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La Iniciativa Legislativa Popular de los funcionarios interinos de la Junta de Andalucía llega al Parlamento

La moción persigue aprobar por Ley una Oferta Pública de Empleo por concurso de méritos que afectaría a casi 30.000 personas

Funcionarios interinos andaluces presentan 51.000 firmas para estabilizar sus puestos de trabajo

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se apruebe por ley una oferta pública de empleo (OPE) por concurso de méritos para estabilizar a casi 30.000 funcionarios interinos en fraude de ley se debatirá en el Parlamento el próximo miércoles, cuando se votará su toma en consideración.

Esta será la segunda vez en 31 años que se utilice el llamado Escaño 110 del Parlamento de Andalucía, que permite a los ciudadanos defender en el hemiciclo iniciativas legislativas, y sería la primera ocasión en que una saliera adelante, informa la plataforma en un comunicado.

El portavoz de la comisión promotora, David Núñez, mantendrá reuniones previas con los grupos parlamentarios con el fin de lograr su apoyo unánime, señalando que un concurso de méritos es la mejor vía para solventar la situación “absolutamente injusta” de miles de personas que aprobaron en su día una oposición y que han estado en situación inestable hasta 27 años.

En este sentido, ha señalado que el abuso de la contratación temporal por parte de la Junta de Andalucía a la hora de cubrir los puestos de estructura se agravó con la crisis económica y ahora hay que solventar la situación de miles de empleados que llevan años en la inestabilidad laboral que supone la interinidad.

La vía del concurso de méritos está contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como medida extraordinaria y siempre que se apruebe por ley, que es el objetivo de esta ILP. Dicha convocatoria estaría abierta a todas aquellas personas que hayan ocupado puestos de funcionario interino, aunque hayan sido cesadas.

Núñez ha recalcado el respaldo ciudadano con el que llega esta petición al Parlamento, al superar ampliamente las 40.000 firmas necesarias. En este sentido, recordó que la Oficina del Censo Electoral certificó la validez de 44.165 rúbricas de las 51.630 presentadas por los interinos “y no siguieron comprobando por no ser necesario”.

La comisión promotora de la ILP explicará a los partidos políticos la situación de los funcionarios interinos en fraude de Ley, quienes “han trabajado para que los andaluces recibieran los mejores servicios durante años, dando lo mejor de sí mismos, sin saber si al día siguiente iban a continuar en sus puestos”. Por ello consideran que esta proposición de ley “es la mejor solución” y tratarán de recabar el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas para su aprobación unánime. “Con ella se pondría en valor la experiencia laboral acumulada por los empleados públicos que durante décadas han desarrollado y hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos”, aseveró.

Del total de casi 30.000 plazas en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.

Jurisprudencia y tramitación

La  Iniciativa Legislativa Popular  fue admitida a trámite por el Parlamento Andaluz el 5 de septiembre de 2018 y el 20 de septiembre la Junta Electoral abría el proceso para la recogida de un mínimo de 40.000 firmas imprescindibles para que el texto pudiera  tramitarse y que fueron presentadas ante la Oficina del Censo Electoral el 13 de mayo de 2019. En julio, la ILP entraba en el Parlamento para iniciar su proceso hasta su debate.

Desde que la Ley de Iniciativa Legislativa Popular en Andalucía entrara en vigor (1988), sólo 3 propuestas han sido admitidas a trámite por la Mesa del Parlamento, y sólo dos superaron la toma en consideración, siendo ésta una de ellas.

Según el Tribunal Supremo (sentencia 3251/2018 de la Sala de lo Contencioso) supone un abuso en la contratación cubrir puestos estables y estructurales de forma provisional más de tres años. Precisamente en estos casos la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 contempla que se pueda acometer una estabilización.

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