Exempleados de un centro de menores se enfrentan a penas de cárcel por grabar y denunciar presuntas torturas

Pese a que el Consejo de Europa comprobó y denunció el año pasado que el uso de medios de sujeción en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria de Almería “podría considerarse trato degradante o inhumano”, las personas que quisieron hacer pública esa práctica podrían acabar en la cárcel. Un juzgado de Purchena acaba de abrir juicio oral contra tres extrabajadores de la empresa de seguridad del centro y un antiguo interno del mismo, cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía pero que dirige la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), por difundir imágenes de dos menores atados boca abajo a una cama con gomas y gritando de dolor pidiendo “por favor” que se les retiraran las sujeciones.

La Fiscalía de Menores de Almería, que reconoció la veracidad de las imágenes, archivó el caso hace tres años al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores. Pero la denuncia del centro por la difusión del vídeo, publicado en febrero de 2015 por eldiario.es, siguió su curso y la jueza ha abierto ya juicio. Los ahora acusados, despedidos tras lo sucedido y con expedientes disciplinarios a sus espaldas, se enfrentan a penas de prisión de entre tres y cinco años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como para ellos piden tanto el centro, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía de Almería.

“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”, advirtió el CPT del Consejo de Europa el año pasado en un informe comprobado por eldiario.es Andalucía.

La Fiscalía de Almería dice en sus conclusiones provisionales que el vídeo difundido fue manipulado para su reproducción en bucle, ya que uno de los incidentes tuvo lugar en julio de 2011 mientras que el segundo se produjo en enero de 2014. La Fiscalía contabilizó en su investigación 61 contenciones realizadas entre 2011 y 2014 en Tierras de Oria. En el vídeo se observa a uno de los jóvenes golpeándose contra el colchón y al otro gritando “¡guardia, por favor te lo pido!”, lo que corresponde, como dice el fiscal, a dos momentos diferentes.

“Lo grabé para denunciar lo que allí pasaba”

La práctica de la inmovilización de pies y manos en las camas la corroboran a este medio dos de los acusados y una educadora social que trabajó durante doce años en el centro. “El vídeo lo grabé para denunciar lo que allí pasaba. No hay que llegar a esos extremos. Si es un centro para reeducar, con violencia no se reeduca. Hay otros métodos. Yo sé lo que pasaba y lo que supongo seguirá pasando. El problema es que allí se les da todo a los chavales y llega un momento en que no se les puede dar más. Simplemente queríamos denunciar un hecho que pensamos delictivo y ahora los delincuentes somos nosotros. En el centro, si no eres su bufón, te largan”.

Otro de los acusados, jefe de equipo de seguridad en el centro, donde trabajó trece años, indica a este periódico que “los vídeos hablan por sí solos. Quisimos denunciar cosas que vimos presuntamente ilegales. He tenido que realizar informes que no respondían a la realidad, diciendo que las inmovilizaciones duraban un par de horas cuando realmente duraban cinco o seis. Imagínese escuchando gritos de dolor durante cinco o seis horas. Pero lo que decían los mandos era lo que se hacía”, relata este antiguo trabajador de Tierras de Oria.

Este acusado también señala incluso que, en uno de los juicios laborales que se han celebrado por estos hechos, se le mostró una especie de “recreación” de uno de los vídeos, presentado por el centro de menores. El exempleado apunta en todo caso que “la inmovilización se puede utilizar para tranquilizar o para que el menor deponga su actitud pero no para causar el mayor daño y sufrimiento posible como yo he visto, apretando al máximo las correas. Lo tratamos de denunciar en su día y lo seguimos queriendo hacer. La Junta y el director se apresuraron en desmentirlo pero, insisto, los vídeos hablan por sí solos”.

La educadora, por su parte, señala las “muchísimas irregularidades” en la gestión del centro y recuerda que, antes de ser despedida “de la noche a la mañana”, sufrió acoso laboral por reivindicar aspectos metodológicos relacionados con los menores. “Muchas cosas de las que se hacían no eran lógicas. Yo he tenido que hacer informes falsos, pero era lo que tenía que hacer”, denuncia esta extrabajadora, con juicios del ámbito laboral pendientes con el centro y que también alude a presiones de sus superiores jerárquicos para la realización de informes, señalando que observó “muchas veces” el uso de la práctica denunciada por sus antiguos compañeros.

