Los administradores de TISA alegan en el juicio que no conocían a la entonces alcaldesa de Jerez

Los tres administradores de la empresa de Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA), que presuntamente se benefició del proceso para la concesión de una subvención de 244.000 euros para comprar suelo e instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez de la Frontera (Cádiz), han declarado ante el juez que no conocían a la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, también imputada, y que sólo la vieron el día que firmaron el contrato de la escritura de compraventa de los terrenos en 2008.

En la primera sesión del juicio por el 'caso PTA', que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz contra Pilar Sánchez y otros seis imputados, la Fiscalía ha llamado a declarar a los tres gerentes de la sociedad, para quienes solicita cuatro años y medio de prisión. Estos han defendido la legalidad del proceso al que optaron para conseguir una subvención.

Así, han explicado que, aunque inicialmente su proyecto de fabricación de generadores de oxígeno se planteó para Húevar de Aljarafe (Sevilla), finalmente decidieron trasladarlo a Jerez por “cuestiones económicas”, si bien la inversión prevista --que ascendía a 7,5 millones de euros-- solo varió en 100 euros.

En este sentido, los gerentes han asegurado que dieron todos los pasos “aconsejados por sus asesores” y no han sabido precisar al fiscal por qué hubo dos solicitudes de incorporación al PTA emitidas en 2006.

En la primera de estas solicitudes, sin sello de entrada y dirigida directamente a la entonces alcaldesa, el proyecto tendría un enfoque sanitario. En la segunda sí se habría justificado que la futura planta tendría un uso agroindustrial amparándose en un estudio de mercado.

Asimismo, los administradores no han explicado a preguntas del Ministerio Público por qué el mismo día en el que hubo una resolución de Presidencia para sustituir el aval bancario por un convenio privado firmaron también este último acuerdo, o por qué esperaron hasta 2010 para modificar el objeto social del proyecto.

Sí han explicado que solicitaron la rescisión del contrato el 12 de mayo de 2011 --diez días antes de las elecciones municipales en las que Sánchez perdió la Alcaldía-- por la crisis económica, al quedarse “sin vías de financiación”, y antes de enterarse de la apertura del proceso judicial, sin que en ningún momento hayan recibido respuesta a dicha solicitud, según han asegurado.

Los responsables de TISA han defendido que su proyecto estaba “muy bien armado”, puesto que tenía a sus espaldas dos años de trabajo previo y “miras agroindustriales” después de comprobar que no podían vender oxígeno a los hospitales por estar prohibido, pese a que inicialmente el 91 por ciento del proyecto estaba destinado al ámbito sanitario, como ha resaltado el fiscal.

“NO HAY CONDUCTAS DELICTIVAS”

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, el abogado que ejerce la defensa de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, ha descartado que en los expedientes administrativos de la concesión de estas ayudas se aprecien “conductas delictivas”, lo que confía en que podrá demostrarse a lo largo del juicio.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide para la exalcaldesa siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Según lo previsto, este miércoles declararán el resto de imputados, comenzando por el técnico municipal, siguiendo por los exdelegados municipales socialistas Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez y, por último, la exalcaldesa.

El juicio por el 'caso PTA' se prolongará hasta el día 30, previéndose la declaración de una treintena de testigos a lo largo del procedimiento.