Cómo financiar la transición energética

Aunque el Gobierno del Reino de España parece que se mantiene en las antípodas, poca gente se atreve hoy a negar la necesidad de abandonar la era de los combustibles fósiles y transitar hacia un modelo energético sostenible basado en capturar energía de los flujos biosféricos que nos ofrece la naturaleza. No se trata de una mera especulación: el COP 21 de París 2015, que ha sido ratificado por más de la mitad de los Estados signatarios, lo confirma y lo oficializa.

Cada vez es más evidente y también cada vez más aceptado que, gracias a los avances tecnológicos acumulados a lo largo de los siglos por la humanidad, hoy el mundo entero podría funcionar con energía de fuentes 100% renovables. Ello sin renunciar al confort energético (lo cual no significa que se deba continuar con el brutal derroche actual).

Una tercera constatación es la de que generar electricidad de fuentes renovables ya está saliendo más barato que usar los viejos artilugios de quemar combustibles o fisionar uranio. En el último año hemos visto proliferar campos eólicos y fotovoltaicos que entran en el mercado sin necesidad de subvenciones. Ello ha sucedido en California, Alemania, Chile y hasta en España, donde los vientos gubernamentales soplan en contra de la energía limpia. Baste con ver la planta fotovoltaica de la cooperativa Som Energia en Alcolea del Río (Sevilla) o la última subasta eólica a subvención cero.

Las renovables son competitivas y no generan externalidades negativas (contaminación, deuda externa, especulación, guerras...). Resulta evidente que la transición energética empieza a caminar sola. Pero, al igual que las criaturas que empiezan a andar, necesita un tacatá. Hay que ayudarla.

Las ayudas que necesita la transición energética son de varios tipos. En primer lugar, hay que eliminar las barreras que algunos le ponen; si a la criatura la dejamos siempre dentro del corralito, poco avanzará. En segundo lugar, hay que desbrozarle el camino, es decir, hay que darle facilidades regulatorias y financieras. En tercer lugar, merece y todavía necesita subvenciones, apoyos en positivo especialmente en el campo de la investigación y, en concreto, en el campo del almacenaje.

En este contexto, dado el coste marginal casi cero de las renovables, quizá el primer problema de fondo de la transición energética es su financiación. Y este problema se agudiza cuando nos centramos en el sector de la autogeneración, o captación a Km 0.

Generación de proximidad

Entendemos por generación o captación a Km 0 la que se hace en las cubiertas de viviendas, industrias, polideportivos, hipermercados, pérgolas de aparcamientos... y también en multitud de espacios residuales de sistemas viarios, taludes, arcenes, medianas de las autopistas o coberturas de láminas de agua de pantanos, entre otros. Se trata de captaciones de relativa poca potencia y mucha proximidad que no ocupan terrenos susceptibles de otros usos. Los expertos estiman que en un modelo del 100% renovable esta captación a Km 0 (solar térmica, fotovoltaica, minieólica, geotérmica, etc.) puede alcanzar entre un 20% y un 25% del total de energía útil necesaria. El resto, con inversiones y proyectos de mayor magnitud, podemos denominarlo captación a Km 100, pues tampoco debe estar muy alejada.

La captación a Km 0 en áreas residenciales y polígonos industriales es, pues, una parte significativa de la torta energética global que es necesario estimular y que deberá ser financiada adecuadamente. Tiene la ventaja de minimizar las pérdidas de transporte y, por tanto, abaratar los costes generales del sistema, pero además empodera a los autogeneradores (familias y empresas) mejorando su responsabilidad cívico-energética. Las experiencias alemanas y danesas demuestran que donde se expande la autogeneración y la gestión local de la energía, se acaba con el derroche y se gana en eficiencia (por cierto, aunque lo disimulen, la eficiencia es la bestia negra del oligopolio, ya que comporta menos facturación).

Convencidos de que la generación distribuida a Km 0 es deseable desde todos los puntos de vista, hay que cuidarse de los falsos profetas que la idealizan. Vemos con demasiada frecuencia, incluso firmados por economistas, discursos de ciencia ficción que dicen literalmente así: “… las energías renovables no pueden ser consideradas mercancías —lo que impide la formación de precio— ni ser llevadas al mercado para venderlas y comprarlas”. O también calificándolas de “fuentes energéticas sin coste para el consumidor, es decir, con valor de uso pero sin valor de cambio”.

Da la impresión de que se confunde el coste marginal cero con un soñado coste cero, ¡todo gratis! El peligroso discurso de la “desmercantilización” deambula por determinados círculos que se consideran progresistas, y ello puede derivar no sólo en una decepción, sino incluso en una enorme frustración que genere desconfianza y rechazo a cualquier propuesta de transición. Es lo que más desea el oligopolio.

Sucede que las empresas y la ciudadanía estamos acostumbrados a pagar cada mes la factura de la luz, el gas y la gasolina como si de un alquiler se tratara. Sin embargo, en las renovables es necesario tener una mentalidad de inversor que bien podría calificarse de “actitud de propietario responsable”. Es decir, se trata de destinar dinero (ahorrado o acumulado por alguien) para invertirlo en captadores de los flujos biosféricos que nos regalaran, entonces sí, energía por muchos años. Olvidarse de la inversión en el discurso propagandístico es insensatez o dolo. Los costes de inversión han de ser presentados de forma transparente a la ciudadanía repleta de potenciales autogeneradores de Km 0.

