La vigilancia masiva es ilegal según las leyes internacionales, y denunciarla es una obligación para quienes defienden los derechos humanos. Esta es la piedra angular de la campaña 'Indultar a Snowden', dirigida al presidente de Estados Unidos Barack Obama y lanzada hace un mes por una amplia coalición de organizaciones y particulares que incluye a Amnistía Internacional, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch.
Quedan menos de 100 días para que Obama, antes de concluir su mandato, pueda indultar al excontratista de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA en inglés), que filtró a la prensa miles de documentos que demostraban esa vigilancia global en nombre de la seguridad y sin control judicial. Y aunque el apoyo a la campaña está siendo masivo dentro y fuera de Estados Unidos, no han faltado voces –incluida la de un periódico beneficiario de la filtración como “The Washington Post”-- que discuten la conveniencia del perdón presidencial.
El periódico, que ganó un premio Pulitzer junto al británico “The Guardian” gracias a esos documentos clasificados, solo justifica que Snowden filtrara la recogida masiva por la NSA, sin autorización judicial, de información de teléfonos en Estados Unidos. Pero en el mismo editorial pide su enjuiciamiento por robar y filtrar información sobre el programa PRISM de vigilancia de Internet en el extranjero, que a juicio del “Post'' es legal y no amenaza la privacidad. Y más aún, añade, por filtrar información sobre operaciones de inteligencia internacionales ”básicamente defensivas“ relacionadas con Rusia, China y Bin Laden que podrían causar ”un tremendo daño a la seguridad nacional“.
Derecho sin fronteras
Las preocupaciones del “Washington Post” por la vigilancia indiscriminada se quedan dentro de las fronteras y la ciudadanía estadounidense. Pero, como subraya Joshua Franco, investigador sobre tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional, sus “argumentos están basados en unas pocas premisas erróneas”. Empezando por la falsa premisa de que las personas no estadounidenses no tienen derecho a la privacidad. Este no solo está recogido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que “en ninguna parte” de los tratados internacionales que vinculan a Estados Unidos hay una “cláusula de escape” que limite las obligaciones de derechos humanos de un país a sus fronteras físicas. Como han recalcado varios representantes de Naciones Unidas, los Estados deben respetar los derechos humanos en todas sus operaciones de vigilancia, tanto internas como en el exterior.
Joshua Franco, buen conocedor de la vigilancia masiva por su trabajo en la campaña de Amnistía #DejenDeSeguirme, desmiente además la creencia del “Post” de que la vigilancia en otros países no afecta a los estadounidenses. “Dada la naturaleza global e interconectada de Internet, en muchos casos no hay forma de separar el espionaje interno y exterior”, aclara. Al entrar en una web o almacenar información en la “nube”, esos servicios pueden estar en otros países, y el usuario estadounidense puede estar sometido a la vigilancia de esas comunicaciones 'externas' sin abandonar el sofá de su hogar. “En este mundo interconectado, no es posible hacer vigilancia masiva de modo que no afecte a los estadounidenses”, apostilla.
El periódico apela a “la mejor tradición de la desobediencia civil”, que asume el riesgo de “ir a la cárcel por sus creencias”, para sostener que Snowden debería regresar a Estados Unidos para responder ante la justicia. Pero es otra premisa errónea, advierte Joshua Franco, porque deja en segundo plano una cuestión fundamental: la Ley de Espionaje estadounidense no contempla como motivo de defensa el servicio al interés público, como sería la revelación de abusos de derechos humanos. Y aunque el “Post” reconoce esa deficiencia legal, la justifica porque “no está claro cómo la ley podría permitir eso sin crear un enorme 'agujero legal' para filtradores”.
Bastaría un poco de “curiosidad por el mundo legal más allá de las fronteras de Estados Unidos” para saber que podría permitirlo, recuerda Joshua Franco, como hacen otros países –y apoya la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa-- que admiten ese argumento de defensa y que protegen a quienes filtran información sobre abusos de derechos humanos. En cambio, Snowden se enfrentaría a décadas de cárcel por acusaciones que lo asimilan a un espía que hubiera vendido secretos a países enemigos. “Los cargos contra él se basan en leyes totalmente anacrónicas” --remiten a la época de la I Guerra Mundial-- “y nunca deberían haberse presentado”, remacha el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
Asilo en Rusia
El “Washington Post” completa su argumentación contra el indulto al señalar que Snowden daña su credibilidad como adalid de la libertad al aceptar asilo en la Rusia de Vladimir Putin, “que no es conocido por indultar a quienes le denuncian”. En realidad, como ha precisado Trevor Timm, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FPF en inglés), Snowden quedó “atrapado” allí porque el Gobierno estadounidense canceló su pasaporte cuando se encontraba en tránsito hacia América Latina. Y no hay duda de su posición crítica ante la política rusa de derechos y libertades civiles: sus denuncias han sido tan severas, que hasta el exembajador estadounidense en Moscú Michael McFaul tuiteó que Snowden había criticado el retroceso de derechos humanos en Rusia con más firmeza que él mismo.
Otra cuestión clave subrayada por Trevor Timm es que Snowden no publicó ni un solo documento por sí mismo. En vez de volcarlos masivamente en Internet, los filtró a varios reporteros especializados en temas de seguridad, y confió en su criterio periodístico sobre lo que era de interés público. De hecho, los reporteros permitieron –y atendieron en algún caso-- que el Gobierno planteara objeciones relacionadas con la seguridad nacional. En definitiva, fue el propio “Washington Post” quien decidió libremente publicar algunas de las informaciones cuya filtración reprocha ahora a Snowden para oponerse a su indulto por Obama.
Amnistía Internacional considera, en cambio, que el Gobierno estadounidense debería retirar los cargos contra Snowden o, si su caso fuera a juicio, permitirle alegar en su defensa el interés público de su filtración de documentos. “No cabe duda de que Edward Snowden actuó en aras del interés público” y fue el “origen de un movimiento global en defensa del derecho a la intimidad en la era digital”, destaca el secretario general de AI Salil Shetty.
De hecho, las revelaciones de Snowden –reforzadas por un fallo judicial que declaró ilegal la información sobre teléfonos domésticos recogida por la NSA-- llevaron a Obama y al Congreso a aprobar medidas y leyes para controlar y restringir las prácticas de vigilancia. Era la primera vez en casi 40 años. Y también las grandes empresas de tecnología, que llegaron a ser obligadas por la NSA a entregar información de sus clientes, han tenido que esforzarse más por proteger la privacidad de sus usuarios.
“Sería una gran mancha en el legado del presidente Obama” no reconocer el servicio público prestado por Snowden y negarle el indulto, concluye Salil Shetty.
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