fallidas o fraudulentas.

Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional (en realidad la Fiscalía Anticorrupción), a solo un mes de la denuncia, decreta diligencias de investigación sin eludir el conocimiento del auto del Supremo y excusándose en que en principio no se vislumbraba la participación de ningún aforado en los hechos denunciados. Sorprende esto último cuando el auto del Tribunal Supremo era consecuencia de una denuncia contra mí, que la denuncia del PP hacía referencia a mi persona y que en el sumario obra correspondencia de quien me denunció dirigida al fiscal referido.

Obviamente, de haber estimado en principio mi participación en los hechos denunciados, el fiscal debería haberse dirigido a la Fiscalía General del Estado e inhibirse en favor del Tribunal Supremo, que ya había resuelto, y por tanto no podía haber dirigido la investigación.

No obstante, no sería hasta septiembre de 2023 cuando el fiscal decide presentar ante el juez de la Audiencia Nacional la correspondiente querella. Para entonces Feijóo (Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP) ya no iba a ser presidente del Gobierno.

¿Cree que hubo una investigación previa extrajudicial?

En una de las causas sobre hidrocarburos que se tramita en la Audiencia Nacional aparecen unas conversaciones entre el jefe de la trama con un confidente que resultó ser el capitán de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), Sr. Bonilla (Juan Vicente Bonilla), que actualmente es jefe de seguridad en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En estas conversaciones, el líder de la trama le dice a Bonilla que tiene que contarle algo acerca de un tal Koldo del PSOE. Al capitán Bonilla le pareció muy interesante la conversación que tuvieron, más aún después de advertir que había que acabar con este Gobierno rojo morado.

Tengo la convicción de que ha habido una investigación previa sin amparo judicial

Tengo la convicción de que ha habido una investigación previa sin amparo judicial que justificaría el decreto de diligencias por parte de la Audiencia Nacional. He solicitado al Ministerio de interior que se procediera a una auditoría sobre consultas policiales en bases de datos sobre mi persona, no tuve respuesta. Tuve que insistir y finalmente se me dio una respuesta elusiva. Lo he pedido también por vía judicial pero sin éxito. Hay una línea de investigación que afecta al Ministerio de Interior que es infranqueable.

¿Por qué no renunció antes a su acta de diputado? ¿Cree que, si lo hubiera hecho, ahora estaría en libertad?

Siempre he querido defender mi inocencia y para ello quería un proceso que no se demorara en el tiempo. No quería pasar años bajo la sombra de la culpabilidad. Quizás las presiones para que renunciara al escaño provocaron en mí una reacción contraria. Primero fueron las que ejerció el que fuera mi partido, después las mediáticas, también las recomendaciones de mi entorno y defensa. Y finalmente la judicial, como se refleja en el auto que antes he comentado por el que se resolvía la continuidad de las medidas cautelares sobre mi persona, tras una declaración en la que me vi forzado a declarar acompañado por el abogado al que había renunciado (José Aníbal Álvarez), en el que el juez introdujo a modo de “coda” una reflexión sobre mi continuidad como diputado introduciendo una expresión valorativa como que mi permanencia como diputado causaba estupor.

Si hubiera dimitido antes, lógicamente el caso habría pasado a la Audiencia Nacional y la justificación de “riesgo de fuga ante juicio inminente” para la estancia en prisión no serviría. Ninguno de los encausados por los mismos hechos que están sometidos a la competencia de la Audiencia Nacional se encuentra en prisión.

Ninguno de los encausados por los mismos hechos que están sometidos a la competencia de la Audiencia Nacional se encuentra en prisión

Si bien ha indicado en numerosas ocasiones que no disfrutó dádivas, ¿hubo algún tipo de acuerdo con empresas del comisionista Víctor de Aldama? ¿De sus acusaciones cuáles considera falsas? ¿Qué opina de la credibilidad que da Anticorrupción a todo lo que dice Aldama?

Cuando se inicia la investigación, incluso tras su detención el 20 de febrero de 2024, para Aldama el asunto no pasaba de ser una cuestión de naturaleza fiscal y niega la existencia de dádivas, dada la ausencia de pruebas al respecto.

