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Andalucía, Next Generation: una oportunidad para avanzar hacia la transición ecológica justa

Reparto de fondos europeos en 2021, según establecen los PGE

Joan Corominas, Javier Aristu, Carlos Gentil, Manuel Pérez Yruela, Antonio Porras y Antonio J. Sánchez. Nuevo Diagnóstico de Andalucía

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Los deterioros que hemos producido en el ecosistema planetario desde la segunda mitad del siglo XX están en la frontera del no retorno. Este deterioro ecosistémico está transformando todos los equilibrios de la naturaleza y los humanos empezamos a sufrir sus consecuencias. El cambio climático es el más visible. Es una amenaza global que puede transformar la vida del planeta a corto y medio plazo.

El cambio climático va a afectar más a la región mediterránea y a Andalucía que al norte de la península. Para 2040, la temperatura aumentará 1,6º y la precipitación disminuirá un 2,4%, en relación con los niveles preindustriales. Esto provocará una minoración de la escorrentía de nuestros ríos del orden de un 10%. Los fenómenos extremos de sequías e inundaciones aumentarán su frecuencia. Las altas temperaturas afectarán a la salud de la población. Nuestros bosques mediterráneos acusarán un estrés en su desarrollo vegetativo y la biodiversidad de nuestros ecosistemas se verá alterada de manera irreversible.

La gravedad de esos datos exige medidas urgentes y drásticas de reducción del uso de combustibles fósiles y pasos decididos para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo. Se trata de alcanzar la neutralidad climática en 2050 con medidas que, respecto a 1990, reduzcan en un 55% los gases de efecto invernadero y la electricidad de origen renovable sea el 65%, las energías renovables en el sector del transporte sean un 24%, se mejore la eficiencia energética un 37% y se avance hacia una economía circular.

La pandemia de COVID-19 va a tener un gran impacto. Nos ha hecho ver que las medidas drásticas son necesarias para evitar males mayores y que son igualmente necesarias medidas de protección social y económica para ello. En este sentido, la Unión Europea ha reaccionado rápida y eficazmente ante esa amenaza, proponiendo políticas solidarias y proactivas, para avanzar en la transición verde y digital. En mayo de 2020 propuso el ambicioso programa Next Generation UE para reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación. De él ha surgido el Instrumento de recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID-19, dotado con 750.000 millones de euros para utilizar en el septenio 2021-2027. La mayor parte se destinará, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a financiar proyectos que permitan la transición ecológica y digital, que deberán estar ejecutados en 2027.

La UE destinará a España 140.000 millones de euros que deberán dedicarse a las actuaciones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), presentado en octubre por el Gobierno. Propone diez políticas de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo. El previsible apalancamiento privado que movilice los proyectos tractores públicos podría movilizar hasta unos 500.000 millones de euros de inversión del sector privado.

Las medidas para enfrentar la emergencia climática y propiciar la transición ecológica abarcan la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas, la regeneración urbana, la consecución de un sistema agroalimentario sólido, la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, las infraestructuras del transporte sostenibles, seguras y conectadas, el despliegue masivo del parque de generación eléctrica renovable, las infraestructuras eléctricas, incluyendo las redes inteligentes, flexibles y el almacenamiento de energía, y una hoja de ruta del hidrógeno renovable. Iniciativas acompañadas por una estrategia de transición justa para mantener el empleo y la actividad en los territorios afectados por la transición energética. A todas estas medidas se destinará el 37% de los fondos europeos, unos 52.000 millones de euros.

En este contexto, las posibilidades del desarrollo de energías renovables en Andalucía son altas. A esto ayuda el liderazgo actual de España en energía fotovoltaica y solar térmica y su buen posicionamiento en energía eólica.

En este contexto, las posibilidades del desarrollo de energías renovables en Andalucía son altas. A esto ayuda el liderazgo actual de España en energía fotovoltaica y solar térmica y su buen posicionamiento en energía eólica. En energía procedente de la biomasa hay una gran oportunidad en el aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales. Actualmente obtenemos un 17% de la energía primaria de fuentes renovables y un 33% de la producción de energía eléctrica. No parece imposible cumplir el objetivo europeo de producir un 65% de las necesidades de energía eléctrica con renovables en 2030.

