Así afrontan los partidos las nuevas exigencias anticorrupción y de transparencia en sus programas
Si algo ha destacado en la sociedad española en los últimos años en relación con la actividad política es un incremento en el interés por esas cuestiones que nos afectan a todos y que redundan en mayor o menor medida en nuestro presente y futuro. Si la buena noticia es ésa, que la ciudadanía quiere de una manera u otra formar parte de su propio porvenir, la mala es que esa actitud viene provocada principalmente por un creciente número de casos de corrupción, por la necesidad de conocer qué hacen realmente los políticos con los impuestos y con los presupuestos públicos, y por la impresión de que el sistema, tal cual lo hemos conocido durante años, de alguna forma tiene que cambiar y regenerarse.
La corrupción, la transparencia y la regeneración democrática, aunque no son conceptos totalmente novedosos en política, sí que son nuevas exigencias para los partidos a la hora de ganarse la confianza de la gente, en contra o a favor según qué cuestión estemos abordando. Así, las elecciones andaluzas son el primer envite para muchos. Por eso los programas incluyen medidas, algunas más novedosas que otras, para poner fin a posibles corruptelas por si alguien se le ocurre meter la mano en la caja, abrir a la ciudadanía la vigilancia de las cuentas públicas y otros, y, en resumen, atender a una nueva concepción de la democracia.
Partido Socialista
El PSOE-A, por ejemplo, ha propuesto durante la precampaña una oficina de prevención del fraude y de la corrupción, una iniciativa destinada a prevenir malas prácticas y a fomentarla conciencia y participación ciudadanas en favor de la transparencia y la ética en la actuación pública, así como una una Hoja de ruta de Gobierno Abierto en la Administración de la Junta que permita implementar adecuadamente los pilares de transparencia, participación, colaboración, evaluación y rendición de cuentas.
'Por un gobierno con la ciudadanía' ocupa la primera parte del programa para aportar “un cambio de cultura y modelo en Andalucía que permita a la ciudadanía conocer, participar y colaborar en la gestión de los asuntos que les conciernen, evolucionando del gobierno para la ciudadanía al gobierno con la ciudadanía”, dicen los socialistas en su programa.
“Tenemos derecho a conocer a qué se destina cada euro de dinero público, los gestione la Administración o cualquier otra entidad”, dicen acerca de la transparencia presupuestaria como instrumento más adecuado “para evitar el posible mal uso de los fondos públicos y, por lo tanto, para evitar la corrupción”. En esa línea prometen que se aprobará una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos que definirá con mayor precisión y exigencia todos los aspectos que afectan a las relaciones de empleo de los altos cargos. Contendrá una regulación de carácter ético, una nueva regulación de las incompatibilidades y un régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de los deberes. Y se reforzará en el ámbito andaluz la normativa necesaria para evitar las llamadas 'puertas giratorias' a los responsables públicos y personal al servicio de la administración pública.
En esa línea prometen la publicidad periódica de las declaraciones de bienes, actividades e intereses y de las certificaciones de las declaraciones anuales del IRPF, de todo cargo electo, así como de su cónyuge. También establecerá los protocolos e instrumentos necesarios para prevenir el conflicto, vigilar su cumplimiento durante el desempeño del cargo y garantizar que se respetan las exigencias de incompatibilidad una vez que se cesa en el cargo, tanto para altos cargos de la administración como del Parlamento.
También defienden que, con carácter general, igual que ocurre en su partido, ningún cargo con un salario público perciba además otra remuneración por parte de su partido. Entre otros compromisos políticos con la transparencia están la publicación de sus cuentas anuales y el informe de auditoría, su registro y evaluación por parte de la Cámara de Cuentas o la publicación en un plazo determinado de la contabilidad de la campaña electoral y la minoración de la subvención parlamentaria en caso de existir descuadres.
El PSOE-A asegura que avanzará en la participación ciudadana impulsando el establecimiento de nuevos canales informales que permitan el contacto directo de la ciudadanía con las instituciones, sin menoscabo de la democracia representativa, y que faciliten su participación en el proceso de toma de decisiones. También se compromete a impulsar la participación institucional a través de las entidades que representan intereses de la ciudadanía, tanto el de caráctergeneral, de los agentes económicos y sociales a través de un nuevo modelo de diálogo social, como los de carácter sectorial, a través de las entidades de representación concretas.