Pero el 7 de octubre de ese año vuelve a ser detenido por ser parte de una trama de fraude fiscal en hidrocarburos y se ordena su ingreso en prisión. Al día siguiente, el día 8, la UCO presenta un informe sobre la compra de mascarillas en el que se le define como el jefe de una organización criminal que tenía como propósito introducirse en las Administraciones Públicas para lograr beneficios y lo califica, a su vez, como el nexo corruptor entre la organización y la Administración Pública (Ministerio de Transportes, Ministerio de Interior, Ministerio de Sanidad, Canarias, Baleares e incluso la Guardia Civil, entre otros).

De este modo, Aldama se encuentra imputado en dos causas en las cuales se le sitúa en ambas como máximo responsable y encima se halla en prisión, cosa que no todo el mundo puede soportar y más aún cuando se tienen pretensiones clasistas. La prisión es un instrumento de ablandamiento muy eficaz.

La prisión es un instrumento de ablandamiento muy eficaz

A los días cierra un acuerdo con el fiscal del caso Mascarillas que, curiosamente, es el mismo que en el caso Hidrocarburos que le afecta. Y procede a una declaración delatoria, no por el caso Hidrocarburos que le tenía en prisión, sino por el caso Mascarillas que le había mantenido en libertad.

La investigación precisaba de una confesión que, además, apuntara hacia arriba en sentido político. Aldama necesitaba salir de la cárcel y rebajar sus responsabilidades penales.

Ese mismo día, de modo inusual, queda libre y se convierte en un patriota cuya misión es derribar al Gobierno. Sus pruebas, hasta ahora, son caricaturas, pero han servido para sostener o casi dirigir la acusación eludiendo sus responsabilidades. Es lo que se conoce como ornitorrinco procesal. Disfrutando de la libertad se pasea por los platós blanqueando su imagen, aprovechando la estrategia de polarización política como si las causas que le afectan no fueran con él y tratando de seguir manteniendo elementos políticos de negociación con la Fiscalía a la que trata con familiaridad, como se ha visto en su reciente declaración sobre la trama de hidrocarburos.

Aldama queda libre y se convierte en un patriota cuya misión es derribar al Gobierno. Sus pruebas, hasta ahora, son caricaturas

¿Cree que ha habido un juicio paralelo?

Todo el proceso ha ido acompañado de un juicio paralelo basado especialmente en el desgaste reputacional con el propósito de intoxicar la instrucción. Y para ello, como siempre que se ha querido elevar a escándalo un caso, se recurre a lo sexual. Unas veces reventando la intimidad, en otras tantas recurriendo directamente al bulo y la falsedad.

Los derechos constitucionales se han despreciado, no ya el de la presunción de inocencia, el primero caído, sino también el derecho al honor, a la intimidad, a la protección de los menores y del domicilio particular, a la protección de los datos personales, etc.

En España no hay legislación sobre juicios paralelos y solo cabe acudir a la defensa del honor, pero este sucumbe ante la libertad de expresión que prioriza la jurisprudencia española. La ofensiva es tan masiva que es humanamente imposible enfrentarla y supone, además, una ruina económica pretender defenderse.

El desarrollo digital, las redes, los medios de desinformación que actúan como aparatos de agitación y propaganda de los actores políticos, auténticos sicarios digitales, han facilitado enormemente la potencia de los juicios paralelos.

El asedio de los medios me produjo en la práctica un arresto domiciliario. Permanentemente espiado, pendientes de si iluminaba la casa, de si ponía en marcha el aire acondicionado, de si se abría el portón del garaje… Equipos de medios sentados a la espera en la puerta de mi casa y, en otras ocasiones, a la espera apostados en el interior de vehículos.

La fachada de mi domicilio ha sido vandalizada hasta en cinco ocasiones y se ha asaltado la vivienda de mi hija. El entorno personal y familiar ha sido también objeto del daño perseguido. A mi pareja se la ha insultado reiteradamente. Buscando testimonio previo pago que aportaran detalles escabrosos, falseando lo que sea sobre mi vida privada de modo guionizado.

Han vandalizado la fachada de mi domicilio en cinco ocasiones y han asaltado la vivienda de mi hija

La cárcel ha resultado, curiosamente en este caso, una cierta protección, pero también la oportunidad que ha utilizado la mala gente para todo tipo de fechorías a sabiendas de que no podía defenderme estando encerrado.