Más allá de la autogeneración residencial, el mayor potencial de captación a Km 0 corresponde a los polígonos industriales. En pocos años, el polígono que no disponga de una empresa agregadora que gestione la simbiosis industrial (energía más recursos en economía circular) será como si tal polígono no dispusiera de alcantarillas o de alumbrado. Una pyme que se dedica a imprimir y encuadernar libros no tiene por qué ser experta en gestión energética y menos saber que si se asociara con tres empresas vecinas podrían tener un sistema de cogeneración que rebajaría su factura eléctrica y sus costes de climatización a menos de la mitad. Es urgente tumbar el Real Decreto que impide o dificulta mucho la creación de este tipo de agregadoras/gestoras de energía. Son el único camino hacia la verdadera eficiencia energética de la que tanto se habla y tan poco se hace.

Las empresas y/o residentes de forma individual o, todavía mejor, las empresas locales agregadoras que se dediquen a colocar placas fotovoltaicas y equipos de cogeneración, necesitan una financiación adecuada para tales inversiones. La pregunta es, ¿está la banca española dispuesta a este tipo de financiación?

Sesgo político

Quien más quien menos recuerda la extinción de la banca pública existente en España iniciada por el PSOE con la fe del converso a mediados de los años noventa y culminada en 1999 con la compra de Argentaria por el BBV, que pasó a ser BBVA. Por ser más reciente no hace falta recordar la penosa historia de cómo prácticamente se ha conseguido extinguir la banca de proximidad que representaban las cajas de ahorro (no deja de ser llamativo que sus más notorios protagonistas hayan sido dos exvicepresidentes, Rodrigo Rato y Narcís Serra).

Sin prácticamente banca pública (sólo quedan instituciones de segundo piso, el Instituto de Crédito Oficial [ICO], el Instituto Catalán de Finanzas [ICF] y pocos más) y quizá aún más grave, sin banca de proximidad para las pymes, el panorama financiero se reduce a los grandes bancos, que están mucho más dispuestos a mantener los negocios del oligopolio energético (petróleo, gas y electricidad) que atender a la autogeneración de Km 0 o a las potenciales empresas agregadoras y gestoras de energía que pudieran abrirse paso localmente.

Más allá del sesgo político de la banca aparece otro problema que es rabiosamente sencillo: para la banca, dar 20 créditos de 10.000 euros cuesta 20 veces más que dar un crédito de 200.000 euros. Aún peor, dar un crédito de 30.000 euros para una instalación de cogeneración o de captación fotovoltaica resulta, en términos de evaluación y gestión bancaria, mucho más costoso que dar una hipoteca para un piso de 100.000 euros.

El amor al ladrillo de nuestros bancos también deriva de que estudiar proyectos industriales les resulta muy cansado. Son vergonzosamente perezosos. Evaluar una hipoteca lo hace un becario espabilado, mientras que evaluar un crédito de renovables necesita un poco más de profesionalidad.

Cierto que no todo se acaba en la gran banca, además de la banca ética están apareciendo también empresas de crowdlending (como el micromecenazgo, pero no como donación, sino como préstamo con intereses) especializadas en energías renovables (por ejemplo, ECrowd!), que analizan con soltura en este tipo de proyectos y hacen una magnífica labor con rentabilidades aceptables. Pero desengañémonos, su campo de acción es limitado. En nuestra opinión, la verdadera solución está en la banca pública.

Ya en el número 2 de Alternativas Económicas (abril de 2013), su director, Andreu Missé, escribía: “Es necesaria una clara separación entre las actividades financieras útiles para la inversión y el empleo, que deberían contar con protección pública, de las actividades financieras útiles para la inversión y el empleo, que deberían contar con protección pública, de las actividades especulativas”. Muchos otros han reivindicado desde esta revista una banca pública especializada en la financiación de sectores estratégicos considerados de interés público, cosa que debería ser tan normal como lo es en nuestros países vecinos.

Alemania, con más de diez años de gobierno de Angela Merkel (que no tiene nada de izquierdas), ha mantenido y potenciado siempre un banco público, el KfW, dedicado específicamente al apoyo de las pymes y con especial énfasis en el tema de la generación y distribución de energías renovables (Energiewende). El caso de Francia resulta todavía más interesante pues, como España, había privatizado todo su sistema financiero; sin embargo, en 2005 bajo el Gobierno de Jacques Chirac, de nuevo nada de izquierdas, recreó bajo el curioso nombre de OSEO un sistema público de financiación y apoyo a las pymes. En 2013 le fue devuelto el título oficial de banco: Banque Publique d’Investissement o Bpifrance. Así que nadie se rasgue las vestiduras por reclamar una banca pública.

De todas formas, hay que reconocer que en un Reino de España gobernado por el PP y apoyado por el PSOE hablar de banca pública es como mentar la cuerda en casa del ahorcado. En Catalunya todavía nos queda la esperanza de construir una república que con una bien regulada banca pública de proximidad atienda con seriedad la sostenibilidad y el empleo digno que las renovables nos pueden aportar.

Josep Centelles es autor de Cap al 100% Renovable; reflexions sobre la transició energètica a Catalunya i la seva governança (Octaedro, 2015).

[Este artículo ha sido publicado en el número de marzo de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]