La regularización en los asentamientos de trabajadores del campo en Almería

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno este 15 de abril de 2026 llegó, por fin, cuando casi se la había dejado de esperar. Al menos, ese ha sido el sentir general de las personas migrantes desregularizadas que viven en chabolas en los campos de invernaderos de Almería. Aquí la tierra fue testigo en el año 2020/2021 de la esperanza y la lucha con la que los habitantes de los poblados de chabolas se autoorganizaron y salieron a las calles de San Isidro de Níjar para pedir mejores condiciones de vida y de trabajo. “Mi vida son mis papeles” es y ha sido siempre el grito más escuchado en un lugar donde gritar alto no es nada fácil.

En ese tiempo, con motivo de la pandemia de la Covid-19, la sociedad española se hizo consciente de manera fulminante de que había trabajos y trabajadores realmente esenciales, de los que no pueden faltar porque sin ellos se desmorona todo el castillo. Curiosamente, trabajos y trabajadores esenciales con unas condiciones laborales indignas e injustas. Las trabajadoras del hogar y los cuidados lo venían peleando desde antes, pero en el 2020/2021 se sumaron a través del reclamo de la 'RegularizaciónYa' los trabajadores del campo, organizando marchas y haciendo asambleas de trabajo en algunos asentamientos clave de la provincia, como el ya derribado por el Ayuntamiento de Níjar, asentamiento de Walili y el combativo asentamiento de Atochares. Sin embargo, “la vuelta a la normalidad” volvió a dejar en segundo plano esta demanda.

Las personas migrantes trabajadoras del campo del mar de plásticos en Almería sostienen la alimentación de varios millones de personas en España y en Europa. Sin ellos no habría en nuestras cocinas ni tomates, ni pepinos, ni pimientos, ni calabacines, ni berenjenas, ni sandías, entre otras frutas y hortalizas. La temporada 2024/2025 se cerró con unas exportaciones de más de 2,5 millones de toneladas y unos ingresos que rondaron los 4 mil millones de euros, un crecimiento elevado, que se espera sea superado en esta campaña 2025/2026. Pero esa riqueza no se ve cuando hablamos de los lugares desde los que se exporta. Sin ir más lejos, El Ejido, el municipio con más tierra invernada de España, es el que menos renta media al año tiene.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital

Todos los trabajadores que hay en los invernaderos de Almería son, sin excepción, personas migrantes. En su mayoría originarias del Norte de África, el Sahel o America Latina. Esto se debe a una confluencia de motivos, principalmente, a que se requieren trabajadores muy precarizados para poder sostener una industria terriblemente competitiva y depredadora, una industria donde se ajustan los precios en toda la cadena de producción de forma sangrante y el trabajador, última pieza de ese engranaje, asume el coste de ello en sus carnes.

Los trabajadores migrantes no precarizan ningún trabajo, como afirman los dirigentes de la ultraderecha y la extrema derecha española. Son simplemente el perfil idóneo para cubrir ese hueco necesario en la agroindustria. A diferencia de otros sectores como la hostelería o la construcción, donde también hay precariedad laboral pero se han aumentado las inspecciones laborales, en la agricultura intensiva bajo plásticos aún es habitual tener trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, trabajadores, por tanto, que pueden estar sin permiso de trabajo, plenamente expuestos a abusos laborales, explotación laboral o incluso trata con fines de explotación laboral.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital.

A ello se suma que como el contrato laboral es un requisito necesario para la tramitación del permiso de residencia y trabajo por la vía de los arraigos, los empresarios del campo hacen buen negocio con la desregularización sistémica que establece la Ley de Extranjería, pues venden esos contratos a los trabajadores migrantes a un alto precio (dependiendo del momento pueden rondar entre los 4000 y los 6000 euros), como también se venden los empadronamientos y otros documentos. Digamos, por tanto, que la Ley de Extranjería fomenta per se el negocio ilícito de la falsedad documental y produce también una mano de obra explotable hasta la esclavitud, muy rentable para la economía agrícola en Almería, en Huelva y en otros territorios como Murcia, Jaén o Lleida.

La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país

La regularización extraordinaria está siendo un paso fundamental, por tanto, para que muchas personas en el campo puedan escapar de esa trampa estructural de las fronteras internas o fronteras burocráticas que las atrapan durante años y las someten vital y económicamente. En el informe Frontera Sur 2025, APDHA constató que en el año 2022 había un déficit de 16.300 trabajadores del campo ocultos en comparación con los datos de altas del INE, calculando por lo bajo. Hoy sabemos que al menos 32.600 personas en la provincia han solicitado regularizar su situación administrativa, de las que estamos seguros que una amplia parte serán personas trabajadoras del campo.

Llegar hasta esa cifra no ha sido una tarea fácil. Esta regularización ha tenido algunos condicionantes, como la obtención de un certificado de vulnerabilidad por parte de entidades públicas o privadas habilitadas para ello, que ha generado gran nerviosismo en los inicios del proceso. Un informe tan exento de contenido como de sentido y significado. Unos plazos de presentación muy limitado que no han llegado ni a los tres meses, dejando fuera del proceso a personas que por su especial vulnerabilidad no han tenido acceso a un abogado ni conocimiento de ninguna entidad colaboradora en la zona. La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país. Una lucha de la calle, de los movimientos de personas racializadas, que constituye un hito democrático inigualable en nuestro presente contra la deriva fascista de la Europa que no sabe quién es porque no se acuerda de su historia.