El PSOE-A apuesta por continuar con el proceso simplificación en los procesos a través del impulso, con carácter transversal en toda la Administración, de nuevos mecanismos de control antiburocracia, que incorporarán procesos de auditoría administrativa y legislativa de manera “que elimine cualquier carga innecesaria del proceso”. Se une activar procedimientos más rápidos de pago a sus proveedores hasta alcanzar el objetivo de 30 días, de manera que ayude a reactivarla actividad económica.
Asimismo, plantea una revisión de las competencias de los empleados públicos que mejore su definición y la dotación de los puestos. En el ámbito de la Justicia “mejoraremos los servicios en justicia a través de la Oficina Judicial fiscal y mediante el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a esta materia”, dice el programa.
Partido Popular
Los populares, que centran en la lucha contra la corrupción uno de sus puntos fuertes de cara a convencer a los ciudadanos del voto, proponen en su programa una Ley del Buen Gobierno y el Estatuto del Alto Cargo de Andalucía que contemple medidas de transparencia, obligaciones y sanciones (destitución, la no percepción de indemnizaciones, la restitución de las cantidades indebidamente percibidas…).
También un Código de Buen Gobierno que incluirá obligaciones de comportamiento de los altos cargos en relación, entre otros asuntos, con el uso de coches oficiales y viviendas, estancias en establecimientos hoteleros, gastos en comidas y viajes y composición de gabinetes.
En sus líneas argumentales, proponen la reducción del número de altos cargos y asimilados y delegados, así como de personal de confianza. Y eliminación de los puestos políticos que no computan en las listas de altos cargos. También aseguran que impedirán los contratos blindados de alta dirección en los entes instrumentales y crearán un registro público de personal directivo de los mismos.
Defienden la publicación de forma detallada todas las retribuciones de los altos cargos. Estarán obligados también a hacer pública su declaración de IRPF y bienes, así como las relaciones laborales y contractuales de familiares de altos cargos.
Prometen la creación de la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía y un Registro de Exoneraciones. Publicarán toda la información relativa a la ejecución de los presupuestos autonómicos y apuestan por una reducción de los miembros de los órganos de extracción parlamentaria, así como por la limitación por ley del mandato del presidente de la Junta de Andalucía a un plazo máximo de ocho años.
Apuestan por una nueva regulación de las comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía para facilitar su celebración, así como la imposibilidad de vetar la comparecencia de altos cargos y personal de la administración en el Parlamento, e incluir en los presupuestos autonómicos una partida específica destinada a reforzar los medios de los juzgados que instruyen macrocausas y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Izquierda Unida
Dice IU que Andalucía debe alcanzar “una democracia plena y participativa”. Que llegue a la calle, la escuela, las organizaciones sociales, las instituciones… Y salte la crisis económica, que actúa como freno. Para ganar ese objetivo aseguran que hacen falta asideros como la lucha contra la corrupción. Un combate en el que entra el perfil público y el “desprestigio” alcanzado por partidos políticos e instituciones.
La federación de izquierdas adoptaría las recomendaciones del Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa, e instaría al Gobierno de la nación a modificar el Código Penal e incrementar las sanciones aplicables a delitos como cohecho, prevaricación o malversación de caudales públicos.
Otro medio para ese objetivo sería alcanzar la anunciada transparencia en la financiación de los partidos políticos, con mecanismos además que obliguen a justificar gastos mediante auditorías. Ahí entraría también un Código Ético para representantes y gestores públicos junto a la creación del Observatorio de Ética Política en el Parlamento de Andalucía. El propio reglamento de la Cámara andaluza quedaría reformado para constituir comisiones de investigación sin posibilidad de veto y una Comisión Parlamentaria no legislativa Permanente sobre Corrupción y Transparencia., según las propuesta de IU Andalucía incorporadas a su programa electoral.
La reforma de la Ley Electoral, con una limitación temporal de doce años o tres mandatos como máximo, ahondaría en la idea. Como medidas contra el transfuguismo o cerrar las denominadas 'puertas giratorias' con la incompatibilidad de altos cargos de la Junta a dedicarse en el ámbito privado, durante al menos cuatro años, al mismo sector que ocupó como cargo público.
