Disyuntiva neerlandesa: frenar éxodo de empresas que quieren eludir impuestos

La Haya, 2 nov (EFE).- Un proyecto de ley en Países Bajos, criticado por incompatibilidad con la legislación europea, busca retener con multas millonarias a empresas que quieran marcharse a otro país para eludir impuestos, lo que impediría a compañías como Shell o Unilever fusionar en Londres sus sedes angloholandesas por el Brexit.

La izquierda verde Groenlinks plantea imponer un impuesto adicional, prácticamente en concepto de multa y con efecto retroactivo sobre todas las ganancias acumuladas, a las empresas que quieran irse de Países Bajos atraídas por la elusión fiscal que supondrá establecerse en otro país que no aplica un impuesto de retención a los dividendos, como el Reino Unido.

La forma en la que se calcula esto hace que el proceso de relocalización sea muy costoso para las multinacionales: el impuesto equivale a un 15 % -tasa impositiva sobre los dividendos- del precio de las acciones en el mercado de valores.

Esta “multa” corre por cuenta de los accionistas, y no de la propia empresa, según el diputado Bart Snels, autor de un proyecto.

El primer borrador, que solo afectaba a las compañías que facturan más de 750 millones de euros al año, recibió una tormenta de críticas de multinacionales que creían que esta es una “ayuda estatal ilegal” a las PYMES.

EL CASO UNILEVER

La primera víctima de esta ley sería la compañía angloneerlandesa Unilever, dedicada a productos de alimentación e higiene, que prepara su marcha a Londres, donde tiene pensado unificar desde el 29 de noviembre sus dos sedes.

El Tribunal Supremo del Reino Unido aprobó este lunes la fusión transfronteriza de las centrales holandesa y británica en su sede de Londres, después de que su junta de accionistas haya examinado todos los aspectos, incluidas las posibles implicaciones que tendría la ley de Groenlinks, confirmó la compañía.

Pero, de salir adelante la norma, Unilever deberá pagar 11.000 millones de euros por esta mudanza, según cálculos de la propia empresa. Aunque el respaldo del Supremo británico es un paso formal, esta aprobación legal de la fusión dificulta ya que Unilever pueda dar marcha atrás de forma repentina en las próximas semanas.

Esta situación se contradice con los temores de Unilever, que ya ha asegurado que renunciar a su doble estructura fiscal británico-neerlandesa no valdría la pena de aprobarse la ley de Groenlinks.

“Eso es una grandísima noticia. Unilever dice que permanecerá en Países Bajos si se aprueba mi proyecto de impuestos sobre dividendos”, aplaudió Snels este verano.

CUESTIÓN DE IMPUESTOS

Hace dos años y presionada por el Brexit, Unilever había apostado por simplificarse en una empresa neerlandesa, cerrando su central en Londres, pero los accionistas británicos se rebelaron, en parte porque tendrían que pagar impuestos sobre los dividendos.

Países Bajos y el Reino Unido presionaron desde entonces a Unilever para que eligiera su país, lo que llevó al primer ministro neerlandés, el liberal Mark Rutte, a proponer la eliminación del impuesto a los dividendos para retener a la compañía, para la que trabajó en los años noventa, antes de dar el salto a la política.

El plan de Rutte recibió una lluvia de críticas del Parlamento neerlandés, lo que le llevó a dar marcha atrás. Ante esto, Unilever decidió poner sobre la mesa su marcha a Londres.

ILEGALIDAD DE LA PROPUESTA

Unilever continúa de momento con sus preparativos para marcharse de Róterdam porque cree que la propuesta de Los Verdes viola los acuerdos europeos y los tratados fiscales.

El Consejo de Estado, que asesora al Gobierno neerlandés, ha considerado que este impuesto de relocalización roza la “ilegalidad” frente a las normas europeas si la exigencia fiscal se aplica a la empresa y no a sus accionistas. Snel aseguró que esto “era un malentendido y el proyecto ya ha sido modificado” y enviado al Parlamento.

En la práctica, esto significa que, si una empresa se marcha, recibirá una evaluación impositiva en la que el Estado le comunica que ha acumulado ganancias que aún no han sido agravadas y que se convertirán en una deuda tributaria que debe pagarse.

Esto hará que las nuevas acciones que los inversores reciban a cambio de sus antiguas acciones holandesas seguirán sujetas a un reclamo fiscal en Países Bajos. Cuando los accionistas obtengan los dividendos, Unilever debería retener un 15 % de ellas para transferirlo a las autoridades fiscales neerlandesas.

Al tener un efecto retroactivo, estarían sometidas a la ley todas las empresas que se marchen después del 18 de septiembre, aunque el proyecto tarde más tiempo en salir adelante en el Parlamento. “Esto es irresponsable porque la ley no es lo suficientemente conocida por los interesados”, consideró el Consejo de Estado.

A falta de un debate parlamentario, muchos partidos parecen proclives a apoyar esta ley, incluidos los progresistas D66, democristianos CDA y Unión Cristiana, que junto con los liberales VVD forman la coalición del Gobierno.

Imane Rachidi