El policía de la caja B del PP denuncia “presiones” de los mandos para no incluir a Rajoy como perceptor de dinero negro

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha comparecido como testigo en el juicio del caso Kitchen en una declaración que continuará el jueves. Esta primera parte de su testimonio ha dejado dos vectores nítidos: el espionaje a Luis Bárcenas fue una operación “sin control judicial” que no tenía como fin contribuir a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja B del PP, sino que iba “contra” del trabajo del propio Morocho y sus agentes; y, por otra parte, el relato de varios años de presiones de la cúpula policial en tiempos de Mariano Rajoy para sabotear su trabajo sobre la corrupción de la formación política.

En este segundo apartado, Morocho ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy como perceptor de sobresueldos pagados por el partido, sin declarar a Hacienda, y procedentes del dinero negro aportado por los empresarios, tal y como constaba en los papeles de Bárcenas.

Morocho solo supo en mayo de 2015, casi dos años después de que arrancara la operación Kitchen, que la Dirección Adjunta Operativa, sin atribuciones para ello, había realizado investigaciones a Bárcenas y a su entorno que se le habían ocultado. En ese mes de 2015 se le hizo una cesión de información a través de las bases de datos policiales que la Fiscalía Anticorrupción considera que fue una manera de tratar de blanquear el espionaje parapolicial. 

Esa cesión de información tardía supuso para el inspector jefe Morocho la constatación de algo que ya sospechaba, la existencia de una “operación policial sobre Bárcenas” que se había realizado “contra” él y sus policías, auténticos investigadores de las causas de corrupción del PP.

Morocho ha confirmado que nunca supo de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas, en alusión al chófer Sergio Ríos. Tampoco que se hubiera descubierto dinero de Bárcenas en Cracovia y Antillas Holandesas. Estas maniobras de los autores de la operación Kitchen son presentadas por sus defensas como un intento de demostrar que no fue un espionaje ilegal, sino su contribución a la investigación al extesorero. A ellas se sumó el expresidente del Gobierno, que se alineó con las tesis de las defensas durante su declaración como testigo, y que hoy ha quedado desmentido por el investigador de la caja B.

El policía Morocho ha confirmado también la existencia de una segunda operación Kitchen en prisión cuando ha contestado al fiscal que nunca supo de las averiguaciones hechas por la dirección de la prisión de Soto del Real y los miembros de la brigada política del PP sobre los vínculos de Bárcenas con otro preso que debía destruir unas grabaciones presuntamente de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. 

Morocho ha acudido al juicio con intención de reiterar las acusaciones de acoso y sabotaje a sus trabajos por parte de sus superiores, pero la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha interrumpido en varias ocasiones para pedirle que se ciña a las preguntas que le formulan las partes. A diferencia de otras jornadas, la declaración del testigo Morocho ha reunido en el banquillo a todos los acusados, que no tienen obligación de acudir a cada sesión.

Toda la “cadena de mando”

El policía investigador del caso de la caja B ha relatado en el juicio del caso Kitchen cómo sus superiores en la Policía durante la época de Mariano Rajoy en el Gobierno sabotearon su trabajo. La “escala de mando” de Morocho le transmitió, según ha contado, que los papeles de Bárcenas eran “una ideación de Bárcenas, que no tenía verosimilitud”.

El inspector jefe ha añadido que sus superiores, que no están en el banquillo de los acusados, le trasladaban que los papeles de Bárcenas eran “cosas de él, pero no de la formación política para la que trabajaba”.

Manuel Morocho ha asegurado ante el tribunal de Kitchen que sus mandos le presionaron para que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en el informe principal. En este sentido, el policía ha explicado que su escala de mando se reunía antes de citarle a él y que alguno de ellos tomaba la palabra en esa reunión. En este caso se trató del máximo responsable de la comisaría general de Policía Judicial, José García Losada, quien le trasladó la inconveniencia de incluir el nombre del entonces presidente del Gobierno. 

El inspector jefe Morocho ha nombrado uno por uno a todos los protagonistas de esas presiones: inspector jefe Miguel Ángel Cuevas, inspector jefe Jose Manuel Álvarez Luna, el jefe de la Brigada, José Luis Gudiña, el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, y los comisarios generales de Policía Judicial José García Losada y José Antonio Sánchez Aparicio. Ninguno de ellos se sientan en el banquillo por haber participado en la operación Kitchen. 

De ellos ha declarado como testigo, Manuel Vázquez, 'El Fiti', quien atribuyó esa supuesta coacción a desencuentros profesionales y al carácter de Morocho. De entre los acusados, Morocho ha señalado a José Luis Olivera, quien fuera jefe de la UDEF y que después de dejar el cargo le seguía reclamando información sobre investigados en la pieza de la caja B del PP. 

“Ellos me plantaban una serie de objeciones ceñidas a la construcción de la prueba del indicio, a la propia naturaleza de los papeles: si era una contabilidad extracontable o no, concatenación de la contratación de para procesos electorales, la no aparición de una persona de cargo público en los mismos… ya se ponía tela de juicio de pagos caja b y la reforma de la sede de la formación política”, ha declarado Morocho.

El jefe de la UDEF entonces, Manuel Vázquez, llegó a advertirle de que había cometido “un error” por incluir entre los donantes del Partido Popular a Ignacio López del Hierro, empresario casado entonces con la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Uno de sus jefes, José Manuel Álvarez Luna, le explicó que él era “amigo de Villarejo”.

Como ya hiciera en fase de instrucción, Manuel Morocho ha contado las penurias que vivió en la Policía al ser instructor de los casos Gürtel y caja B. Su antiguo jefe en la UDEF, José Luis Olivera, le ofreció un puesto en Lisboa muy bien remunerado. Cuando lo rechazó le dijo que podía escoger la embajada que prefiriera –es ahí donde se perciben los sueldos más altos en la Policía– algo que también rechazó, ha continuado Morocho, por su “compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir así principios democráticos y corresponsabilizarme del mandato que tenía por el magistrado, que era ser el responsable de la unidad de auxilio judicial” en la causa de Gürtel.

“Buscaban quitarme de en medio”

Las presiones de sus jefes policiales buscaban causar en él y sus agentes del grupo “desasosiego” y que orientara sus conclusiones con “cosas” que él “no veía”, ha explicado. Uno de sus jefes directos “iba diciendo por los pasillos que yo era la bestia del Partido Popular”, ha relatado. “Me acusaban de dar titulares a la prensa. Yo no estoy para dar titulares, no lo hago. Había mucho interés en la prensa por la naturaleza de lo que investigábamos”, ha continuado.

Morocho ha explicado cómo algunos informes policiales pasaban meses en manos de sus jefes antes de que pudiera entregárselos al juez. Ocurrió con uno que implicaba a Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad, en los regalos de la trama Gürtel. Estuvo más de un año en la mesa de sus jefes.

Manuel Morocho ha recuperado el episodio de cómo el Gobierno utilizó a la Unidad de Asuntos Internos para acusar al inspector jefe y sus subordinados de haber filtrado un informe de Gürtel que tenían decenas de abogados y que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. “Fue un elemento de castigo, de presión, que nadie pudo parar”, ha dicho. Entonces, el jefe de Asuntos Internos era uno de los acusados en Kitchen, el comisario Marcelino Martín Blas.

El siguiente paso fue intentar “quitarle de en medio” poniéndole la carga de un segundo destino al tiempo que tenía que seguir investigando la caja B. Estuvo un año y medio destinado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tuvo encargos como analizar la incompatibilidad de los negocios del comisario Villarejo. Cuando entregó sus conclusiones, el DAO Eugenio Pino no le aceptó el documento.