Nadie hablará de las diputaciones cuando hayan muerto

Se acabaron las diputaciones. En tres meses serán historia y nadie llorará por ellas. Es uno de los grandes titulares que se han trasladado sobre el acuerdo que este miércoles firman PSOE y Ciudadanos, y que parece poner un poco más cerca la investidura de Pedro Sánchez. La iniciativa nada muy a favor de corriente de la opinión pública, que tiene muy mala imagen de estas instituciones: la gente las ve anticuadas, ineficientes, refugio de ex alcaldes y pobladas por hordas de enchufados, cuando no nidos de corrupción como en el caso de las valencianas.

Algunos empiezan ya a hacer cábalas sobre qué va a pasar con sus 60.000 empleados en toda España o con los miles de millones que manejan. Otros, como los socialistas andaluces, alzan ya su voz de protesta y defienden la utilidad de unos organismos cuya desaparición dejaría huérfanos a miles de municipios pequeños con escasos recursos. Pero seguramente unos y otros estén yendo más rápido de la cuenta.

Primero, porque acabar con las diputaciones es una operación bastante más complicada de lo que parece, más aún en tres meses. De hecho, la letra pequeña del pacto apunta más a un cambio de nombre (consejos de alcaldes) y a ciertos cambios en su funcionamiento que a su supresión fulminante. Segundo, porque no hay reforma de la Constitución posible (exprés o no exprés) sin el apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. Y tercero, o quizá primero, porque PSOE y Ciudadanos siguen sin sumar una mayoría suficiente para formar Gobierno.

Con todo esto, la sensación es que el flamante acuerdo entre Sánchez y Rivera tiene más fundamento como movimiento estratégico que como programa real de legislatura. Una maniobra con varios objetivos: el fundamental, aumentar la presión sobre Podemos para forzar su abstención en la investidura, con un pacto sobre regeneración democrática al que le resulta complicado oponerse. Por otro, Ciudadanos refuerza su imagen de partido exigente, con nuevas concesiones por parte del PSOE que le arman de argumentos para justificar un voto afirmativo el próximo martes en el Congreso.

Cuestión aparte son las grandes preguntas que deja en el aire este acuerdo: ¿Esta es la reforma de la Constitución que necesitamos? ¿Vamos otra vez a reescribir la Carta Magna por la vía rápida y sin referéndum? ¿Tiene sentido un cambio constitucional en el que se deja fuera Cataluña, el modelo territorial, la sucesión en la Corona o el sistema electoral? Y en clave andaluza, ¿qué alcance tiene la oposición de Susana Díaz o de otros dirigentes del PSOE a la desaparición de las diputaciones? ¿Alguien puede pensar que los militantes socialistas, cuando les toque votar este fin de semana, van a bloquear la posibilidad de que Pedro Sánchez sea presidente por salvarlas?