La Xunta hace causa contra las bajas laborales mientras las utiliza para ocultar carencias en educación o incendios

La guerra de la Xunta contra lo que considera “absentismo laboral” –una etiqueta bajo la que engloba tanto las ausencias injustificadas como las incapacidades temporales– ha encontrado un nuevo objetivo. En este arranque de curso escolar, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha puesto al profesorado bajo el foco. Meses después de verse envuelto en la polémica por acusar a este colectivo de “trabajar poco”, Rodríguez se escudó en un elevado número de bajas, “1.400”, para justificar las vacantes que permanecían sin cubrir al inicio de las clases. Una estrategia que la Xunta ya utilizó durante la oleada de incendios de agosto de 2025, la peor desde que existen registros, para justificar por qué había motobombas paradas mientras reclamaba más medios al Gobierno central. Entonces, los cuadrantes de los parques de bomberos demostraron que no era así. Hoy, los sindicatos educativos esgrimen las propias cifras oficiales para desmontar ese mismo argumento.

El domingo 20 de septiembre, después de ocho días lectivos, Rodríguez lanzaba en la Cadena SER un mensaje que, para la oposición, “criminalizaba” a los docentes. A esa hora, la aplicación de la Consellería de Educación mostraba todavía 176 vacantes sin cubrir, 142 en secundaria. De estas, sólo 58 eran bajas médicas. El resto, cerca del centenar, correspondían a motivos muy diferentes: permisos de maternidad o lactancia, excedencias por cuidado de familiares, reducciones de jornada, interinidades sin adjudicar... Causas que no son precisamente inesperadas como sí sucede con una enfermedad o un accidente laboral.

Doce días antes, la víspera del comienzo de curso, CIG-Ensino –el primer sindicato del sector en Galicia– recopilaba 1.148 vacantes en la aplicación de la Xunta, más de la mitad en secundaria. Otras 817 habían sido ya cubiertas. “Esto hay que explicarlo muy bien para desmontar ese bulo”, respondía en su entrevista radiofónica el conselleiro. “Las vacantes son cuando hay bajas. Desde el 1 de septiembre hasta el 15 hubo 1.400 [1.393, afinaría después]. Desde que entra la petición hasta que se cubren pasan dos o tres días, pero utilizar ese dato para intentar decir que no hay profesores es un poco desesperado”.

Oficialmente, el sistema público gallego alcanza este curso los 32.712 docentes, 956 más, una cifra que la CIG –con el Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales (CADP) en la mano– rebajó a 396. Rodríguez aseguró que, como “media”, cada día hay 3.000 profesionales de baja. “Ese es el dato y por eso es tan necesario un plan para que aquellas personas que sí, por circunstancias obvias, tienen que estar de baja pues la tengan, y evaluar a aquellos que non están en condiciones para hacerlo”.

Las palabras del titular de Educación no sólo indignaron a la oposición. Esta vez, incluso CCOO –líder del grupo de sindicatos minoritarios que han firmado un “acuerdo de mejoras” con la Xunta– dio un tímido paso al frente al hablar de “enfoque desacertado”. En un comunicado, rechazó que se pusiese “bajo sospecha” al personal de baja y pidió a la Consellería “rigor” en los datos.

La CIG fue más allá y su secretaria nacional compareció para responder a las acusaciones de Rodríguez. “Él es quien manipula las cifras”, aseguro Laura Arroxo. “Dijo que la media diaria de bajas es de 3.000 cuando, en marzo, dio el dato de que había 2.354 docentes de baja, con un porcentaje sobre el total del 7,2%, inferior a la media gallega que está en un 7,4%”. “Da la sensación de que hay una intencionalidad de criminalizar al profesorado con estas afirmaciones”, concluyó Arroxo.

Recordó que las casi 1.150 vacantes sin cubrir en el inicio del curso “eran conocidas desde el 1 de septiembre o incluso antes” por lo que “no es cierto que se cubran dos o tres días después de su comunicación por los centros” y volviendo a las 176 que seguían sin cubrir el domingo 20, subrayó: “Lo que sí es relevante es que a estas alturas aún haya alumnado sin esos 176 docentes en las aulas”.

El precedente de los incendios de Ourense

No es la primera vez que la Xunta culpa a las bajas de la escasez de medios humanos. En agosto de 2025, Galicia sufrió la peor oleada de incendios forestales desde que existen registros, unos fuegos gigantescos que se cebaron especialmente con la provincia de Ourense. Con toda la provincia en situación de alerta 2, el presidente gallego, Alfonso Rueda –al frente del operativo con su barba de varios días y su chaleco rojo–, insistía en reclamar medios al gobierno central. Entre ellos, 30 motobombas con sus conductores.

elDiario.es pudo demostrar en medio de aquella crisis como, mientras Rueda repetía cada día sus demandas, los parques comarcales de la provincia más afectada carecían de personal para sacarle todo el provecho a sus propias motobombas. El cuadrante mensual del distrito forestal XIII, el de Valdeorras-Trives –donde se registró el mayor incendio de la historia gallega– demostraba cómo, con el personal asignado, solo cuatro de los ocho vehículos podían funcionar a pleno rendimiento.

Rueda había intentado frenar esas acusaciones matando al mensajero y, también, achacándolas a bulos: “Se están diciendo muchas cosas que no son verdad”. Los sindicatos CCOO y CIG venían denunciado desde el principio del operativo la falta de 200 trabajadores para cubrir las necesidades del servicio, 80 de ellos en la provincia de Ourense. Cuando el 15 de agosto –tres días después de declarar la situación 2 en la provincia y con 40.000 hectáreas ya arrasadas–, Medio Rural lanzó dos nuevos llamamientos para ocupar los puestos vacantes, Rueda negó que fuese debido a esa carencia estructural y aseguró que se hacía “para cubrir las bajas que se han ido produciendo” a lo largo de las labores de extinción. Cambiando el monte por los centros educativos, es el mismo argumento que ahora usa Rodríguez.

Sin embargo, quince días después de aquel llamamiento, con la crisis ya superada y Rueda de vuelta al traje, corbata y el apurado diario, el presidente gallego ofreció una nueva versión de lo sucedido. Aquellas motobombas ya no estaban en el garaje sólo porque sus conductores estuviesen –supuestamente– de baja, sino porque el servicio de extinción carecía de trabajadores suficientes para darles relevo. “No hubo otras motobombas paradas que aquellas que se derivaban del descanso” de un personal que “no podía trabajar 24 horas”. Como tampoco pueden los profesores.