En los últimos meses se suceden noticias en las que de un modo u otro referentes claros de la defensa del derecho a la vida y a la libertad de migrar son llevados ante la justicia. Helena Maleno compareciendo ante la justicia marroquí por avisar de naufragios en el Estrecho de Gibraltar, Proactiva Open Arms bloqueada e investigada por la fiscalía de Ragusa por rescatar personas en el mar entre Italia y Libia o los bomberos de Proem-AID que serán juzgados en mayo por ayudar a los refugiados en Lesbos. Hay otros casos previos y decenas o cientos de pequeñas otras situaciones de hostigamiento a las personas y organizaciones que persiguen justicia y libertad para los migrantes, la mayoría son casos menos llamativos pero que contribuyen al clima general de oscurecer lo que hasta ahora era considerado un comportamiento ejemplar.
Este proceso de ir empañando poco a poco la imagen pública de quienes ejercen la solidaridad con los migrantes es paulatino y aunque ha habido casos anteriores tiene un punto de inflexión en la reunión de ministros de interior de la UE el verano pasado. Tras la cumbre el comisario europeo de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos, avisó que las ONGs debían ser más colaboradoras con los gobiernos supeditando el compromiso ciudadano de salvar vidas a la colaboración con las autoridades libias y europeas.
Desde entonces, en estos nueve meses hemos ido viendo como el Mediterráneo sigue siendo un cementerio húmedo y silencioso. Sólo en nuestro extremo occidental han muerto más de 500 personas en lo que llevamos de 2018 y no se conoce una sola medida de Europa o el Gobierno Español para paliar esta situación que dura ya al menos 30 años. Desde la orilla norte del Mediterráneo tan solo la solidaridad de personas y organizaciones ciudadanas responde a este drama humano.
A pesar de ello precisamente quienes más se implican sufren el acoso de los gobiernos. La novedad es que no es un acoso indirecto a través de excusas de supuestos casos de corrupción o de desvío de fondos. Es un acoso frontal, se juzga directamente el hecho de que salven vidas. Se persigue lo que debiera ser elogiado. Es la criminalización de la solidaridad.
En nuestras sociedades occidentales, basadas en el sistema de las democracias liberales, damos por supuesto algunas cosas que hasta la fecha muchos hemos considerado parte del estado natural de la sociedad europea, una especie de principios fundamentales que en realidad son parte de un modelo de estado muy difundido durante el siglo XX y que en estos momentos podría estar en transformación como resultado de la crisis general que vivimos desde hace una década. Este “estado natural” incluía dos ideas, una que los gobiernos democráticamente elegidos están ante todo para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y funcionar bajo la lógica de los Derechos Humanos; la otra idea que puede estar en crisis es que las personas pueden canalizar sus inquietudes a través de las organizaciones de la sociedad civil y especialmente si con ello defienden los anteriormente citados Derechos Humanos.
El hecho de que los estados no siempre respondan al primer punto provoca que las organizaciones de la sociedad civil acaben canalizando la visión crítica de la ciudadanía confrontando con los gobiernos, de forma que se genera una dialéctica entre quien administra y quienes reciben las consecuencias de la administración. Este proceso puede resolverse por quien ostenta el poder formal aceptando el diálogo o utilizando el poder para desprestigiar o acosar a quienes cuestionan la actuación del estado. En lo que respecta a garantizar el derecho a la vida en nuestras fronteras la respuesta de los gobiernos europeos, incluido el español, es a todas luces la criminalización de la solidaridad.
Más allá de las implicaciones en el aumento de muertes en el mar y la violación de derechos humanos en la Frontera Sur de Europa, esta criminalización de la solidaridad atenta contra la lógica democrática básica de nuestra sociedad. Es tan perverso perseguir a quienes salvan vidas que no puede hacerse sin reforzar la contradicción entre lo que esperamos de nuestros gobiernos, la defensa del bien común; y lo que estamos viviendo en los últimos años, la defensa a ultranza de las grandes fortunas y la reducción de la calidad de vida de millones de europeos. Una devaluación de calidad de vida que va paralela a la devaluación de la calidad de nuestra democracia.
La continua pérdida de capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población europea, la precarización de la llamada clase media, el crecimiento de la población en riesgo de pobreza y la frustración de las expectativas de la población más joven genera una tensión social que necesita de respuesta. Entre reconocer una gestión de lo público que no cumple con la defensa del interés de la mayoría de la población y buscar un culpable al que poder odiar parece que estamos cayendo en lo segundo. Para ello criminalizar a quienes defienden la vida de los migrantes resulta fundamental pues permite generar dudas sobre la población migrante e instalar la idea del enemigo en casa a un mismo tiempo.
Perseguir a los pobres, no reconocer su dignidad humana, generar dudas sobre las personas que denuncian la vulneración de los derechos fundamentales, silenciar las fuentes críticas con la actuación de los gobiernos es una forma de reducir la democracia. Lo más grave es que se hace precisamente bajo el amparo de procesos de democracia formal. Quienes acceden por procesos de democracia formal al poder político hacen uso de ese poder ahora para deslegitimar a la ciudadanía crítica y así reducen la capacidad de crear propuestas alternativas instando a que haya solo un discurso posible.
En 1995 el grandísimo pensador Umberto Eco dio una conferencia magistral en la Universidad de Columbia en la que quería advertir del riesgo siempre existente en las sociedades democráticas respecto a vivir derivas hacia el totalitarismo. Algo que él llamó el “Ur-fascismo”. Este riesgo eterno de pérdida de libertades y tendencia al totalitarismo se identifica en su texto en catorce puntos. Pueden encontrar el texto íntegro en el libro Cinco Escritos Morales que recoge éste y otros interesantes ensayos del autor. Para lo que aquí nos trae les invito a ver este proceso de criminalización de la solidaridad al tiempo que pensamos en algunos de los indicadores que daba Umberto Eco: Rechazo del pensamiento divergente, miedo a la diferencia, llamamiento a las clases frustradas, nacionalismo y xenofobia, miedo a un enemigo social, principio de guerra defensiva permanente, desprecio por los débiles…
¿Qué diría el autor de El Nombre de la Rosa, tenemos síntomas para preocuparnos?
José Miguel Morales García. Secretario General de Andalucía Acoge
