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La crisis más grave: el acoso al poder judicial

No se puede tolerar la presión evidente desde la Casa Real a un juez, es decir, a todo el poder judicial

Es la Casa Real, con la retahila de "actos" realizados en los últimos días, la que está llevando al país a una crisis institucional de incalculables consecuencias

Este país debe estar orgulloso de la inmensa mayoría de los jueces, incluido el juez Castro

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España se está acercando a una crisis institucional gravísima, tal vez la más grave desde la Transición. Unos días antes de que venciera el plazo para presentar varios millones de euros de fianza, se hizo público que el matrimonio Urdangarín-Borbón había vendido su casa en Pedralbes. Aún no sabemos el nombre de los compradores, desearía no encontrar al CNI o similares debajo de la tapadera que supongo. En todo caso, dado el estado del mercado inmobiliario, conseguir vender una propiedad como esa en apenas dos meses es, sin duda, un éxito comercial.

El miércoles el juez instructor convocó a declarar a la consejera de Noos, doña Cristina de Borbón, en calidad de imputada, a cuenta del proceso por todos conocido. Desde entonces se han producido varios acontecimientos, a mi manera de ver, gravísimos.

Primero, la "Casa Real" filtró que la citación judicial "había causado sorpresa" o algo así. La Casa Real no debe expresar sus estados de ánimo.

Segundo, la Casa Real filtró que con esta citación el juez había cambiado de posición, lo que es llamativo, porque el juez en este caso sólo se ha pronunciado a través de sus autos, y hasta donde yo conozco se había reservado "posición" alguna sobre el particular. Los jueces fijan su posición a través de autos, y si el curso de la investigación le lleva a cambiar de posición, eso forma parte de la instrucción.

Tercero, la Casa Real filtró que la consejera de Noos, doña Cristina de Borbón, elegiría un abogado con el asesoramiento, más o menos, de la Casa Real. Es comprensible elegir otro abogado, debe separarse de su marido el Sr. Urdangarín. Pero no es razonable que la Casa Real nos haga saber su asesoramiento. Es una forma de presión, de mostrar que está detrás.

Cuarto, de forma un poco insólita, y desde luego imprevista, la fiscalía anuncia que recurrirá. Obviamente la instrucción es de la Fiscalía General. Que recuerde el fiscal hasta ahora se ha mantenido en paralelo al juez de instrucción.

Y quinto, a primera hora de la mañana de ayer se hizo público que el Rey ha pedido personalmente al conocido abogado y ponente constitucional, D. Miquel Roca i Junjent, que se haga cargo de la defensa de la consejera de Noos.

Uno comprende muchas cosas en esta vida, el amor de padre, la vista gorda ante negocietes putrefactos, etc. Pero lo que no puede tolerar es la presión evidente, palpable, tangible, sólida como una roca, desde la Casa Real a un juez, o sea, a todo el poder judicial. El sistema político funciona en España razonablemente, aunque es verdad que se acumulan casos de corrupción enormes, generados en el corazón del sistema político de los que sus responables últimos no dan razón. Esto nos está llevando a una crisis institucional seria, muy seria.

Pero es la Casa Real, con la retahila de "actos" realizados en los últimos días la que está llevando al país a una crisis institucional de incalculables consecuencias. La Casa Real no puede presionar al Poder Judicial.

Siempre he respetado la figura del Rey. Como todos los españoles de mi generación, la que pasó la adolescencia en la Transición y se indentificó con ella, le agradezco su papel, y he estado dispuesto a mirar para otro lado sobre algunas cosas. Por respeto institucional, por evitar convulsiones a nuestro país, he defendido a veces con incompresión de las personas que me rodeaban, que el Príncipe debiera suceder al Rey y convertir España en un país normal. Ahora el Rey está alterando esta visión.

En lo que valga, pido a los responables de este país, empezando por el presidente del Gobierno y al secretario general del PSOE, que exijan inmediatamente al Rey que cumpla con su deber institucional. Es intolerable la actitud de la Casa Real, y obviamente del propio Rey. Este país debe estar orgulloso de la inmensa mayoría de sus jueces, anónimos jueces de instrucción en juzgados de provincias o en la Audiencia Nacional que han investigado con profesionalidad. Entre ellos está el juez Castro.

La crisis institucional de nuestro país es tan grave que me sorprendo a mí mismo sintiendo la imperiosa necesidad de escribir estas líneas. ¡Hasta donde estamos llegando!, ¡hasta donde pretenden llegar algunos en su impunidad y en su impúdico ejercicio del poder!

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