Podemos
En el ámbito de la transparencia la nueva formación promete que todas las cuentas públicas serán accesibles a cualquier persona que lo desee, desde cualquier terminal y en cualquier momento, de manera a similar a como un ciudadano puede consultar la de su entidad bancaria.
Como novedad también apuestan por establecer una Ley de Lobbies (o grupos de presión). Con ello, se regularán las organizaciones de intereses en Andalucía y sus relaciones con los altos cargos o capacidad de influencia en la elaboración de normas.
Apuestan por desarrollar el expediente electrónico para contrataciones y presupuestos, de forma que se pueda conocer todo su desarrollo y ejecución, y habrá que publicar obligatoriamente la información sobre la publicidad institucional.
Podemos defienden también facilitar la constitución de comisiones de investigación en Parlamento andaluz sin posibilidad de veto, así como una auditoría del patrimonio inmobiliario de la Junta de Andalucía para una mayor eficiencia, según se desprenden de sus medidas.
En cuanto a medidas centradas en la lucha contra la corrupción, se ampliará la ley de contratación pública, con la prohibición de contratar con empresas condenadas por cualquier delito, extendiéndose dicho veto a las personas físicas responsables de su órgano de administración.
Se dotará de más medios y recursos a la Administración de Justicia, y se creará una oficina contra el fraude adscrita al Parlamento de Andalucía y que actúe con independencia de todas las administraciones. Podemos pretende ampliar a Andalucía la 'Directiva Villarejo' contra la corrupción y facilitar procesos denuncia que no impliquen represalias de los funcionarios superiores sobre los inferiores.
Proponen modificar las figuras del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas para lograr mayor capacidad de persecución de acciones de las instituciones y mayor independencia. Quieren desarrollar el artículo 138 del Estatuto de Autonomía en lo referente a la creación de un organismo de evaluación de políticas públicas, y establecer auditorías y participación ciudadana, como una propuesta integral que dote de mecanismos de una profunda y rigurosa investigación de las cuentas de la Junta de Andalucía.
Ciudadanos
Ciudadanos denuncia en sus primeras líneas de programa “la red clientelar que ha generado corrupción y abuso de poder” en la región por parte del PSOE-A y otros partidos que le han apoyado en el gobierno. Por eso, apuestan por la regeneración democrática para acabar con “la partitocracia”, aspirando a ser “garantía del Estado del Bienestar sin recortes en sanidad, educación o servicios sociales”, “donde no haya cabida ni para la corrupción y ni para el clientelismo político”.
“Levantaremos las alfombras de las administraciones e instituciones en Andalucía para descubrir y limpiar cuanto nos hayan ocultado: los ciudadanos merecen representantes públicos y gobiernos honestos que sirvan a la ciudadanía y hagan buena gestión del dinero público”, aseguran. Por ello, propondrán a todos los partidos políticos la firma de un pacto contra la corrupción, en el que se incluyan, entre otras, la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en casos de corrupción, la separación del imputado por delitos relacionados con la corrupción política del cargo público y exclusión de las listas electorales, la modificación de la legislación sobre la financiación de los partidos políticos, la prohibición de las condonaciones de las deudas contraídas por partidos políticos con entidades financieras o la elaboración de un registro público de todas las donaciones y las subvenciones que reciben los partidos políticos, de acceso sencillo y gratuito por parte de cualquier ciudadano.
La formación propone “administraciones transparentes, de paredes de cristal, donde el ciudadano tenga derecho de acceso a la información, derecho a saber cuánto, dónde y cómo se gasta el dinero de sus impuestos”. En esa línea señalan que los puestos de nivel inferior a director general o equivalente sean desempeñados por funcionarios de carrera en lugar de personal de libre designación.
Impulsarán, dicen, las “sedes electrónicas” o “portales para la transparencia” de la Junta de Andalucía y sus consejerías, como portales de acceso, a través de Internet, a la información autonómica y como herramienta para agilizar los trámites administrativos. Estos portales también deberán mostrar las actividades autonómicas más importantes de los grupos parlamentarios como plenos, actividades institucionales, propuestas, etc, y mostrar las retribuciones de todos los representantes públicos, incluidos los cargos directivos y de libre designación (asesores y cargos de confianza).
