Educación: ¿a cara o cruz?

Organizar un próximo curso escolar seguro para alumnado y maestros cuesta… dinero. Así que hagamos como si la COVID-19 no existiera y crucemos los dedos. Ese es, ¡oh milagro! el acuerdo inmediato al que han llegado los incapaces de pactar: el Gobierno del PSOE-UP y 15 de las 17 autonomías, incluidas Galicia, donde gobierna el PP y Castilla-León, Murcia y Andalucía con coalición PP y Cs apuntalados por Vox. 

Solo dos autonomías no se suman: Madrid y País Vasco. Con el PNV de campaña electoral, Euskadi alega que las competencias están transferidas desde los 80. Lo cierto es que, con el Madrid de décadas del PP, el País Vasco es el ecosistema educativo más ultraneoliberal. Mientras en España el 68% de primaria y secundaria van a colegios públicos (la media europea es del 81%), 28% a concertados y 3% a privados, en Madrid la proporción público, concertado y privado es del 52%, 15% y 33%. Y en Euskadi 51,1%, 48,1% y 0,8%.

Cuando el coronavirus saltó en marzo, el Gobierno ordenó encerrar en casa a ocho millones de alumnos (más uno y medio universitarios) que han sufrido el confinamiento quizá más severo del mundo. Ni deporte, ni paseo, ni pisar calle o plaza, vetadas hasta las azoteas. Viviera el niño donde viviera. Incluso bajo interior. Tres meses. La prensa regional en Francia se compadecía de los “niños deprimidos de España”.

¿La educación mientras? Un sálvese quien pueda. Lo entendiéramos o no, lo justificamos (de pensamiento, palabra, obra u omisión) por lo impredecible de la pandemia. La travesía del confinamiento ha sido más o menos desértica en lo educativo según la buena voluntad y pericia tecnológica de esta maestra, aquel colegio, y la disponibilidad de tiempo, ordenadores, Internet y conocimiento de madres y padres. La brecha digital ha sido brutal. En la pública, claro. Los concertados, de forma abrumadora, han impartido online. Más aún los privados.

Ahora que nuestro enclaustramiento, el cierre de fronteras y el trabajo de los sanitarios han contenido el virus; ahora, tras abrir bares, peluquerías, centros comerciales, fútbol y playas, lo esencial ¿verdad?, toca plantearse la vuelta al cole… en septiembre. Y ¿qué propone el Ministerio de Educación?

Ministerio y autonomías se saltan la distancia

Enseñanza presencial y sin mascarillas hasta 4º de primaria, algo bien recibido porque, educar es mucho más que impartir contenidos, es formar en un ámbito de socialización. Y resulta imposible embozar cinco horas a niños chicos. Pero, acto seguido se contraviene la clave en que se ha insistido meses: la distancia de dos metros. Según dijo la ministra Isabel Celá el miércoles, en los colegios la separación puede ser de metro y medio “siempre que las clases sean unidad de convivencia”, es decir grupos que no se mezclen, a la entrada, ni salida, ni en los recreos, y estén formados “idealmente por 15 alumnos” y en caso imposible “máximo de 20”.

Esta novedad traslada a la escuela el compromiso que Cs ya arrancó al Gobierno a cambio de apoyar el estado de alarma: rebajar medio metro, contra la recomendación sanitaria, para que multitud de empresas cumplan la norma y obliguen a sus empleados a incorporarse de forma presencial.

¿Habrá 15 alumnos por aula a metro y medio? Tampoco. Los consejeros en su reunión con la ministra dijeron que ni 20 por aula es sostenible. Total, reconoció Celá, el Ministerio solo aconseja. Así que ya se plantea aconsejar lo que las autonomías harán: 25 por aula. O los que haga falta. ¿Coronaqué?

Riesgo de rebrotes

Pero la realidad es tozuda. En Euskadi donde las clases presenciales para 4º de la ESO, 1º y 2º de bachillerato ya se retomaron, un caso sospechoso en el colegio jesuita de San Sebastián ha devuelto a todos a casa. En China, un rebrote en los mercados de Pekín retrasa la vuelta al cole presencial prevista para el 15 de junio. El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat advierte: “Volver a clases sin guardar las distancias es una imprudencia”.

