OPINIÓN

Frankenstein hace los deberes

España es hoy un país donde un machista berrea en su residencia universitaria amedrentadoras consignas a las jóvenes de en frente y, coordinados con él, otros cien becerros braman para evidenciar el efecto manada. Un Estado “avanzado” donde las insultadas como “putas”, “conejas”, “ninfómanas” lo justifican apelando a la “tradición”. Donde incluso lo amparan, en Twitter, la ex de Vox Macarena Olona y ante la prensa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP. El reino, de huido rey emérito, donde la elite de la corte son estas almas de residencias católicas que pagan 1.200 euros/mes, vástagos de familias de sangre vieja, con pulseras de banderita, de las que acusan en falso a los niños migrantes no acompañados y a la educación afectivo sexual de colegios públicos que no pisan. Porque a ellos y ellas el adoctrinamiento en sus valores tan exquisitos se lo pagamos a pachas, pero para que lo reciban en los concertados. ¿Cuyas enseñanzas no controla la Inspección? ¿Ni sanciona que el 90% de estos centros cobre cuotas ilegales? ¿Hasta cuándo?

No es solo triste o deprimente. Es grave, preocupante y peligroso. Porque de ese semillero salen nuestros jueces y magistrados, nuestros diplomáticos, los altos cuadros del Estado, ya que los hijos de obreros no pueden pagarse los caros preparadores de oposiciones. Y también salen políticos. Como el ex líder del PP Pablo Casado que, como ya reveló en La Marea Antonio Maestre, en 2019, escribió en la revista de ese mismo Colegio Mayor Elías Ahuja unas chanzas sobre batidas a cazar “lobas” y “zorras”.

Pero España es también luz y no estas podridas sombras. Luz esta misma semana, ahora. Sería injusto y nocivo dejar que el patético episodio que urge investiguen y sancionen la Justicia y la Universidad Complutense (a la que la residencia está adscrita) eclipse el trascendental paso para garantizar derechos y ampliarlos que supone la aprobación del tercer presupuesto del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Un reparto de lo recaudado vía impuestos que va a mejorar las vidas de mucha gente en lo concreto.

Cada ingresado hospitalario con covid-19 costó casi 6.000€ y quienes entraron en UCI unos 19.000€. Números así revelan lo importante que es que el actual gobierno de PSOE-Unidas Podemos duplique la inversión en sanidad que hacía el del PP de Rajoy.

Esa cajera de supermercado, con el marido en paro y un hijo con discapacidad en cuya casa, ahora, entrará un mayor subsidio de desempleo y más ayuda a la dependencia, esos jubilados con pensiones revalorizadas, esos jóvenes con becas y ayudas para vivienda, los funcionarios cuyos sueldos aumentan, las familias de menor renta a las que se incrementa el Ingreso Mínimo Vital. Quienes van, ahora gratis, en cercanías y medias distancias a trabajar, buscar empleo o estudiar, quienes recibirán permisos para cuidar de sus hijos. Todos los que usamos la enseñanza pública, incluidas las familias que escolarizan a su prole en la concertada, pero luego no pueden pagar de su bolsillo los bachilleratos y los meten en institutos y más tarde en universidades públicas. Todos los que recurrimos a la sanidad universal por convicción y los que lo hacen cuando la clínica privada les deriva porque tienen cáncer y ya no son pacientes rentables… ¿Alguien no se beneficia de la protección del medio ambiente?

Pues todos estos nos vemos beneficiados porque todo esto está en el presupuesto para 2023 pactado por el Gobierno que esperemos negocie bien el respaldo de los grupos de la investidura para aprobarlos.

Los presupuestos de todo gobierno, son por supuesto ideológicos. Indican el país que se quiere construir. Pero la ideología no es, como a veces parece, una nube difusa sino esta certeza numérica: cada ingreso por covid-19 costó 5.822 euros y cada paciente que entró en UCI por el virus 19.000 euros. Dedicar dinero público a la sanidad de todos es, cuando llega el día clave, la diferencia entre seguir viviendo o morir. Y el gobierno de PSOE-Unidas Podemos duplica esta legislatura la inversión en sanidad frente al gobierno del PP de Rajoy.

La derecha demoniza la cooperación

Desde el acuerdo de gobierno sellado en 2019 por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la derecha y el neofascismo políticos y mediáticos han acuñado y usado el sintagma “gobierno Frankenstein” para desprestigiarlo. Su ocurrencia evidencia su doble ignorancia:

Primero, porque toda sociedad es suma de individualidades y colectivos con intereses y opiniones a menudo opuestos. El sentido de la democracia es gestionar de forma pacífica tales diferencias. Los únicos países monolíticos son dictaduras donde la gente se traga lo que piensa por miedo a violentas represalias. Y en esta democracia nuestra, por la estructura de país, un PP incapaz de acordar ni siquiera con otras derechas como la vasca o la catalana se complica el gobernar.

Segundo, porque Frankenstein, en la novela de Mary Shelley, por más hecho de trozos que estuviera, no era el monstruo, sino el perseguido por la turba enajenada.

Sopesar pros y contras y decidir

Carencias, errores y traiciones pueden y deben achacarse a este Gobierno central. Es terrorífica su política migratoria, defendida por el ministro Marlaska como poli malo y en plan poli buena por la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, que justifican matanzas como la de Melilla. Duelen el abandono de los saharauis, el aumento del 25% del gasto militar, el bloqueo de la Ley de Vivienda y la resistencia a derogar la Ley Mordaza. Irritan las peleítas internas.

Pero a la vez resulta innegable el saneamiento democrático que conllevan el traslado de Franco a una tumba sin honores, la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Aborto y Ley Trans en marcha en el Congreso que completan conquistas como la Reforma laboral, la Ley de Eutanasia, la Ley del Sí es Sí y la de Protección de la Infancia contra los pederastas. Todo esto en tres años.

Además de la última batería de medidas para, ahora, en plena crisis por la guerra de Ucrania con la fortísima subida de precios de suministros y alimentos, fijar un tope a los precios del gas y combustibles y limitar las obscenas ganancias de las energéticas, los bancos y oponerse al perdón de impuestos del PP de Madrid y Andalucía a las elites de millonarios poniendo en marcha el impuesto a las grandes fortunas. Decisiones que aprueba la mayoría social de forma abrumadora, según los sondeos.

Cierto que, a la vez, las encuestas electorales proclaman que si se votara ahora saldría un Gobierno de coalición PP-Vox. En 2023 se verá. Pero la mayoría social que durante años proclamamos nuestro hartazgo de la corrupción política, de los rifirrafes por el poder y exigimos hechos concretos, lucha por el interés colectivo, sentirnos representados… tenemos ahora en nuestra mano ver si la acción de Gobierno de estos tres años nos ha beneficiado. Y decidir si queremos que siga adelante o dejamos que pare.