El Gobierno regula la Fiscalía que perseguirá el fraude con fondos europeos

Madrid, 27 abr (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la Fiscalía Europea, organismo que perseguirá en cada Estado miembro el fraude de ayudas europeas o la corrupción con fondos comunitarios.

Con esta norma se adapta el ordenamiento español al reglamento europeo que creó al Fiscalía europea en 2017, ya que en España son los jueces de instrucción y no los fiscales quienes dirigen la investigación de los delitos.

Según ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz, María Jesús Montero, la Fiscalía Europea se constituye como un órgano independiente y descentralizado de la UE con competencias para investigar y acusar, ante los órganos judiciales de los Estados miembros, en aquellos delitos que afecten a los intereses económicos de la UE.

Se incluye el fraude y la corrupción con fondos europeos y también la defraudación del IVA trasfronterizo.

En los Estados miembros que participan -22 por el momento, según informa en un comunicado el Ministerio de Justicia- se actuará a través de “fiscales europeos delegados”, que dirigirán la investigación penal de todos los delitos cometidos desde la entrada en vigor del reglamento.

En España, tras superar un proceso selectivo, ya han sido elegidos estos fiscales delegados: Oihana Azcue Labayen, Víctor Joaquín González-Herrero González, Gloria Yoshiko Kondo Pérez, María Elena Lorente Pablo, Olga Muñoz Mota, Laura Pellón Suárez de Puga y Pablo Rafael Ruz Gutiérrez.

El anteproyecto aprobado este martes aborda un cambio de modelo procesal en España para que la Fiscalía pueda asumir la dirección de la investigación penal y crea, por ejemplo, la figura del “juez de garantías”, que se encargará en la Audiencia Nacional de autorizar las investigaciones que supongan una injerencia en derechos fundamentales.

En el norma se regula también, por ejemplo, la celebración de una audiencia preliminar durante la fase intermedia para preparar el juicio oral, las medidas aplicables a las personas jurídicas o la prueba transfronteriza.

Este anteproyecto se adelanta así a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), impulsada también por Justicia y que acabará traspasando la investigación penal a manos de los fiscales.