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El centro social okupado 'Andanza' cumple un año bajo la amenaza de desalojo

Javier Ramajo

 

Fue hace un año. Abría sus puertas en Sevilla el Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) 'Andanza'. Hasta 2007, el céntrico inmueble, en el número 40 de la calle San Luis, había acogido actividades culturales bajo la denominación de Sala Endanza. Pero llegó la crisis y el inmueble fue de mano en mano, entre inmobiliarias y entidades bancarias. Decenas de personas, desde hace un año, han recuperado y dado de nuevo vida al lugar abandonado con diferentes talleres, encuentros, ciclos, etc.

Pero la historia del edificio puede sufrir otro vuelco. Ahora, dos personas se enfrentan a las diligencias penales que un juzgado ha abierto por presunto delito de usurpación, ya que el 'banco malo (la Sociedad para la Reestructuración de la Deuda Bancaria) consta desde hace un año como propietario. Uno de los imputados ya ha declarado y otro lo hará el próximo martes. Ambos niegan las acusaciones ya que fueron mediadores el día que se hizo pública la ocupación, pero en el centro están preocupados porque temen que se dicte un auto de desalojo cautelar que acabe de un plumazo con todas las actividades.

La asamblea de 'Andanza' está iniciando una campaña “para frenar la actuación judicial a través del apoyo y la solidaridad de colectivos ciudadanos y movimientos sociales” y seguir adelante con las iniciativas políticas, sociales, artísticas y culturales que vienen llevando a cabo. Fuentes del CSOA recuerdan que el mismo día en que se hacía pública la ocupación, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar e identificaron a dos personas que se encontraban fuera del recinto, en la calle. “Parece del todo improbable que puedan ser condenadas por ningún delito. No obstante, lo que sí parece posible es que la actuación judicial pueda conllevar un desalojo del edificio”, lamentan.

El edificio era propiedad del Marqués de la Motilla y fue traspasado a Dexter&Celler, una inmobiliaria que pretendía construir pisos de lujo y aparcamientos subterráneos. Aquel proyecto urbanístico quebró y se hizo con la propiedad del lugar el Banco de Extremadura, que posteriormente hubo de ser rescatado con dinero público y pasó a manos de la Sareb, recuerdan desde el centro, “una mera herramienta del sistema político y financiero para hacer legal lo que es a todas luces un auténtico robo la ciudadanía”.

Así, los integrantes de la asamblea del CSOA Andanza muestran su rechazo ante la actuación judicial que se está desarrollando y que conlleva un inminente posicionamiento del juzgado instructor tras la declaración del segundo imputado. “El CSOA Andanza es un espacio vivo, abierto al vecindario, utilizado por los colectivos y movimientos sociales de la ciudad. La especulación urbanística, que condenó al abandono y al deterioro a este lugar durante siete años, no puede ser excusa para volver a privar al barrio de un espacio que genera empoderamiento popular y que pretende ser catalizador de diferentes iniciativas políticas, sociales, culturales y artísticas”, insisten.

Ante ello, durante las próximas semanas van a poner en marcha “una campaña de apoyo y solidaridad en la que queremos que participen las asociaciones de vecinos, los colectivos ciudadanos, las organizaciones políticas y los movimientos sociales que durante el último año han contribuido a dar vida al CSOA Andanza”. Entienden que “frente a la voraz especulación urbanística, que nos ha conducido a la actual crisis económica y social”, desde el centro social pretenden “permanecer en este espacio vivo” para “seguir construyendo barrio y ciudad.

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