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El millonario supercomputador andaluz languidece desde abril a la espera de “una solución técnica” para funcionar

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, clausurando recientemente una jornada sobre prioridades TIC en las Administraciones Públicas de Andalucía

Javier Ramajo

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El supercomputador 'Hércules', presentado a bombo y platillo el pasado 22 de abril tras una inversión de casi tres millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, según presumió entonces el Gobierno dirigido por Juan Manuel Moreno, no está aún operativo ni está sirviendo de soporte en sus investigaciones a las universidades públicas y centros de I+D radicados en la comunidad como se anunció en aquella fecha. Un equipamiento que lleva más de nueve meses instalado en el Centro de Informática Científica de Andalucía (CICA), que está “listo” para funcionar pero que “no tiene la luz verde” para su puesta en marcha, según explica a elDiario.es Andalucía el propio gerente del CICA, Javier Hernández, por un “problema en el expediente de contratación”. “La máquina no está en producción por un problema administrativo entre la Junta y la empresa Atos, que es la que suministra la máquina”, lamentan profesores de la Universidad de Sevilla, quienes llevan tiempo interesándose por su utilización sin que hasta ahora hayan podido sacarle provecho de cara al análisis de grandes cantidades de datos.

El nuevo equipamiento, presentado apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas del 19 de junio del año pasado, no está en marcha después de haber pasado por un largo y difícil procedimiento administrativo de adjudicación a través de concurso público. El procedimiento formal para la adquisición de la máquina, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2014-2020) en un 80%, tuvo un importe de adjudicación sin IVA de 2.499.995 euros, esto es, solamente cinco euros menos que el presupuesto base de licitación. Atos, en segunda instancia, fue finalmente la empresa adjudicataria y encargada de la compra e instalación de esa dotación tecnológica de gran potencia y alto rendimiento tras un “complejo” proceso de adjudicación, reconocen fuentes que participaron el mismo, y que se formalizó definitivamente en octubre de 2021, según consta en el procedimiento de licitación completo publicado en la web de la Junta de Andalucía. El importe de adjudicación, con IVA, asciende a 3.024.993,95 euros.

La compañía Atos informó en abril que el nuevo sistema suministrado se situaba entre los cinco más potentes de España y permitiría multiplicar por hasta diez el ancho de banda que tienen las universidades y centros de investigación. Pese a la insistencia de este periódico, la empresa siempre ha remitido “a la información facilitada en la nota de prensa publicada” en aquel momento, que nada tiene que ver con que la máquina no esté en uso aún.

El  Centro de Informática Científica de Andalucía, que en una reciente reestructuración de competencias ha pasado a formar parte de la Agencia Digital de Andalucía, depende ahora de la Consejería de la Presidencia, encabezada por Antonio Sanz. Fuentes de este departamento de la Junta informan de que “en las tres últimas semanas” se han “iniciado acciones para poder poner en funcionamiento el supercomputador”. En ese sentido, detallan que “se debe implantar una solución técnica que permita realizar una separación efectiva de los flujos de aire frío y caliente que dan servicio al supercomputador y, hasta que no se efectúe esa actuación, formalmente no se habrá culminado el proyecto”. “Estamos preparando el procedimiento administrativo que nos permita poder ejecutar esta acción”, explican desde Presidencia.

Siete licitadoras, dos adjudicaciones

Al concurso público, con presupuesto base de licitación de 2,5 millones de importe neto, se presentaron siete compañías, entre ellas Telefónica y Fujitsu. En enero de 2020, el órgano de contratación aceptó la oferta presentada conjuntamente por las empresas GPIC e Ibermática, por importe de 2.376.256,91 euros, si bien Atos presentó un recurso especial en materia de contratación contra esa adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta, que provocó la suspensión de la tramitación del expediente en marzo de 2020. Ya en noviembre de aquel año, tras una modificación en los integrantes de la mesa de contratación, el contrato se adjudicó a Atos, tras una nueva valoración de proposiciones, por un importe cinco euros menos que el presupuesto base de licitación, como ya se ha dicho. El coste total subvencionable era de 4,235 millones de euros

A esa segunda adjudicación se presentaron “varios” recursos especiales ante el TARC, y el proceso volvió a quedar suspendido en enero de 2021. Tras tres resoluciones del Tribunal se acordó en agosto de 2021 el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato, quedando finalmente formalizada la adjudicación del contrato a Atos en octubre de 2021. El expediente de contratación, tramitado en la segunda mitad de la legislatura pasada, se inició en julio de 2019 y se celebraron en un año once sesiones de la mesa de contratación. “Ya íbamos bastante tarde”, dice una fuente que participó en la adjudicación de la máquina, que pesa 3.657 kilogramos y ocupa una superficie de casi 16 metros cuadrados. Para su instalación se necesitaron cinco kilómetros de cableado.

