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¿De verdad el problema es la selección de los políticos y el control de la administración?

Eduard Jiménez

Se dice que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Pero cuando la excepcionalidad deviene normalidad es menester hilar fino sobre las características estructurales de los fenómenos, a riesgo de acabar primando medias excepcionales sobre aspectos de fondo y ocasionar más efectos perversos que soluciones inteligentes. Con el episodio reciente de corrupción generalizada ocurre, a mi entender, esto. Se necesita acciones ejemplares y urgen decisiones de fondo, pero me parece que hay que huir de acciones de urgencia.

Desde inicio de los años noventa del siglo pasado, cuando se hacen más notorios y comunes episodios de corrupción y disfunciones graves en el sistema político de los países avanzados –subrayo, se hacen más notorios, pero es discutible que sean más reales e importantes que con anterioridad- la reacción generalizada es el aumento de los sistemas de control. Cuando esta estrategia no da los resultados esperados, se redirige el foco hacia el sistema de representación, cuyos fallos constituirían el supuesto origen del no funcionamiento de los anteriores. Tiene su lógica, pero es una visión sesgada y parcial del problema, que a menudo confunde problemas, causas y consecuencias. En la corrupción política se yuxtaponen dos problemas, uno es general y común a la persecución del delito en nuestra sociedad, otro que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas de representación y control democrático. Propongo que se analice el conjunto de estos últimos, siquiera alejándonos un poco de los casos concretos que vivimos estos días, para dar luz a los verdaderos problemas.

Analicemos primero el sistema de representación. En una democracia representativa, el sistema es básicamente un flujo continuo por el cual:

a) Ciudadanos comunes, mediante partidos políticos i/o otros sistemas, se postulan para acceder a cargos de representación y, eventualmente, gobierno.

b) Mediante un procedimiento electoral se selecciona a un grupo de ellos que durante un período de mandato, que puede ser sucesivo i indefinido, actúan en las instituciones públicas y, eventualmente, la dirección de la administración.

c) Los elegidos vuelven a su condición de ciudadanos comunes bien por deseo propio o por no merecer mandato en b). Se vuelve así a la situación de partida.

Pues bien, de este flujo lo que de verdad no funciona de ninguna manera es la última parte. En todos o la mayoría de los países se acumulan durante decenios electos y cargos públicos que perennizan el sistema, generando un particular colapso y restricción real del sistema de representación. Vemos como hay ministros y consejeros que lo pueden ser de casi cualquier cosa y alcaldes que sirven para la crisis y para el éxito; de manera que la representación y el gobierno devienen una de las pocas actividades humanas para las que se puede estar preparado (la ‘vocación’ de servicio público, dicen) en todo momento y lugar. La versión más corrosiva de esta dinámica truncada es cuando la ‘salida’ del flujo se produce no a la ciudadanía común (privada, naturalmente) sino a eso que se ha venido en llamar puerta giratoria, que poco más o menos es una forma de pretender continuar en el sistema de representación e impedir el flujo. La saturación y competencia en el núcleo del sistema es entonces cruel y despiadada, de manera que hay muchos incentivos para distorsionar y desequilibrar la parte inicial del flujo, en particular el núcleo real de la misma que son los partidos políticos.

¿Quieren ustedes buenos representantes y gobernantes? El principal camino es hacer que sea fácil y natural dejar de serlo.

Veamos ahora el sistema de control. En nuestras democracias el control se focaliza en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de procedimientos. Los actuales sistemas de control al respecto llegan a constituir casi una fuente de empleo, donde a la burocracia administrativista le hemos añadido la mucho más resultona del management. En relación al control, se trata de que quede claro que no han metido la mano en la caja y que cumplieron con el proceder aceptable. Ya se sabe, sobre todo en los países del sur, el dinero es sucio, lo más sucio que hay, como mínimo más que el abuso de poder, la conculcación de derechos, la quiebra de la convivencia o la mentira. De manera que los políticos hablan y discuten del interés general y el bien del pueblo, ciudad, nación o estado y se mantienen alejados de hablarnos del outcome, del resultado efectivo de sus decisiones en relación al alcance posible (y alternativo) de las mismas, mientras las normas se hayan cumplido.

Sucede que las estrategias de elusión del control político y de gestión pública casi siempre van por delante del propio sistema de control, de manera que la dinámica de control deviene un bucle que se retroalimenta y complica, generando más instancias, procedimientos y recursos; con el resultado común de alejar cada vez más el sistema de representación y gobierno de los citados ciudadanos comunes con vocación política y la ciudadanía en general. Se refuerza así una supuesta necesidad de conocimiento y dedicación que justificaría la falta de renovación y enquistamiento anteriormente descrito. Vaya, que como en todo para hacer negocio hay que ‘estar’ en el negocio.

¿Quieren ustedes buenos representantes y gobernantes? El camino alternativo es establecer controles efectivos no solamente para la parte del flujo donde se ostenta la representación y el gobierno, sino también y principalmente para:

  1. Garantizar efectivamente que los ciudadanos comunes pueden acceder a la representación y, cuando menos, al ejercicio de derechos completos en los partidos políticos.
  2. Acelerar o provocar la salida de representantes y gobernantes -fuera del ciclo de elección- cuando se evidencie (¿no estamos ya en el caso?) que sus comportamientos y resultados no obedecen al mandato y, por último,
  3. Establecer un nivel de transparencia no enojosa (léase, que desincentive la participación política) para las relaciones con la administración de aquellos ciudadanos comunes que fueron en su día parte del sistema.

Estos caminos implican definir estrategias y innovaciones de las cuales está necesitada la democracia representativa, y no solamente la de nuestro país, como base para una mejora radical del estado actual del sistema de representación y control. Su nivel de calidad tiene que ser asimilable a la de la salud en el cuerpo humano: detecta y combate autónomamente la enfermedad. Y en esto estriba la valoración más negativa del momento presente: lo grave de verdad no son los episodios de corrupción, sino que el propio sistema haya estado sin anticuerpos, no haya reaccionado para eliminarlos e, incluso, muy mayoritariamente haya reaccionado negándolos o quitándoles importancia, hasta dar cuerpo a la sensación presente que es un sistema corrupto en su conjunto.

Y si se mejora el sistema electoral y se agiliza la justicia contenciosa, mercantil y penal (para hacer frente a esa componente común que tiene la corrupción política con la delincuencia), pues mucho mejor, la verdad.

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