Entre todas la mataron y ella sola se murió

Apenas nueve meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en la que murieron 46 personas, España, y especialmente Andalucía han vuelto a estremecerse ante otro accidente devastador. Esta vez cerca de Urda, en Toledo, en la misma línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Dos trenes colisionaron dejando al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Dos tragedias que han sembrado el dolor en numerosas familias y han vuelto a poner en cuestión la seguridad de nuestras infraestructuras ferroviarias.

Las primeras informaciones sobre Urda apuntan a una autorización incorrecta desde el centro de control, después de que fallara un sistema de seguridad. La tentación de encontrar rápidamente al culpable forma parte de nuestra cultura, rápidamente exigimos explicaciones, responsabilidades y garantías de que algo semejante no volverá a ocurrir. Pero a poco que profundizas en el tema, todo parece más difícil de entender.

En sistemas complejos, como el ferroviario, el sanitario o el aeronáutico, el error humano puede desencadenar un accidente, pero un sistema de seguridad bien diseñado debe disponer de barreras capaces de impedir que la equivocación de una sola persona termine convirtiéndose en una catástrofe.

A partir de una investigación ferroviaria de 2024, relativa a un incidente ocurrido en la estación de Cuenca, ya se advirtió de los riesgos de confiar exclusivamente en la comprobación visual de un responsable de circulación, recomendando incorporar mecanismos técnicos adicionales. Aunque esta advertencia no permite establecer por sí sola las causas del accidente, todavía bajo investigación, sí nos invita a plantearnos una cuestión importante: ¿hasta qué punto la seguridad de nuestros sistemas depende de que las personas no se equivoquen, en lugar de estar preparados para evitar que sus errores tengan consecuencias irreparables?

Esta necesidad de mirar más allá del error individual, para comprender las circunstancias que lo hacen posible, constituye precisamente el eje de algunas historias cinematográficas que invitan a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad. En La otra víctima, un caso médico aparentemente rutinario, acaba en tragedia en un hospital sometido a una elevada presión asistencial. La película muestra el sufrimiento del profesional que comete el error, la llamada “segunda víctima”.

Algo semejante sucede en Vuelo IL8714, la miniserie inspirada en el accidente de Spanair de 2008. El responsable de la investigación, interpretado por Carmelo Gómez, insiste ante las presiones recibidas: “no estamos buscando culpables, estamos buscando posibles causas”.

Pero quisiera llevar esta reflexión un poco más lejos, hasta un terreno posiblemente más incómodo: ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, los ciudadanos, en el funcionamiento de las instituciones?

Vivimos en una sociedad en la que resulta extraordinariamente fácil identificar errores ajenos. Lo hacemos cotidianamente, en nuestras familias, empresas y conversaciones, y, por supuesto, también cuando hablamos de política. Desde la comodidad del sillón de nuestra casa sabemos cómo debería haberse gestionado un hospital, construido una carretera o administrado un presupuesto público. A toro pasado, todos sabemos qué decisión habría sido la correcta.

Pero ¿qué habríamos hecho nosotros con los recursos disponibles, la información incompleta, las presiones contrapuestas y las consecuencias de cada decisión?

Pocas veces nos detenemos a considerar las dificultades de quienes deben gestionar recursos limitados, atender demandas legítimas pero contrapuestas y tomar decisiones cuyos resultados no siempre pueden anticiparse.

Comprender esa dificultad no significa disculpar la incompetencia, la negligencia o la corrupción. Significa exigir una gestión rigurosa sin caer en la simplificación de pensar que todos los problemas tienen soluciones evidentes.

Y aquí aparece una responsabilidad de la que hablamos mucho menos: la nuestra, como ciudadanos. Solemos centrarnos en la responsabilidad individual de quien comete el error o en la institucional y política de quienes diseñan, financian y supervisan los servicios públicos. Pero rara vez nos preguntamos qué papel desempeñamos nosotros en el funcionamiento de esas instituciones.

Indudablemente, estas responsabilidades no son equivalentes. Un ciudadano no tiene la obligación de inspeccionar una vía ferroviaria ni puede considerarse culpable de un accidente por no haberse manifestado. La responsabilidad debe ser proporcional al poder, al conocimiento y a la capacidad de actuación de cada uno.

Pero tampoco podemos comportarnos exclusivamente como consumidores de servicios públicos que protestan cuando algo falla y se desentienden del resto.

La filósofa Adela Cortina, junto con Jesús Conill, plantea que asumir la responsabilidad ética por el bien común exige “hacerse cargo inteligentemente de la realidad, cargar con su peso y encargarse de ella”. Tres exigencias que deberíamos trasladar a nuestra condición de ciudadanos: informarnos antes de opinar, comprender la complejidad de los problemas y participar activamente para contribuir a resolverlos.

¿Exigimos transparencia sobre cómo se utilizan nuestros impuestos? ¿Nos interesamos por las prioridades presupuestarias antes de que ocurra una desgracia? ¿Participamos en asociaciones, reclamamos explicaciones o nos movilizamos cuando detectamos deficiencias? ¿O reservamos nuestra indignación para cuando las consecuencias ya son irreparables?

Y hay una cuestión aún más incómoda: ¿hasta qué punto nuestras propias exigencias contribuyen a configurar los sistemas que después criticamos?

Queremos trenes más rápidos, billetes más baratos, mayor frecuencia, puntualidad absoluta, más inversiones y menos gasto público. Todo simultáneamente. La competencia ferroviaria puede aportar ventajas indudables, pero también exige una supervisión rigurosa para que la presión comercial nunca comprometa la seguridad.

La investigación del accidente japonés de Amagasaki (2005), donde un tren circulaba a una velocidad excesiva cuando descarriló en una curva, causando 107 muertos, puso de manifiesto no solo deficiencias en los dispositivos de seguridad, sino también una cultura organizativa marcada por la presión para cumplir estrictamente los horarios. Una exigencia aparentemente razonable, como la puntualidad, puede convertirse en un riesgo cuando termina prevaleciendo sobre la seguridad.

No se trata de culpabilizar al viajero que exige llegar a tiempo, sino de preguntarnos si, como ciudadanos, prestamos suficiente atención a lo que no vemos: el mantenimiento, la prevención, la formación y los mecanismos de seguridad. Porque quizá la buena gestión pública no consista en conseguir siempre el servicio más barato y rápido, sino en garantizar que sea seguro, sostenible y fiable, incluso cuando ello exige asumir costes y aceptar limitaciones.