La adjudicación, aunque larga, fue “impecable” aunque “se retrasó por las impugnaciones de las empresas” y por “algunos problemas con los ordenadores”, comentan las fuentes participantes en el proceso, que indican que se trataba de un contrato “goloso” que despertó el interés de varias compañías tecnológicas que pugnaron por su adjudicación. “Fue una licitación muy compleja técnicamente hablando pero es un supercomputador muy necesario para el tejido investigador de Andalucía”, dicen esas fuentes. Después de que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en manos entonces de Rogelio Velasco, tramitara el expediente durante la segunda parte de la legislatura pasada, la gestión del CICA y del supercomputador dependía hasta unas semanas de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación hasta que, como se ha explicado, ha pasado a ser competencia de la Consejería de la Presidencia.

Esperando unas tarjetas

Javier Hernández, actual gerente del CICA, informa de que, amén del “problema en el expediente de contratación”, cuando se presentó en abril aún faltaba para su puesta en funcionamiento una serie de tarjetas informáticas encargadas de conectar unos ordenadores con otros. En estos meses se han terminado de adquirir esas tarjetas para la interconexión de los nodos, que llegaron “en verano”, y se ha formado para su uso a los técnicos “durante dos o tres meses” en un proceso que se ha alargado hasta este pasado diciembre. En abril decía la Junta que se había “culminado la instalación”. 'Hércules', desde entonces, ya está “preparado para funcionar, solo hay que darle al botón”, resume el gerente. Se trata de “un aparato muy complejo” y que “ya dio problemas en su instalación” en las fechas en que la Junta lo presentó. Ahora, en el centro están “a la espera” de que se resuelva ese “problema” administrativo para la recepción definitiva del supercomputador para que pueda dar servicio a la comunidad universitaria e investigadora.

La máquina cuenta con una memoria RAM de 47,5 terabytes (47.500 GB), una capacidad de almacenamiento de 1.000 terabytes (1 petabyte) y una potencia de cálculo que se cifra en 855 teraflops, equivalente a 855 billones de operaciones en coma flotante por segundo (flops), que es el parámetro empleado para medir el rendimiento de este tipo de máquinas. Eso podría asemejarse a casi 4.000 ordenadores personales de gama media trabajando al mismo tiempo. Además, está formado por 232 nodos de cálculo con 11.136 núcleos de proceso de última generación, aún a la espera de que pueda dar servicio.

Alerta por la “falta de ejecución” de fondos europeos

José Luis Martos García, responsable de Política Universitaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, critica en este sentido la gestión que la Junta de Andalucía está haciendo respecto a la captación de fondos europeos para proyectos tecnológicos y de investigación en materias clave para el desarrollo de otros proyectos en las Universidades ya que “no sólo no se están llevando a cabo los objetivos previstos, sino que incluso en proyectos que requieren un alto nivel de aportación económica, ni siquiera se han llegado a poner en marcha por lo que, tendrán que ser devueltos los fondos financiados por la Unión Europea por falta de ejecución”.

“Esta mala gestión de los fondos europeos puede dar al traste con la posibilidad de generar oportunidades para desarrollar iniciativas que son esenciales para las universidades andaluzas y que están ralentizando, cuando no frenando del todo, proyectos clave de los que dependen otros como es el caso de los fondos europeos obtenidos para financiar el proyecto para la instalación de un superordenador en el CICA, que no se ha puesto en marcha, habiendo transcurrido casi un año de su supuesta implementación, por lo que posiblemente tendrán que ser devueltos los fondos asignados por la UE”.

En ese sentido, otras fuentes cercanas al expediente para la contratación del supercomputador apuntan que “la Junta gastó gran parte de la financiación en remodelar el CICA y, cuando llegaron los ordenadores, no estaba terminada la obra”. Ello podría tener que ver con una reprogramación de la imputación del gasto contenida en un listado actualizado de las operaciones con fondos europeos, donde consta una operación de 'Mejora de las infraestructuras Centro CICA y supercomputación de CICA'. Ahí se explica que “se ha procedido a modificar la anualización del gasto para adecuarla a la actual ejecución del contrato”. “Las actuaciones se centrarán en la renovación y mejora de las infraestructuras y equipamiento del CICA y su Centro de Procesamiento de Datos, lo que permitirá la consolidación y mejora de una infraestructura científico-técnica esencial para la comunidad científica e investigadora de Andalucía”, dice el informe.

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