Visto el devenir de la causa y los argumentos esgrimidos durante la instrucción, ¿considera que afronta con garantías la vista oral? ¿Confía en la justicia del país? Cerdán en el Congreso habló de operación de 'deep state', ¿comparte esa visión?

La instrucción se ha cerrado con premura y sin que se nos devolvieran los dispositivos incautados. Las evidencias inculpatorias se basan fundamentalmente en el contenido de los dispositivos intervenidos y en la declaración impostada de Aldama. Por ello, resulta extraño que no se nos devuelvan los dispositivos para que podamos contrastar, contextualizar y verificar la validez de tales evidencias.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reconocido que el principio de igualdad de armas se rompería cuando, al cierre de la instrucción, no solo las defensas sino también las acusaciones no dispusieran de todo el material.

Hay una negativa insistente en devolvernos ese material que, sin embargo, lo exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todas las diligencias (testificales, documentales y periciales) se me han venido negando durante el proceso de instrucción.

Desde el inicio del proceso, este ha girado sobre la base de la presunción de culpabilidad, y no de la inocencia. Toda la labor de la policía judicial se ha basado en inferencias de culpabilización, desestimando aquellos elementos que me pudieran eximir o favorecer. En cambio, desde que Aldama declaró en noviembre de 2024 en la Audiencia Nacional, el tratamiento sobre él ha cambiado notablemente en los informes de la UCO.

Desde el inicio del proceso, este ha girado sobre la base de la presunción de culpabilidad, y no de la inocencia

Son muchos los sesgos de la investigación, los elementos de la misma filtrados a determinados medios antes de ser presentados los correspondientes informes policiales, y bastantes los errores detectados como la propiedad de una mansión en Colombia, que no haya declarado convenientemente los arrendamientos de inmuebles, etc., o generando alarmas sobre dietas del Ministerio que erróneamente se declararon a mi nombre cuando se refería a todo el equipo ministerial o sobre el sueldo de mi salario de diputado y las sospechas sobre mis donaciones al partido o sobre la reposición de gastos en mi condición de secretario de Organización del PSOE con la publicación de sobres del PSOE con dinero…

Tras la apertura de la pieza secreta para analizar los pagos en metálico desde el PSOE, ¿conoce si hubo financiación irregular en el PSOE en su época como secretario de Organización? ¿Hubo financiación con dinero de Venezuela? ¿Engañó usted al PSOE pasando gastos que eran privados?

La gestión económica del PSOE recae en la gerencia. Tiene poderes otorgados por la Secretaría de Organización. Quiero destacar que fue durante mi mandato cuando se estableció en el PSOE la primera (y no sé si aún sigue siendo la única) Oficina de Cumplimiento Normativo en un partido político.

No ha existido financiación ilegal del PSOE, al menos que yo conozca

No ha existido ninguna financiación ilegal del PSOE, al menos que yo conozca, y lo que sí puedo asegurar es que el control de las finanzas y, por supuesto de los gastos, era muy observado. A este control no escapábamos nadie, ni siquiera yo por más secretario de Organización que fuera. Lo del dinero de Venezuela con relación a la financiación del PSOE es una desfachatez.

Estoy convencido de que he sido el secretario de Organización más austero en el periodo democrático y por ello en alguna ocasión he pedido públicamente ese contraste. Yo no he engañado al PSOE pasando gastos privados. Es una insinuación desesperada. Siempre procuré llevar y que se llevara una perfecta distinción de los gastos de la Administración Pública, de los del partido y los personales.

He leído que una auditoria que el partido encargó sobre sus gastos, revelaba un par de facturas que chirriaban. No lo sé. Nadie habló conmigo, pero tampoco descarto que, en esa labor de separación de gastos, el equipo que me acompañaba se hubiera equivocado pues no era yo quien hacía las relaciones de gasto. Me gustaría conocer esa auditoría como afectado, pero (aunque se hayan filtrado datos interesados) no está al alcance el documento integral por encontrarse en una pieza declara secreta.

Lo del dinero de Venezuela con relación a la financiación del PSOE es una desfachatez

También quiero señalar la diferencia de gastos de representación efectuados en el desarrollo de mi responsabilidad como secretario de Organización de los gastos generales por mis colaboradores en dicha área, así como los compromisos de gasto asumidos desde la Secretaría para actividades orgánicas que pudieran desarrollarse en el ámbito de otras federaciones del partido.