La inminente celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi entre el 7 y 23 de febrero próximos sitúa a Rusia en el punto de mira de la atención internacional. Amnistía Internacional lanzó una campaña en octubre pasado, coincidiendo con el inicio del recorrido de la llama olímpica, y que ha encontrado en el 30 de enero uno de sus puntos álgidos con un acto público en Moscú y otras muchas ciudades. Activistas de las organización han entregado a las autoridades rusas más de 330.000 firmas en 112 ciudades del mundo, incluidas 44.000 firmas recogidas en España y depositadas en la Embajada rusa de Madrid.
Estos actos son la respuesta ante las políticas contrarias a los derechos humanos impulsadas por Putin quien, desde que ganara las elecciones de forma presuntamente fraudulenta en 2011, no ha parado de promover leyes que cercenan la libertad de expresión, los derechos humanos y la disidencia, a la vez que fomentan la discriminación y la xenofobia en el país.
Estas nuevas leyes se traducen en la denegación arbitraria de permisos para celebrar manifestaciones y, en los casos en que éstas se llevan a cabo, la frecuente represión desproporcionada por parte de la policía. Tal es el caso de la protesta en la Plaza Bolotnaya de Moscú el 6 de mayo de 2012, que acabó con varios detenidos que siguen todavía en prisión y cuyos derechos están siendo gravemente vulnerados, tanto en lo referente a su reclusión como a las garantías procesales.
Además, las cuestiones religiosas y sexuales parecen ser objeto de especial interés para Putin, hasta el punto de que cualquier comportamiento inusual en este sentido puede ser tipificado como delito. En julio de 2013 se promulgó una ley contra acciones consideradas blasfemia o insulto a sentimientos religiosos. La ley es una respuesta directa a la actuación de protesta del grupo Pussy Riot en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, cuyas integrantes fueron condenadas a dos años de cárcel por “vandalismo motivado por odio religioso”. También la libertad artística se ha visto afectada y, en relación con este caso, se ha prohibido la película Pussy Riot: A Punk Prayer, así como la difusión de un dibujo de Artiom Loskutov alusivo al grupo.
Igualmente, en junio de 2013, una nueva ley prohibía lo que se denomina de forma amplia nada más y nada menos que “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores”. Las actitudes homófobas alentadas por esta ley no se han hecho esperar y, aparte de las consiguientes multas, entre otros incidentes, en noviembre pasado, un grupo parapolicial atacó la oficina de LaSky (ONG de apoyo a LGBTI, hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales enfermos de sida), con resultado de dos personas heridas, una de las cuales perdió la visión de un ojo. A pesar de la gravedad del ataque, la investigación abierta por la fiscalía sólo incluye cargos por “vandalismo”.
La actividad de las organizaciones no gubernamentales resulta incómoda para el régimen. Una ley más, la ley de agentes extranjeros, dificulta, inspecciona, multa y limita su actuación. Toda ONG que reciba fondos del exterior y que realice actividades calificadas de forma amplia y ambigua como “políticas” está bajo sospecha.
En este contexto de represión en Rusia, la reciente amnistía con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución, por la que fueron liberadas, entre otros, las dos integrantes de Pussy Riot, mientras deja encarceladas a otras personas cuyo único delito ha sido expresar sus opiniones o manifestarse pacíficamente, no oculta un mero deseo de lavado de imagen y pone de manifiesto la politización de la justicia.
Así las cosas, la fiesta de los Juegos de Invierno #Sochi2014 no conseguirá esconder el retroceso en derechos humanos que sufre la ciudadanía en la Federación Rusa, un lugar donde expresar tu opinión, manifestarte por defender tus ideas o asociarte para defenderlas puede costarte muy caro. Y es que la protección de los derechos humanos se encuentra bajo cero en la Federación Rusa.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
