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Una bomba de relojería
Aunque, en rigor, la frase no fuera suya sino de una antecesora en el trono francés, se suele atribuir a María Antonieta el lamentable dicho de: “Si no tienen pan que coman pasteles”, en contestación a las tremendas necesidades padecidas por el pueblo francés y que a la postre fueron una de las chispas que provocó la revolución que acabó guillotinando a la austriaca cuatro años más tarde. Algo parecido nos está ocurriendo en la actualidad, cambiando a María Antonieta, también conocida, como “Madame Déficit”, por políticos varios, gurús económicos y sinvergüenzas de todo pelaje.
El informe sobre la desigualdad presentado por Intermón Oxfam, con el esclarecedor título de Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, pone de manifiesto hasta qué punto nuestra sociedad se asienta sobre un mar de nitroglicerina que puede estallar al menor roce.
Lo vivido la pasada semana en Burgos, a vueltas con la revuelta vecinal de Gamonal y la forma en que esas movilizaciones se extendieron a más de 40 ciudades españolas, debería hacer reflexionar a esas oligarquías económicas y políticas sobre lo peligroso que es llevar a la ciudadanía al borde de la desesperación, donde lamentablemente se encuentran ya millones de personas en nuestro país.
El informe de Intermón llega a una conclusión, en la que muchos ciudadanos llevan instalados muchos meses: que la democracia ha sido secuestrada en beneficio de las élites, fundamentalmente económicas.
Un país como España, en el que las 20 personas más ricas poseen una fortuna igual o superior a los ingresos del 20 por ciento de sus compatriotas –más de nueve millones de personas-, está condenado a ser víctima de un estallido social inevitable. Ni en los países rescatados como el nuestro, ni en nuestros modelos anglosajones y centroeuropeos se ha producido una brecha de desigualdad social tan brutal.
Según se afirma en ese demoledor informe, en los últimos años se han venido adoptando políticas que claramente benefician a quienes más tienen, como la desregulación y la opacidad financieras, los paraísos fiscales, la reducción de los tipos impositivos sobre las rentas más altas o los recortes en inversión y protección social.
Mientras casi cinco millones de personas en nuestro país no tienen empleo y en 651.000 hogares no entra un sólo euro al mes; mientras padres y abuelos mantienen a hijos y nietos con magras pensiones que cada día adelgazan más; mientras se cercenan servicios esenciales, como la sanidad, educación y dependencia; mientras los trabajadores pierden en dos años los derechos conseguidos en décadas y viven el día a día desde la angustia de saberse sin ningún tipo de protección, nos enteramos de que la fortuna de las diez personas más ricas de Europa supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la UE entre 2008 y 2010 y que superaron los 200.000 millones de euros.
En medio de este inflamable panorama, nuestros políticos siguen empeñados en prender barbacoas diarias, bien con una acción de gobierno claramente antisocial y cómplice evidente de quienes más tienen, bien con declaraciones tan brutalmente insensibles como las de González Pons, asegurando que una vez salvado el sistema financiero, ahora tocaba salvar a los ciudadanos.
¿Tan alejada está la oligarquía económica y política de la realidad? ¿Tan imprudentes son como para seguir tensando una cuerda a punto de romperse? ¿Tan inconscientes como para no apercibirse de lo cercano que puede estar un estallido social de incalculables proporciones? Lamentablemente parece que así es.
¿De verdad nos sorprenden situaciones como las de Gamonal? Lo extraño es que con semejante caldo de cultivo no vivamos en un estado prerrevolucionario permanente. Y que nadie se equivoque, si la desesperación acaba por echar a la gente a la calle, no habrá ley por muy represiva -y la de Jorge Fernández Díaz lo es- que sea capaz de pararla.
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