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Ulises y el Gatopardo o cómo estamos afrontando la lucha contra la corrupción

Para Fernando Jiménez, la clave de las reformas anticorrupción pasa por imposibilitar que quienes dirigen una administración pública puedan hacer un uso patrimonial de la misma para construir o alimentar redes clientelares de apoyo social o financiero.

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A lo largo de lo que llevamos de legislatura hemos oído a múltiples portavoces políticos de todos los partidos decir que la lucha contra la corrupción es un objetivo prioritario de sus respectivas formaciones. El gobierno ha aprobado incluso un paquete de 40 medidas con ese objetivo. No es de extrañar que éste sea ahora un tema prioritario en los discursos políticos cuando la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones políticas se ha disparado, la corrupción aparece entre los tres principales problemas del país y nueve de cada diez españoles creen que está muy o bastante extendida. Pero, ¿están los partidos, incluido el de gobierno, dispuestos a introducir las reformas necesarias para avanzar en ese objetivo o se trata una vez más de un simple juego retórico?

Si estuviéramos en el primer escenario, esto es, si realmente se hubieran decidido a luchar resueltamente contra la corrupción, deberíamos empezar a observar signos evidentes tanto de que han definido objetivos claros en esta empresa como de que han establecido una estrategia adecuada para lograrlos. En un país como el nuestro en el que la gran mayoría de los ciudadanos no sólo percibe una gran impunidad para quienes se implican en actividades corruptas sino que también denuncia que las instituciones públicas no funcionan con suficiente imparcialidad, los objetivos de la lucha contra la corrupción deberían ser evidentes.

Se trataría, en primer lugar, de reforzar la imparcialidad con la que funcionan las instituciones públicas con la intención de dificultar o impedir la tentación de patrimonialización de las mismas para su uso clientelar. En segundo lugar, se trataría de reforzar la confianza social en las instituciones públicas como primer paso para incrementar la confianza mutua entre los ciudadanos. Para ello, es imprescindible que tales instituciones sean fiables y predecibles y, por tanto, no tomen sus decisiones al albur en exclusiva de las conveniencias cortoplacistas de quienes las dirigen. Por último, no deberíamos perder de vista un asunto del que solemos olvidarnos cuando hablamos de la lucha contra la corrupción. Se trata de la desigualdad. Seguramente no es por casualidad que las sociedades que tienen los menores niveles de corrupción son también las que presentan mayores cotas de igualdad social. Una sociedad que no comparte el objetivo de luchar contra la desigualdad, no estará en las mejores condiciones para fomentar el sentido comunitario, el espíritu público y la responsabilidad individual que hacen falta para contener la corrupción.

En cuanto a la estrategia, ésta debería contener dos elementos principales. Por un lado, se trata de lograr el objetivo de reducir la percepción de impunidad mediante el fortalecimiento de los controles efectivos sobre el poder ejecutivo (en sus diversos niveles nacional, autonómico y local). Para ello, es imprescindible reforzar el papel de control del poder político por parte del sistema de justicia. En este terreno, hay mucho por hacer: garantizar la independencia/imparcialidad de tribunales, fiscalía y policía judicial; e incrementar su capacidad de acción dotándolo de más medios, reformando por completo el anticuado proceso penal, alargando las prescripciones de los delitos relacionados con la corrupción e incrementando sus sanciones, etc. Además del sistema de justicia, los demás mecanismos de control del poder del sistema político habrían de robustecerse también: los órganos de control contramayoritario (como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas…), los medios de comunicación (despolitización de los públicos y reducción de la dependencia política de los privados vía autorizaciones y subvenciones), y la ampliación de los órganos de control ciudadano para aumentar la responsabilidad de los propios ciudadanos en la persecución de la corrupción.

Por otro lado, el segundo elemento de la estrategia consiste en reducir las oportunidades para la corrupción. Las instituciones públicas se ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares con grave quebranto del interés general: se contratan trabajadores públicos despreciando los principios del mérito y la capacidad y sometiéndolos, por encima de sus deberes profesionales, a la ciega lealtad hacia quien los ha colocado; se otorgan contratos públicos no a quien haya presentado la mejor oferta para los intereses de la Administración, sino a quien se comprometa a vehicular parte de los recursos públicos obtenidos para otros fines (financiación del partido de gobierno, etc.), aunque para ello haya que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del contrato que acaban disparando el precio final que se paga por ellos; se otorgan subvenciones o licencias no para quien acredita merecerlas con justicia, sino en función de los intereses cortoplacistas y clientelares de la autoridad otorgante; etc. Se trata de poner fin a la colonización política de las administraciones públicas a la que no hace mucho se refería brillantemente Víctor Lapuente en el blog Piedras de Papel.

En definitiva, la clave de las reformas anticorrupción pasa por imposibilitar que quienes dirigen una administración pública puedan hacer un uso patrimonial de la misma para construir o alimentar redes clientelares de apoyo social o financiero. Se trata de que quienes se encuentran en esa posición no tengan la posibilidad de caer en esa tentación tan poderosa. Al igual que hizo Ulises para evitar que el cántico de las sirenas arrastrara su nave contra los acantilados, las buenas reformas anticorrupción deben llevar a las autoridades políticas a atarse al mástil que les impida el uso clientelar de los recursos públicos.

En sentido contrario, si las medidas anticorrupción no garantizan verdaderamente la estrategia de Ulises, el riesgo que corremos es caer en una política lampedusiana de apuesta fingida por la reforma que tendrá consecuencias graves. Si se trata de reducir la desconfianza ciudadana en la política y los políticos aparentando unos cambios para que en el fondo “todo siga igual”, el peligro es que acabemos una vez más a la italiana, es decir, con un efecto bumerán que acabará disparando aún más la desconfianza. A juzgar por el contenido de muchas de estas reformas en marcha o anunciadas, me temo que estamos más cerca de este segundo escenario que del primero.

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