En materia de gestión del agua, hay  que recuperar el buen estado ecológico de nuestros ríos, humedales, estuarios y aguas costeras, objetivo en el que estamos muy retrasados respecto a los requerimientos de la Directiva Marco. Habrá que asegurar el abastecimiento de agua a la población, en cantidad y calidad, como derecho humano. El regadío, principal uso del agua, con una débil garantía de suministro en la actualidad, deberá adaptarse, porque aumentará la demanda de agua por la mayor evapotranspiración debida al incremento de temperatura y dispondrá de menores recursos por efecto del cambio climático. En los próximos 15-20 años tendrá que descender la superficie en regadío en un 25%, que podría reducirse utilizando técnicas de riego deficitario controlado y pasar regadíos a secanos con riegos de apoyo. Habrá que diseñar estrategias para minimizar el efecto de estos cambios. Debemos prepararnos para una mayor frecuencia e intensidad de las sequías e inundaciones, primando las medidas de adaptación con soluciones basadas en la naturaleza.

La contaminación del aire, el agua y los suelos, de gran impacto sobre la salud humana y los ecosistemas, debe reducirse drásticamente empleando el principio de quien contamina paga. La producción de residuos debe seguir el principio de reducir, reutilizar, reciclar.

Los espacios naturales, entre ellos los agrícolas, deben gestionarse con el mínimo impacto posible sobre su biodiversidad, estableciendo corredores ecológicos que permitan la comunicación de los ecosistemas.

El sector agroalimentario andaluz debe orientarse hacia los objetivos de la estrategia europea De la granja a la mesa que nos garantice alimentos saludables, asequibles y sostenibles, ayude a preservar el medio ambiente y la biodiversidad, combata el cambio climático y consiga un equilibrio económico justo de la cadena alimentaria. Entre las directrices a seguir estarán el impulso a la agricultura ecológica, la reducción de un 20% de fertilizantes y un 50% de plaguicidas al año 2030, y reducir también un 50% los antibióticos destinados a la ganadería. Los mercados de proximidad deben ser una herramienta para acercar la alimentación fresca y saludable a la población. La agricultura andaluza, que ha resistido bien la recesión de 2008, debe aprovechar esta oportunidad para consolidarse como un sector de futuro, capaz de proporcionar la alimentación saludable que necesitamos y ser competitiva en el mercado europeo.

La transición a una sociedad más sostenible y postconsumista sólo será posible si es justa y se reparten los costes entre toda la sociedad y no sólo sobre los más desfavorecidos. Se trata de construir entre todos una sociedad más igualitaria y sostenible.

La movilidad de personas y mercancías es una de las claves del elevado uso de combustibles fósiles. Se debe disminuir la demanda de movilidad, primando el transporte público de personas, el uso de automóviles eléctricos, el aumento del transporte de personas y mercancías por ferrocarril a media y larga distancia y la disminución del transporte aéreo.

Nuestras ciudades deberán ser más sostenibles, evitando que sigan creciendo las grandes metrópolis a costa de desertificar el medio rural. La ineficacia ecológica de las grandes ciudades, dependientes de todos sus insumos de los territorios de su alrededor a los que devuelven sus residuos y contaminación, es evidente. Andalucía tiene una estructura poblacional más sostenible al mantener sus 12 grandes ciudades en el entorno de 100 a 700 mil habitantes, contando con una buena red de ciudades medias: 31 ciudades entre 30 y 100 mil habitantes, y 61 grandes pueblos entre 15 y 30 mil habitantes. Debemos potenciar un desarrollo armónico del territorio, potenciando las comarcas como nodos económicos, sociales y de servicios.

Se requerirá un nuevo urbanismo, que potencie los barrios como espacios de vida y no únicamente como dormitorios. La rehabilitación de las viviendas, especialmente en su mejora de la eficiencia energética, contará con importantes inversiones en el PNTR.

Todo esto afectará mucho a la sociedad andaluza, especializada en agricultura, turismo, ocio y construcción. Deberemos adaptarnos e intentar aprovechar estos cambios para diversificar el sistema productivo y buscar nuevos nichos en los que podamos tener ventaja. No podemos perder el tren de las nuevas tecnologías y la digitalización, lo que requiere una apuesta firme por la educación y el conocimiento.

La transición a una sociedad más sostenible y postconsumista sólo será posible si es justa y se reparten los costes entre toda la sociedad y no sólo sobre los más desfavorecidos. Se trata de construir entre todos una sociedad más igualitaria y sostenible. Avanzar en esta dirección es una necesidad, pero habrá no pocos obstáculos. Nuestro futuro depende de que seamos capaces de sortearlos y tengamos éxito en el empeño, aunque no consigamos la totalidad de los objetivos. Los fondos europeos de Next Generation son una excelente oportunidad para este avance, que habrá que aprovechar, porque quien sabe si habrá otra.

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13 de enero de 2021 - 21:01 h

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