¿Nos vamos a jugar la salud de nuestros hijos y los maestros? Este año grupos escolares reducidos son imprescindibles para que el curso presencial dure. Todo síntoma compatible con la COVID (los de un resfriado o gripe) llevará a 14 días de cuarentena a docentes, alumnos y sus familiares. No es igual multiplicar padres de baja laboral de 15 niños que de 25.

¿No se contratará a los profesores necesarios? ¿El verano que solo Andalucía gasta 24 millones € en contratar a 3.000 auxiliares de playa para obligar a los veraneantes, ellos sí, a guardar la distancia de seguridad?

Digitalización pendiente y urgente  

Hace falta dinero para educación. El Gobierno destina del fondo para las autonomías de 16.000 millones €, 9.000 para sanidad, 5.000 para reactivación económica y 2.000 para enseñanza. Insuficiente si se quiere que el plan A, presencial, no colapse pues hay que contratar maestros para las clases de 15 alumnos. Además de profesores de refuerzo para el 15-20% de escolares vulnerables desenganchado este trimestre y los de necesidades especiales.

En paralelo, el coronavirus ha evidenciado el atraso tecnológico de la enseñanza pública. Mientras llevamos tres meses de debates sobre APP de geolocalización que avisarían al usuario de si ha pasado junto a un infectado, ¿el Gobierno central o los autonómicos crearán de aquí a septiembre una plataforma educativa, red de seguridad, plan B, por si se vuelve a confinar?

Incentivar el turismo es pan para hoy. Lo que nos librará del hambre mañana es que los actuales escolares sean profesionales innovadores en punteras industrias científicas, biomédicas, energéticas, culturales. El coronavirus ha sido una lupa sobre el déficit digital de la enseñanza pública. Urge dotar de medios (tablets y conexión) a los alumnos y familias que no tienen. Pero también a docentes que carecen tanto de ellos como de competencias digitales. No basta exigir a los maestros que escriban dos programaciones, una para clases presenciales y otra alternativa digital, sino que hay que poner los medios para que, llegado el caso, eso se aplique de modo real.

A río revuelto, ganancia de la concertada

Cuando aún está pendiente saber cuánto de los 2.000 millones para educación llegará a cada autonomía, la Junta de Andalucía de las tres derechas ya hace campaña para repartir el dinero con la concertada.

Porque a ratos parece que no hay plan A, ni plan B. Pero de fondo el plan está claro. El poder económico, en tiempos inciertos, se garantiza que mientras los alumnos de la pública sufren el deterioro, quienes salgan reforzados en su formación sean los hijos de las clases medias-altas y altísimassalgan reforzados que estudian en la concertada y privada (el 60% colegios de la Iglesia católica, por cierto) y, así, en el precario mercado de trabajo que se nos viene copen los mejores puestos y sueldos.

Ante la necesaria inversión en enseñanza pública que garantice igualdad de oportunidades, póngase fin ya a la política fiscal de PP, Cs, Vox, de perdonar impuestos de “donaciones” y “patrimonio” a las grandes fortunas que legan millonarias herencias.

Centrados en analizar cómo en marzo nos cogió el toro de la COVID-19, estamos ahora pasando por alto la manada que se cierne para pisotear el derecho de educación de la infancia y juventud, tesoro de nuestra sociedad.

Marea Verde, Sindicato de Estudiantes, CGT, Ustea y colectivos de madres y padres como Escuela de Calor en Andalucía preparan manifestación para el sábado 27 de junio. ¿Actuarán ya CCOO, UGT, CSIF y el resto de sindicatos? ¿Reaccionará el Gobierno autobautizado y que queremos creer de progreso?

El despropósito de jugarnos al azar la educación me hace plantearme, ¿cuántos altos cargos vivirán en sus familias la situación escolar que vive la ciudadanía? ¿O tendrán empatía para imaginarlo?