Los abogados del Servicio Andaluz de Salud renuncian a asistir a los sanitarios en casos de amenazas o vejaciones para presionar a la Junta

Llevan “muchos años” esperando la aprobación de un reglamento que regule convenientemente la asistencia jurídica que prestan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que no termina de aprobarse porque no se prevé la partida necesaria para ello, tampoco en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2024 que se aprobará la próxima semana en el Parlamento. Los letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, asociados en ALAS, han pasado a la acción y han anunciado como medida de presión que van a limitar la asistencia jurídica de los profesionales sanitarios a las agresiones físicas producidas en el ejercicio de sus funciones, que contempla su actual reglamento, con exclusión de todas aquellas situaciones o hechos como amenazas, coacciones, insultos, vejaciones, etc. que no supongan una “perturbación grave” de la prestación de asistencia sanitaria.

Fuentes de ALAS concretan a ese respecto que en 2020 participaron, junto a la Consejería y el SAS, en la elaboración del Plan de Prevención y Atención frente a agresiones a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, comprometiéndose a ofrecer asistencia letrada en unos términos más amplios de los que prevé su actual normativa en la confianza de que así se contemplaría en el hipotético nuevo decreto.

“Asumimos por aquel entonces muchas más funciones de las que nos corresponden”, resumen las fuentes de aquel encuentro con la entonces viceconsejera y hoy consejera, Catalina García, mientras aguardan que se cumplan los compromisos “verbales” de la Consejería de Salud y del SAS, establecidos meses atrás, que permitan aprobar un nuevo Decreto que regule definitivamente su estructura, organización y funciones.

Hace unas semanas hicieron llegar una decisión a la que se han visto “obligados” en un escrito suscrito por los 42 abogados del SAS en activo enviaron un escrito en el que ponían en conocimiento de la Junta que iban a dejar de ofrecer asistencia letrada a los profesionales y autoridades y personal de los centros sanitarios y demás centros directivos del SAS en los casos de agresiones no físicas que estén contempladas en su actual decreto, como “otra medida de presión adoptada ante la situación de abandono, dejadez y escasez de medios”.

Recuerdan los abogados del SAS que entre 2018 y 2021 se produjeron en los centros sanitarios del SAS un total de 4.992 agresiones, de las cuales 4.030 fueron 'no físicas', según datos de febrero de 2022 del seguimiento del plan de agresiones. “Somos 42 para toda Andalucía y estamos yendo a todo”, se quejan los letrados del SAS.

Una supuesta enmienda parcial

Es la otra espera, diferente a la que tiene que enfrentarse la ciudadanía andaluza pendiente de una operación o de una consulta con el especialista, pero que también deriva en consecuencias para la salud pública puesto que “pone en riesgo” la viabilidad de las licitaciones públicas, de la gestión de los fondos europeos y de los procedimientos en los que es preceptiva su intervención, así como la defensa del personal sanitario. Así lo advierten fuentes de la asociación ALAS, que piden desbloquear la situación de un colectivo que se reconoce parte “importante” del engranaje del sistema sanitario público andaluz.

La Consejería de Salud y Consumo, de hecho, reconoce la labor que realizan estos profesionales y “las múltiples funciones que desarrollan y que son indispensables para el buen funcionamiento de la administración sanitaria y la protección del personal del SAS”, pero no ofrece plazos para la aprobación de un nuevo marco legal para ello. Fuentes de la Consejería aseguran que “se está trabajando” en la actualización del Decreto que, a día de hoy, regula la estructura, organización y funciones de los letrados de la Administración Sanitaria, que data de diciembre de 2005.

La tramitación y aprobación de ese reglamento que vienen reclamando fue “un compromiso de la Junta de Andalucía que se incluyó en el Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud del año 2018”, aseguran las fuentes de ALAS.

En los últimos meses se han acelerado los acontecimientos. El pasado mes de junio, los letrados se reunieron con altas instancias del SAS y de la Consejería, y se les aseguró que los presupuestos de 2024 incluirían la partida específica para aprobar el nuevo decreto que regule la asistencia jurídica que vienen prestando. En noviembre, esa partida no fue finalmente incluida.

Después, tras nuevas conversaciones, se les prometió a los abogados que se iba a presentar una enmienda parcial, que incluso se les mostró físicamente y que solventaría la cuestión. Pero, de nuevo, han visto este pasado lunes que dicha enmienda no se ha incluido finalmente, no saben bien si porque no fue registrada o porque se ha retirado, comentan los abogados. “Lo sabemos por el Boletín Oficial del Parlamento, pero nadie nos ha comunicado nada”, aseguran.

“Llevan muchos años ninguneándonos”

Sin noticias de esa partida económica en el proyecto de ley de Presupuestos para 2024, los letrados del SAS recuerdan que la tramitación y aprobación de ese reglamento ha sido “un compromiso” de la Junta desde 2018 que “año tras año ha sido incumplido”. Los letrados del SAS se han puesto “en pie de guerra porque llevan muchos años ninguneándonos, con unas condiciones calamitosas para nuestra importante función y que no han resuelto los sucesivos gerentes del SAS”, dice unos de estos profesionales, que lamenta el “nuevo boicot” a tenor de la no presupuestación de una nueva regulación, que actualmente rige un decreto “desfasado”.

Estos profesionales tienen atribuido por Ley, de forma exclusiva, el asesoramiento en derecho y la representación y defensa de los intereses del SAS, recordemos, una agencia pública que gestiona más del 25% del presupuesto total de la Junta de Andalucía y que emplea a más de 120.000 profesionales. Según recuerda ALAS, sus funciones, que desde el año pasado se extienden a las cinco agencias públicas sanitarias integradas en el SAS, abarcan diversos aspectos en la contratación administrativa (en la que su informe es preceptivo), en el asesoramiento y defensa en juicio de los procesos selectivos y de movilidad (especialmente en el marco de la estabilización de personal temporal), así como en la defensa del personal sanitario frente a las agresiones verbales que, en ocasiones, sufren en el ejercicio de su labor diaria.

“La deficiente y obsoleta estructura orgánica de la actual asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud y de sus recursos humanos, que no ha sido actualizada desde hace más de dos décadas, no solo limita nuestra capacidad para atender al elevado volumen de peticiones de asesoramiento y asistencia requeridas por el Servicio Andaluz de Salud para la adecuada gestión de la prestación de la asistencia sanitaria”, concluyen. La situación descrita se acrecienta por “la inexistencia de una carrera administrativa y de un nivel dentro de la función pública acorde con el nivel de cualificación exigido para acceder al Cuerpo”, que “ha generado una preocupante fuga de talento y en la dificultad de atraer personal de nuevo ingreso”.