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La Junta de Andalucía dejará fuera a los trabajadores de violencia de género no colegiados, como exigía Vox

El vicepresidente, Juan Marín, presenta en comisión parlamentaria el nuevo modelo de contratación pública para los trabajadores que evalúan la violencia machista, como ya informó este periódico

El PSOE acusa a PP y a Ciudadanos de someterse al "chantaje de la extrema derecha"

Marín anuncia paralelamente un plan de refuerzo de la atención a las víctimas con ocho unidades de valoración más y 95 interinos para los juzgados

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La Junta de Andalucía no renovará a los no colegiados de las unidades de violencia de género

La Junta de Andalucía ha dado la orden de no renovar los contratos de los trabajadores no colegiados de las Unidades de Valoración de Violencia de Género hasta que se celebre una convocatoria de licitación pública, aún sin fecha, que incluya un contrato único para la gestión de los equipos psicosociales de los juzgados y de las citadas unidades. Como ya informó este medio, la Junta de Andalucía ha fijado como condición para acceder a las plazas de las unidades de violencia de género la colegiación, una exigencia planteada por Vox.

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha anunciado este jueves en su comparecencia en comisión parlamentaria que ha dado orden de "no renovar los contratos o de prorrogar los que únicamente sean necesarios el tiempo imprescindible" a la espera de la nueva licitación pública. Hace unas semanas, eldiario.es Andalucía informó de que el Gobierno andaluz ordenaba colegiarse a sus expertos en violencia de género tras detectar que el 44% no lo estaba. "Sólo el 12,5% no lo están desde que dimos la instrucción de hacerlo", ha detallado Marín.

Las nuevas contrataciones en la convocatoria pública incluirán precios homogeneizados en todas las provincias, no como hasta ahora, así como exigirán la colegiación de profesionales "cuando lo recoja la normativa", una formación específica y que los trabajadores estén vinculados a las empresas por una "relación laboral". El vicepresidente del Gobierno andaluz ha avanzado que se ha elaborado un borrador de protocolo para "estandarizar" los informes de estos equipos externos.

El Gobierno andaluz -PP y Cs-, que siempre ha negado que se haya puesto en cuestión a esos trabajadores, ha apostado por "dotarles de más medios" y por su colegiación obligatoria. Fuentes de la Junta señalan que el gabinete jurídico analiza actualmente qué ocurrirá con los funcionarios que decidan no colegiarse. También se estudia la fórmula jurídica de contratar o acordar el nuevo formato directamente con los colegios profesionales de psicólogos o trabajo social.

Estas medidas se produce meses después de que Vox, partido que apoyó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, demandara información sobre estas unidades ante sus denuncias de que desde ellas se "ideologizaba".

Refuerzos

Marín, por otro lado, y al objeto de para disminuir el atasco en la tramitación de expedientes y dar mejor atención a la ciudadanía, ha dicho que "se van a reforzar los juzgados y órganos judiciales que tengan atribuidas las competencias de Violencia sobre la Mujer" mediante un plan que va a desplegar funcionarios de cuerpo de tramitación donde actualmente no dispongan de ninguno de ellos con carácter ordinario.

En concreto, Marín ha precisado que se van nombrar a un total de 95 tramitadores interinos correspondiente al cuerpo de tramitación procesal y administrativa, que comenzarán a trabajar el próximo 3 de junio y que supondrá un coste de dos millones de euros.

Ha explicado que esta medida se suma al anunciado Plan de Choque para las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, que supondrá prácticamente duplicar el número de equipos actuales, pasando de nueve a 17. Cada uno de estos equipos está compuesto por un médico forense, psicólogo y trabajador social.

Actualmente, hay un equipo en cada una de las capitales de provincia, salvo en Cádiz, ya que en Algeciras disponen de uno. De esta forma, todas las provincias contarán con dos unidades, y en el caso de Cádiz con tres, a partir de la primera. Este plan de choque supone una inversión de más de 740.000 euros que se financiará con las cuantías asignadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Posicionamiento de los grupos

En el turno de posicionamiento de los grupos, por el PSOE-A, la diputada María de las Mercedes Gámez ha pedido a Marín que el refuerzo en los juzgados se mantenga en el tiempo y no sea algo puntual, así como que aclare en qué provincias se va a ejecutar el mismo, mientras ha criticado que haga estos anuncios ahora, a tres días de las elecciones municipales y europeas.

Entretanto, ha criticado que "se le da un altavoz al socio en la sombra del Gobierno andaluz --en alusión a Vox--, a su discurso acusador y persecutorio de todas las personas que día a día ponen lo mejor de sí mismo en la lucha contra la violencia de género". "Flaco favor hacemos cuando permitimos que se ponga en tela de juicio a personas que tienen ese encargo", ha lamentado antes de apostar por la formación "específica y continua", que debe proporcionarle la administración, porque "la colegiación no da ni la excelencia ni la profesionalidad, eso lo da la formación".

Inmaculada Nieto, por Adelante Andalucía, ha señalado que es "muy positivo y necesario el refuerzo" de las unidades de valoración de violencia de género y equipos psicosociales en los Juzgados de Familia, si bien ha pedido que no sea algo puntual sino que se mantenga "de manera estable".

Después apuntar que "la colegiación no garantiza que sea el perfil más adecuado para tratar un tema específico", ha pedido que los pliegos incluyan la obligatoriedad de que los trabajadores tengan formación específica en materia de violencia de género y que las empresas cumplan con los convenios laborales.

Por Vox, Ángela Mulas ha saludado que las nuevas contrataciones públicas relacionadas con los peritos psicosociales "tengan como condición sine qua non que estén colegiados" porque, a su juicio, "una es forma de reforzar la profesionalidad y que la emisión de esos informes sean lo más certero posibles a la hora de valorar las vicisitudes que plantea cada asunto".

Tras recordar que Vox pidió a la Junta estos datos y finalmente los conoció gracias a "con el respaldo del PP-A y Cs" y a pesar de las críticas del PSOE-A y Adelante, ha lamentado que el 50 por ciento de los trabajadores que no estaban colegiados "han elaborado informes que derivaron en condenas" y espera que las nuevas empresas que contraten están vinculadas al ámbito.

Carmen Céspedes, diputada del PP-A, ha celebrado las medidas anunciadas por el titular de Justicia y sobre la colegiación de los profesionales ha dicho que es necesaria "pero no hay que cargar las tintas sobre esa colegiación, es una garantía para los usuarios pero científicamente no aporta nada más". "Estamos en el camino, mejorando todo lo que había que mejorar, y además se acortan los tiempos de espera", ha agregado.

En nombre de Cs, Raúl Fernández ha destacado que la comparecencia de Marín "demuestra que se cumple con el compromiso de dotar de medios materiales a la justicia y la necesidad de descongestionar los juzgados en esta materia", mientras que ha dicho que la colegiación de los trabajadores no persigue garantizar su objetividad, que no pone en duda, sino "que puedan responder si existe alguna negligencia".

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