Sobre este blog

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

Refugiados saharauis en una manifestación en febrero de 2021

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Actualmente una gran parte de ese territorio está bajo el control de Marruecos. Su potencia administradora (o colonial) hasta noviembre de 1975 fue España, que ‘cedió’ en esa fecha el territorio a Marruecos y a Mauritania, en un extraño acuerdo. Posteriormente Mauritania se retiró, ampliando Marruecos su zona ocupada, por lo que su gobierno considera que el Sáhara Occidental está bajo su soberanía.

¿Quién controla qué?

El acuerdo firmado para la cesión del Sáhara Occidental no ha sido aceptado por la comunidad internacional, por no ser legal desde esa perspectiva. La administración del Sáhara Occidental no se puede pasar de un país a otro. No es una finca. En varias resoluciones de las Naciones Unidas, como la 1514 (XV), de 1960; la 1541 (XV), de 1960; o la 2625 (XXV), de 1970; se señala que el futuro de los territorios no autónomos sólo se puede decidir por un proceso de libre determinación entre sus habitantes, que incluya, entre las opciones a votar, la de la independencia.

De hecho, Marruecos ni siquiera controla todo el territorio. Su franja oriental está en manos del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario), movimiento independentista saharaui que, desde su creación en 1973, lucha por su independencia y, en todo caso, por el proceso de autodeterminación.

Pese a no ser legal el acuerdo tripartito sobre el Sáhara Occidental, el 26 de febrero de 1976 el gobierno de España comunicó a la ONU que finalizaba su presencia allí y que se consideraba sin responsabilidad alguna sobre lo que allí sucediera. Y así se ha comportado habitualmente.

Una larga guerra y un más largo plan de paz, ya roto

Tras el abandono de España, se inició un largo conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario. Casi la mitad de la población del Sáhara occidental se refugió en Tinduf, en Argelia, huyendo de los bombardeos y represión marroquí. En los campamentos allí ubicados, donde ahora viven unas 180.000 personas, el Frente Polisario estableció el gobierno autoproclamado de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que es reconocido por más de ochenta países.

En 1988 se acordó entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario el llamado Plan de Arreglo, aprobado por la ONU en 1991. En él se acordaba la celebración de un referéndum en el cual se pediría a la población saharaui elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. Y para poder llevar a cabo dicho acuerdo se establecía la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), que debía supervisar el alto el fuego e implementar el referéndum, cuya celebración se fijó inicialmente en 1992, pero que se ha ido posponiendo por la negativa del gobierno de Marruecos a llevarlo a cabo.

Pero todo puede ir a peor. Casi treinta años después, a mediados de noviembre pasado, tras un intercambio de disparos en la zona fronteriza sur con Mauritania entre el ejército marroquí y tropas del Frente Polisario, los saharauis acusaron a Marruecos de haber roto el alto el fuego y haber provocado el reinicio del conflicto armado. Desde entonces se han sucedido los enfrentamientos, con pocos datos independientes sobre los mismos.

Una situación jurídica peculiar

En estos momentos, la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, continúa sin reconocer la anexión de facto marroquí. Una rara excepción notable y reciente son los Estados Unidos, cuyo anterior presidente Donald Trump varió su posición en diciembre de 2020, siendo el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya la opción de Marruecos. Pero eso quizás lo cambie el presidente actual Joseph Biden …

La situación en este momento es curiosa. Por un lado, el Sáhara Occidental sigue en el listado de territorios dependientes, pero no tiene, según la propia ONU, una potencia administradora. Marruecos no lo es, pese a su control de una amplia zona, y España, que lo fue hasta febrero de 1976, desde entonces señala que no tiene responsabilidad alguna. Para la ONU las partes relevantes ahora para un acuerdo allí sólo son Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania.

La posición internacional absolutamente mayoritaria, y que sigue la Unión Europea, Rusia y China, es la que se indica cada año en la resolución que amplía el mandato de la MINURSO. En ella se defiende un pacto entre las partes, una “solución política (…) que prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de arreglos compatibles con los principios y propósitos” de la ONU.

Esa es también la opción de los diferentes gobiernos que ha habido en España desde 1976, donde habita una amplia comunidad de origen saharaui, en muchos casos muy formada y activista, pero a la que no se le reconocen derechos como miembros de una antigua colonia, y es considerada como apátrida, moviéndose con pasaporte argelino, pese a haber tenido sus padres o abuelos DNI español.

Sin observadores internacionales

La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental es muy mala desde hace muchos años, pero se han deteriorado más desde la rotura del alto el fuego. Las autoridades de Marruecos impiden sistemáticamente las concentraciones por la autodeterminación y obstaculizan el trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos, hostigando y maltratando con dureza continuamente a sus miembros y a periodistas, tanto en las calles, como en las comisarías o en sus propias casas, donde a veces retienen a la gente sin mandato judicial. Incluso hay acusaciones de violación de activistas como Sultana Khaya y su hermana por la policía marroquí. Las investigaciones sobre las denuncias de torturas nunca se investigan de forma correcta.

Y no es fácil seguir lo que sucede. No hay observadores externos independientes. Marruecos no autoriza la entrada allí a periodistas, abogados, activistas o políticos del extranjero. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, se niega a incorporar la vigilancia de la situación de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, lo que impide documentar los abusos, como sí hacen otras misiones de la ONU.

Y la observación internacional es indispensable. No se ha garantizado jamás una rendición de cuentas adecuada de los responsables de haber cometido violaciones de derechos humanos en la zona. Ni por Marruecos en su parte, ni por el Frente Polisario de los ocurridos en los campamentos de refugiados de Argelia.

Mientras miramos como Marruecos utiliza como peones en un juego político a las personas migrantes, incluidas a las y los menores, dejándoles cruzar la frontera en Ceuta como forma de presión sobre España; mientras España reacciona devolviendo, sin ningún tipo de garantías, incluso a niños y niñas, nadie parece mirar lo que sucede unos 1.500 kilómetros más abajo.

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Publicado el
8 de junio de 2021 - 10:46 h

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