Filmación sin consentimiento

Según la Fiscalía, tres de los cuatro acusados (de 46, 47 y 59 años), en los dos hechos diferentes ocurridos en 2011 y 2014, habían sido encargados de la vigilancia de los menores mientras estaban siendo sometidos a mecanismo de contención mediante sujeción mecánica e inmovilización y, “con ánimo de atentar contra su intimidad y su derecho a la propia imagen”, procedieron a “su filmación sin consentimiento”.

Respecto al otro acusado, de 27 años, el fiscal apunta que recibió las filmaciones en las que los internos resultaban reconocibles y, “con conocimiento” de que no habían prestado consentimiento para su grabación “divulgó a diversos medios de comunicación las grabaciones obtenidas, entre ellos a eldiario.es, que lo publicó alcanzando de esta forma mayor difusión”. Los menores, según el fiscal, “se sienten perjudicados por la grabación y difusión a nivel nacional de sus imágenes y reclaman por los perjuicios causados”, en concreto 4.500 euros cada uno.

El director del centro, Manuel Madrid, que negó en su momento a eldiario.es todos los hechos y aseguró que era “imposible” que ocurrieran porque él mismo “nunca permitiría ese tipo de actos”, señala a eldiario.es Andalucía que por su centro “ha pasado todo el mundo, el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo, la Junta, etc.” y siempre ha estado “todo ajustado a derecho, como dijo la Fiscalía de Menores”.

Los medios de contención como los que se apreciaron en el vídeo publicado “se siguen utilizando en las ocasiones en las que pueda haber riesgo para las personas”, explica. El vídeo difundido, en todo caso dice el director, “es una manipulación con los fines de dar morbo y de causarnos el mayor daño posible”. Contiene, reconoce, “hechos reales”, pero “distorsionando el tema”. “Lo manipularon para añadir morbo. Las imágenes están distorsionadas y unidas entre sí”, insiste. El director recuerda que la jurisdicción social validó los despidos por parte de la empresa de los trabajadores.

Vídeo “manipulado”

Una de las defensas de los acusados, en uno de sus recursos, señala que “aún no se ha establecido de manera cara e indubitada la identidad de los presuntos menores grabados en las imágenes referidas en el atestado inicial de la causa”, detallando que dichos menores “nunca han declarado en sede judicial ni han hecho constar su voluntad contraria a la captación y difusión de las imágenes del maltrato al que estaban siendo sometidos, ni la identidad de los intervinientes en tal grabación”.

Sobre la cuestión en sí, esta defensa argumenta que “ante el conocimiento de que tales hechos [el uso excesivo de la contención mecánica] pueden estar siendo producidos, un vigilante encargado de velar por la seguridad del centro no sólo tiene el derecho de denunciar los mismos, sino que tal acto de denuncia es una obligación intrínseca a su función”.

“Por su trabajo, es su obligación velar porque se salvaguarde la seguridad y la dignidad de los menores. La exposición al público de dichas imágenes, sin revelar la identidad del perjudicado, tomadas en todo caso en un centro público y no en espacio reservado a la intimidad de los menores, no es más que un acto de denuncia de un atentado contra la dignidad de los menores y en ningún caso puede entenderse como un hecho delictivo. Antes bien, es la denuncia de un hecho vergonzoso y degradante”, relata el recurso presentado ante la Audiencia de Almería y que aún no se ha resuelto.

Esta defensa también relata que el vídeo inicial contenía imágenes pixeladas de las caras de los menores y otro vídeo “aportado por la acusación y que ha sido manipulado” tiene imágenes despixeladas. “Los empleados de Ginso que declararon en la causa como testigos manifestaron, falsamente, que habían sido esas imágenes despixeladas por la Guardia Civil”, un extremo negado expresamente por la Benemérita en un oficio aportado a la causa en junio de 2017, como ha comprobado este periódico.

“La identificación de los menores no sólo es dudosa, sino incierta”, concluye esta parte, que da cuenta del “extravío o desaparición de un elemento sustancial: el pendrive aportado por la Guardia Civil con el atestado inicial, que dio lugar a la

incoación de la causa y en el que supuestamente aparecerían las imágenes difundidas por Internet“. ”Se ha producido el extravío de una prueba fundamental, de una pieza de convicción que plantea identificación de perjudicados distintos a los alegados por la acusación popular, es decir, por una mera parte interesada en la causa“, lamenta esta defensa.