La Junta le hace un escrache al Gobierno

La Junta de Andalucía anunció ayer un decreto por el que, en casos de “emergencia social”, bloqueará los desahucios mediante la expropiación de la vivienda al banco durante tres años. Además, impondrá multas de hasta 9.000 euros a aquellas entidades que dispongan de pisos vacíos y no los saquen en alquiler. La iniciativa, que entrará en vigor mañana mismo -cuando se publique en el BOJA- plantea de momento muchas dudas e interrogantes sobre sus beneficiarios, las condiciones en las que se va a aplicar, e incluso sobre su legalidad. Aunque la consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés (IU) dice que tiene “garantía jurídica plena como la luna llena”, hay muchas posibilidades de que el decreto acabe recurrido ante los tribunales. Todo esto está aún por ver. Lo cierto en estos momentos, 24 horas después, es que el anuncio del Ejecutivo andaluz ha conseguido dar un giro radical al debate sobre los desahucios, en tres frentes: político, partidista y mediático.

Con este anuncio, la Junta abre por el Sur un nuevo frente de presión, y muy potente, sobre el Gobierno de Rajoy. A las mediáticas protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se recrudecen con cada vez más polémica a las puertas de las casas de los dirigentes del PP y de su sede de Génova, se une ahora una acción directa, con resultados reales e inmediatos, desde la trinchera institucional. Una nueva pelota -que pesa como una piedra- en el tejado de La Moncloa, incapaz de responder sino con ataques a la oleada de indignación social por el drama de los desahucios.

La iniciativa tiene también un impacto de envergadura en clave partidista. Para empezar para el PSOE, cuya estrategia de oposición en Madrid sigue sin coger vuelo y se muestra carente de punch político. El decreto permite a los socialistas (aunque sea desde Andalucía y no desde Ferraz) recuperar la iniciativa política y el protagonismo en un asunto que, por su propia pasividad, estaba casi por completo en manos de la PAH. Otros dirán que, además, José Antonio Griñán está dejando en evidencia a Rubalcaba. Y podrían tener razón. En el caso de Izquierda Unida, muy criticada desde dentro y desde fuera por su participación en el gobierno de la Junta, lanza con esta medida a sus votantes un mensaje de calado: que las cosas se cambian mejor desde el poder que desde la oposición.

Y desde el punto de vista de la comunicación, se produce un radical cambio de tercio en el debate mediático sobre los desahucios, que el Gobierno estaba logrando llevar a su terreno, con unos medios -y no sólo los de la derecha- focalizados casi en exclusiva en los controvertidos escraches. En González Pons y sus niños y su puerta aporreada. En si los manifestantes son filonazis, filoterroristas, perroflautas del 15M, héroes anónimos o adalides de la no violencia. Se había llegado al absurdo -peligroso absurdo- de hablar más de los escraches que de la dación en pago. La estrategia de criminalización lanzada por el Gobierno comenzaba ya a arañar la impecable imagen pública de la PAH, que hace sólo unos días se vio forzada a difundir un vídeo para defenderse de los ataques de la caverna mediática y política.

El movimiento antidesahucios estaba necesitado de un Plan B frente a unos escraches que, en el fondo, no le gustan a nadie. Y ha venido desde Andalucía.