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Andalucía abre una investigación a su ex número dos en Salud por los contratos a dedo a la empresa que le ha fichado

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, saluda al ex consejero de Salud, Jesús Aguirre, ante el ex viceconsejero del ramo, Miguel Ángel Guzmán.

Daniel Cela / Néstor Cenizo

Sevilla —

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La Consejería de Justicia del Gobierno andaluz ha abierto este miércoles una investigación interna al que fuera número dos del departamento de Salud hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, tras su polémico fichaje por la aseguradora privada Asisa, que acaba de contratarle como director médico para Andalucía.

La apertura de expediente –llamado “procedimiento informativo”– tiene lugar apenas unas horas después de que elDiario.es en Andalucía desvelase los contratos a dedo que Guzmán otorgó a su actual empresa, por valor de 43,6 millones de euros, mientras era gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los contratos de emergencia, amparados en el marco legal que habilitó el Gobierno central frente a la pandemia de Covid-19, no tienen publicidad ni concurrencia ni fiscalización previa. Las adjudicaciones a dedo a Asisa se hicieron a través del grupo hospitalario HLA, en el que la compañía aseguradora agrupó todos sus centros clínicos en 2016. Tanto Guzmán como la propia Junta se aferran a esta distinción para defender que su fichaje no vulnera la Ley de Incompatibilidades de altos cargos.

El departamento de Justicia y Función Pública, dentro de una “labor de inspección”, debe esclarecer ahora si tanto la contratación de Guzmán por Asisa como los contratos a dedo que le adjudicó entre enero de 2021 y junio de 2023 vulneran la Ley andaluza de Incompatibilidades de altos cargos.

El entonces gerente del SAS firmó el expediente original de los contratos sin concurso público y dos de las tres prórrogas que ampliaron su vigencia y presupuesto inicial de 70 a 243 millones de euros. Los hospitales de Asisa acapararon casi el 18% de esos contratos a dedo y fueron la primera o segunda adjudicataria en cinco de las ocho provincias andaluzas.

El primer paso del departamento de Justicia ha sido enviar un requerimiento de documentación tanto al ex viceconsejero como a los órganos de administración de los que fue responsable, es decir, al SAS y a la propia Consejería de Salud, que dirige Catalina García, confirman fuentes del departamento de Justicia a elDiario.es.

La consejera de Salud ha asegurado que “se va a analizar todo” lo que lleva la firma del que fuera su mano derecha y ha lamentado que Guzmán no le avisara antes de fichar por Asisa y tuviera que “enterarse por la prensa”. Desde su departamento confirman que “se está recopilando toda la documentación de todos los contratos firmados por Miguel Ángel Guzmán, tanto en el SAS como en la consejería para pasárselo” al departamento de Justicia.

El llamado “procedimiento informativo” en la administración pública es “el paso previo a la incoación del procedimiento disciplinario o en su caso el archivo de las actuaciones”.

La investigación interna que ha iniciado la Consejería de Justicia, responsable también del área de Función Pública, puede archivar el caso, si no percibe indicios de infracción, o elevarlo a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, como ya han hecho hoy mismo dos grupos de izquierdas en la oposición: Por Andalucía y Adelante Andalucía.

La Oficina Antifraude tiene competencias sancionadoras, en caso de que confirme un supuesto de incompatibilidad en el salto de la administración pública a la privada del ex consejero de Salud, podrá sancionarle y comunicárselo directamente a él. La ley que regula la creación de esta oficina, de 2021, modificó algunos aspectos de la Ley andaluza de Incompatibilidades de altos cargos, entre ellos la competencia sancionadora. Guzmán se expone a la inhabilitación para ejercer un cargo público en la Junta de Andalucía hasta un máximo de diez años.

Tras revelar la adjudicación a dedo de 44 millones de euros a los hospitales y clínicas de Asisa en su etapa de gerente del SAS, desde la aseguradora insisten en que no se están “replanteando” la contratación de Guzmán, que aún no se ha hecho efectiva, aunque su incorporación está prevista para el próximo lunes. “El señor Guzmán ha comunicado que ha iniciado los trámites para garantizar que no hay incompatibilidad. Creemos que se va a incorporar y que va a ser buenísimo para él y para nosotros, porque valoramos su experiencia”, subrayan fuentes de Asisa.

Su salto de la cúpula de la gestión sanitaria pública andaluza a una de las mayores aseguradoras privadas de España –con una decena de hospitales y centros clínicos en Andalucía– ha levantado una polvareda de críticas y denuncias de la oposición, que acusa a Guzmán de incumplir la Ley de Incompatibilidades por haber ignorado el periodo mínimo de dos años que exige la norma para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias porque Asisa “no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz”.

Tanto Asisa como fuentes del Ejecutivo andaluz coinciden al desligar a la aseguradora –que ha contratado a Guzmán– del Grupo HLA, donde se integran los hospitales privados que recibieron los contratos a dedo del SAS firmados por el entonces gerente. “Son dos cosas distintas”, advierten, aunque la matriz sea la misma.

Dos años de plazo obligatorio

La Ley andaluza de Incompatibilidad de altos cargos prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha explicado este miércoles que el objetivo de esta ley es que “ninguna persona aproveche su pertenencia a un Gobierno de la Junta para tener ventaja” pero –ha matizado–, la razón de ser de la norma no es “un castigo que le impida desarrollar una tarea profesional, que tenga que estar dos años encerrado en un convento, porque eso implicaría que quien formara parte de Gobierno estaría prácticamente inhabilitado para cualquier otra actuación en el futuro”.

Fuentes del Palacio de San Telmo, sede de la Junta, se inclinan por ver una “total compatibilidad” en el paso del ex número dos de Salud a la aseguradora privada porque, dicen, “no hay una relación directa entre los puestos que Guzmán desempeñó en la Administración pública y el cargo directivo que ocupará ahora en una empresa de seguros”.

Todos los partidos de la oposición han exigido aclarar este asunto, desde Vox al PSOE, aunque la bancada de izquierdas ha elevado el tono hablando directamente de “corrupción política”, “trama” y “macrocausa” de Moreno por el “desmantelamiento de la sanidad pública en favor de los negocios de la privada”. Los socialistas andaluces avanzan que su grupo en el Congreso de los Diputados citará a declarar a miembros del Ejecutivo andaluz ante la comisión de investigación por los contratos a dedo de la Junta a clínicas privadas.

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