El empleo y la lucha contra la corrupción son también el eje del programa del PP-A

Un total de 772 propuestas, 32 leyes y 90 planes componen el programa del PP-A para las elecciones autonómicas de Andalucía del 22 de marzo, presentado este martes y centrado en buena parte en la recuperación de la economía y la creación de empleo. En este sentido, consciente de que este continúa siendo el gran problema de la comunidad autónoma, el candidato del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que si es presidente llevará a cabo una gran reforma con el objetivo de “convertir a Andalucía en una máquina de generar trabajo” y anunció que la primera medida que se pondrá en marcha será un Gran Pacto Social por el Empleo y la Competitividad.

De hecho, como el resto de formaciones, el PP-A también habla de la necesidad de “un nuevo modelo productivo” en Andalucía, principalmente sobre cuatro ejes: industria, construcción, sector agrario y turismo. En paralelo, los populares prometen devolver a las nuevas empresas que creen puestos de trabajo la mitad de los impuestos autonómicos que paguen durante los dos primeros años de funcionamiento o cerrar convenios con entidades financieras para facilitarles crédito.

En este sentido, el PP-A aboga por una estrategia de industrialización, para que éste sea el motor de la economía, con propuestas como poner a disposición de las empresas que se quieran instalar en Andalucía suelo público a “coste cero” en los parques industriales de la Junta de Andalucía. En cuanto a la construcción, ya anunció esta semana medidas tendentes a que este sector genere 100.000 empleos en la legislatura, básicamente recurriendo a la obra pública: más infraestructuras de transporte o 300 nuevos kilómetros de autovías. En el sector agrario, destaca un plan renove para el campo, como otro de los pilares de la economía de la región. Y en turismo, tienen planes como la puesta en marcha de “playas inteligentes”, la derogación del Decreto del Litoral de Andalucía del que reniegan los populares o la regulación de los chiringuitos, todo enmarcado en una apuesta por la “excelencia”.

También hay propuestas concretas para fomentar la conciliación laboral y familiar, como la reducción fiscal por cada hijo entre 3 y 5 años, extensiva a todas las trabajadoras y no limitada como ahora a familias monoparentales, igual que la deducción del 15% por gastos de guardería de hijos menores de 3 con un máximo de 400 euros anuales por cada uno. La reactivación de las políticas activas de empleo y convocatoria inmediata de las subvenciones en la materia con controles exhaustivos para evitar el fraude son otras las propuestas, igual que nuevos incentivos para la contratación de jóvenes y un observatorio contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

En cuanto a impuestos, ya han ido anunciando desde el PP-A cuáles son sus ideas, y como otros, vienen con rebajas: una reducción en el IRPF, especialmente para rentas bajas y medias, de dos puntos para cada uno de los cuatro primeros tramos autonómicos (para bases liquidables menores de 60.000 euros), y de un punto en el resto, lo que supondrá una media de 400 euros en el bolsillo de los andaluces cada año para impulsar el consumo. Las bajadas que presentan son superiores para familias numerosas. También incluyen la ya prometida reducción progresiva hasta su práctica supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Otro impuesto que pretenden bajar es el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, mientras que el de las bolsas de plástico lo quieren eliminar.

Como en el eje de su oposición

Destacar también que muchos puntos del programa se centran en reaccionar frente a los principales escándalos de la Junta de Andalucía de estos años como el caso ERE o el fraude de la formación de los que han hecho bandera como oposición. Por eso, el PP-A apuesta por hacer de obligado cumplimiento las recomendaciones recogidas en los informes emitidos por la Cámara de Cuentas, establecer un registro de exoneraciones, la fiscalización de los fondos de la UE recibidos por la Junta de Andalucía en pasados ejercicios y modificar el reglamento del Parlamento de Andalucía para facilitar las comisiones de investigación, después de que le hayan vetado media docena esta legislatura.

Y relacionado con esto, la transparencia, en concreto con una medida que se ha quedado en el cajón de esta legislatura: una Ley del Buen Gobierno y el Estatuto del Alto Cargo de Andalucía. La idea de los populares es que “contemple medidas de transparencia y obligaciones del alto cargo y fije sanciones, entre las que destacan la destitución, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la restitución de las cantidades indebidamente percibidas, la obligación de indemnizar a la hacienda pública, la responsabilidad patrimonial si hay negligencia y la inhabilitación por un periodo de entre 5 y 10 años”. También proponen un Código de Buen Gobierno por el que los altos cargos tendrán nuevas obligaciones en asuntos como el uso de coches oficiales y viviendas, estancias en establecimientos hoteleros, gastos en comidas y viajes y  composición de gabinetes. No menos importante en esta materia considera el PP-A dotar de medio a la justicia “para que sea implacable” contra la corrupción.

Servicios públicos

En cuestiones como la sanidad, Juan Manuel Moreno ha insistido en que “no se romperá con el modelo existente sino que lo mejoraremos a través de cambios de  gestión y de incentivación”. Entre otras cosas, garantizan la reducción de las listas de espera, la recuperación, como mínimo, del 25% de la paga extra de 2012 en este año, que los sanitarios puedan posponer si lo desean su jubilación hasta los 70 años y respetar la objeción de conciencia para temas como aborto o la eutanasia.

Mientras, para la tercera edad, ha incluido propuestas como la elaboración de un Estatuto del Mayor como marco de protección de sus derechos e incrementar las plazas en residencias y centros de día. “Las familias han sido clave en este momento de crisis como factor de cohesión, por lo que no se van a escatimar esfuerzos en darles todo el apoyo que necesitan”, ha subrayado.

En cuanto a educación, ha prometido también un pacto en esta materia, que incluirá un Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2018, igual que ve necesario reconocer la condición de “autoridad pública” para el profesorado y aprobar una Ley de Convivencia Escolar. También incide en la necesidad de promover la gratuidad del bachillerato y la formación profesional de grado medio para garantizar la igualdad de oportunidades y un sistema de becas propio para Andalucía.

Pero los conservadores también hablan de otras preocupaciones que son permanentes en la izquierda. E incluso utilizan su terminología, como la renta básica, dado que figura en el Estatuto de Autonomía. Por eso, encontramos en su programa el compromiso de impulsar una “Ley de Inclusión Social que recoja el derecho estatuario a una renta básica, que garantice unas condiciones de vida dignas para los andaluces en situación de necesidad”. Y también hablan de desahucios: “Duplicaremos la actual dotación presupuestaria de las ayudas autonómicas al alquiler para personas incursas en un procedimiento de desahucio o de ejecución que hayan perdido su vivienda habitual con el objetivo de que lleguen a un mayor número”. De hecho, hay todo un apartado dedicado a la vivienda. Prometen, por ejemplo, poner en marcha un plan de construcción de viviendas públicas para alquileres sociales “en un marco de colaboración”, con un mínimo de 8.000.

Hay también muchas promesas que ya incluían en su programa de 2012, como limitar por ley el mandato del presidente de la Junta de Andalucía a un máximo de ocho años o celebrar las reuniones del Consejo Gobierno -y también el 28F- en cada una de las provincias.

Finalmente, destacar varias propuestas relacionadas con la cultura, donde quieren apostar por la recuperación del patrimonio y por un mayor compromiso con los grandes eventos que ya se celebran, tales como los festivales flamencos, de música o de cine. Darle usos culturales al Palacio de San Telmo, crear un archivo flamenco sonoro, o la declaración de los toros como Bien de Interés Cultural (BIC) son otras propuestas de este apartado.