Violencia de Género: entre el negacionismo y la invisibilización

Viene siendo cada vez más frecuente escuchar cómo representantes políticos, con una responsabilidad social concreta e ineludible, niegan de manera reiterada la violencia de género, realidad incontestable, e insultan a quienes luchan en pro de la igualdad entre mujeres y hombres con el objetivo de hacer de ésta una sociedad más justa, llegando incluso a humillar a las mujeres que han tenido la enorme desgracia de padecer en sus propias carnes la violencia por parte de quienes decían amarlas. Ante ello, no deja de ser sorprendente que ningún partido político se haya dignado a mencionar que determinados discursos no sólo carecen de encaje en nuestra Constitución, porque exceden los límites del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, sino que podrían tal vez merecer sanción penal.

Y es que resulta cuanto menos extraño que en este país, en el que los delitos de odio parece que permiten perseguir a raperos, chirigoteros y a feministas, el art. 510 de Código Penal se haya planteado tan rara vez como idóneo para perseguir a quienes con sus discursos fomentan o incitan directamente al odio, hostilidad o violencia contra las mujeres o las minorías sexuales; a quienes difunden escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido son idóneos para fomentar el odio, hostilidad, discriminación o violencia, incluida la de género; e incluso a quienes públicamente niegan o trivializan gravemente o enaltecen los delitos de violencia de género cuando esa conducta promueve o favorece un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra las mujeres o minorías sexuales. Porque a nada menos obligan los distintos tipos de la norma penal mencionada.

Los que no hablan o hablan poco

Junto a esos líderes políticos que niegan están,  por otro lado, los que no hablan o hablan demasiado poco, porque aunque nunca hayan negado la existencia de la violencia de género como hecho incuestionable e incluso como lacra social, tampoco tienen un especial interés en evidenciar las causas profundas del problema, invisibilizando así la importancia que tiene el sistema heteropatriarcal neoliberal a la hora de fraguar, como elemento estructural, la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género de la que se alimenta.

Sabemos que, como decía el filósofo George Steiner, “lo que no se nombra, no existe” evidenciando así la estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento. Este axioma ha sido ampliamente utilizado desde el feminismo para poner de manifiesto los peligros de la invisibilización de cuestiones de género fundamentales conscientes de que, en último término, negar e invisibilizar pueden pues tener las mismas consecuencias. Es más, invisibilizar bajo la cobertura de un posicionamiento en teoría igualitario puede tener efectos si cabe aún más destructivos que los de la propia negación, ya que como discurso, el de quien calla y no niega, puede resultar a priori más atractivo para quienes no se identifican con una ideología abiertamente machista, xenófoba y aporofóbica. Desde la mejor de las voluntades alguien puede pensar que negar e invisibilizar son cosas diferentes en una cultura que, como la nuestra, castiga mucho más la acción que la omisión. Pero al final, lo importante son los efectos.

Impunidad hacia la violencia sexual

En los más recientes congresos celebrados con ocasión del día internacional contra la violencia hacia las mujeres observamos cómo términos como los del heteropatriarcado o las denuncias contra el neoliberalismo han desaparecido. Por mucho camino que quedara por recorrer, las políticas españolas constituían hasta ahora un referente internacional en la lucha por la igualdad. En la actualidad, la sensación que reina entre especialistas es la de haber abandonado por completo la hoja de ruta. La involución es cada día más evidente. Hay violencia de género, sí, pero sus causas no aparecen claramente identificadas. Con ello se pierde la ocasión de contribuir a una conciencia social formada y, desde ahí, a avanzar en el diseño de políticas públicas idóneas para enfrentarse a estas lacras que descansan sobre un sistema de “privilegios de varón” que se ha normalizado y al que muchos no están dispuestos a renunciar.

En este sistema de privilegios la impunidad frente a la violencia sexual hacia mujeres, niñas y niños siguen siendo elevadísima (más del 80% de las víctimas de violencia sexual contabilizadas en España por estadísticas oficiales son mujeres, mientras que más del 90% de los victimarios son hombres); la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales continúa siendo abrumadora (en lo que va de año en España ya superamos el medio centenar); las mujeres se enfrentan a peores condiciones que los varones en el trabajo (la brecha salarial es del 24%)  y en el desempleo (perciben una pensión alrededor de unos 450 euros menor a la de los hombres) y las normas culturales siguen explotando su capacidad de cuidado dificultando la conciliación y por lo tanto que compitan en igualdad de condiciones en diferentes áreas de la vida (las mujeres dedican, entre otras cosas, dos horas más tiempo a las tareas del hogar diariamente que sus compañeros).

Las causas

Nada sucede al azar. La violencia de género tiene causas estructurales que la permiten y la fomentan; y ni negar el fenómeno, ni dejar de nombrar sus causas pueden sino ayudar a que el sistema actual perviva con sus privilegios y sus privilegiados. Tal vez sea el éxito del movimiento feminista en los últimos años el que haya hecho sentir a los sectores más reaccionarios la necesidad de enfrentarse de manera tan virulenta al creciente cuestionamiento de sus posiciones en las cúspides de las pirámides del poder. Ante tales ataques no basta con atacar el negacionismo. Toca seguir nombrando el fenómeno por lo que es, pero también cada una de sus causas subyacentes.