La jueza Núñez eleva de 15 a 27 los imputados en la pieza de sobrecomisiones del caso ERE

La juez María Núñez Bolaños ha ampliado de 15 a 27 la lista de investigados -antes imputados- en la pieza de los ERE relativa a las sobrecomisiones pagadas en pólizas por prejubilaciones, que según la Dirección General de Seguros fueron de 66 millones de euros.

En un auto notificado hoy por el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la juez también encarga un nuevo peritaje sobre el perjuicio causado a la Junta de Andalucía con las “primas infladas” en las pólizas suscritas.

Entre los doce nuevos imputados se incluyen los sindicalistas Salvador Mera, ex secretario general de UGT en Cádiz; José Luis Montesionos, ex secretario general de la Federación de Industria, Textil, Química y Afines (FITEQA) de CCOO; y Manuel Roberto Carmona, que fue secretario de la federación siderometalúrgica de CCOO en Andalucía entre 1991 y 2009.

Otros nuevos imputados son Francisco Trujillo, que fue el chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -ya imputado-, y el exdiputado vasco socialista Antonio Aso Martínez, beneficiario de la póliza en una empresa de corcho.

Además, la juez imputa a Antonio Diéguez Viera, empresario perceptor de una ayuda en Cazalla de la Sierra (Sevilla), y a Agustín Guzmán Carranza, “intruso” en ayudas para la empresa sevillana Industrias del Guadalquivir (Invirsal) y vecino de Camas (Sevilla).

La juez deja fuera a la mujer del “conseguidor” Juan Lanzas, Patrocinio Sierra, que presuntamente no participó en un delito por este caso pero se enriqueció ilícitamente con los beneficios obtenidos por su marido.

Por ello, la juez no la incluye en esta pieza y la investigara por su presunta ilícita inclusión en el ERE de Hitemasa para pagar comisiones a su marido.

En esta pieza ya estaban imputados Guerrero, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y Juan Lanzas junto a varios testaferros suyos y los responsables de las empresas mediadoras de las pólizas, Vitalia y Uniter.

La juez explica que, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, limita los hechos investigados a la cuantificación de las cantidades abonadas por la Junta en concepto de prima que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas, así como su distribución presuntamente ilícita entre los que las fijaron y el destino final de los fondos como pago de presuntas ayudas públicas.

Los nuevos imputados han sido citados a declarar en el juzgado a partir del próximo 16 de mayo, y además de esas declaraciones, la juez llama a otros 27 testigos de la causa.