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La cara oculta de los fondos europeos: la reforma de las pensiones y la precarización de la regularización laboral

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen

Ángela Aguilera, diputada andaluza, y Daniel Albarracín, economista y sociólogo. Miembros de Anticapitalistas

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El gobierno, ante la pandemia, ha depositado todas sus esperanzas en los fondos europeos. Un asidero que ha propiciado la UE estableciendo inicialmente ayudas financieras de hasta 540 mil millones, cuyo grado de uso depende de lo que soliciten los Estados Miembros en última instancia. Se hicieron a través de instrumentos financieros y de programas del Banco Europeo de Inversiones; el Programa SURE, para cubrir los costes salariales derivados de la paralización de la actividad económica; y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

También, posteriormente, ha aprobado un Fondo de Recuperación europeo, el Next Generation EU, que, por primera vez, empleará como garantía al presupuesto europeo para emitir deuda pública europea, por un potencial financiero de 750.000 millones de euros. De estos, 390.000 millones de euros lo serán en forma de transferencias, el resto en forma de préstamos. A estos últimos se recurrirá menos, o posteriormente, dado que la política monetaria del BCE va a facilitar financiarse barato en los mercados financieros. Desafortunadamente, y en una Europa llena de contradicciones, y a pesar de que esta brutal pandemia ha evidenciado las grandes carencias de servicios públicos como la sanidad, los fondos destinados a iniciativas de utilidad social, en materia sanitaria y ecológica, que son los que representan una prioridad, apenas tienen reservado 11.900 millones de euros para toda la UE. Además, gran parte de los fondos se aplicarán mediante los denominados PERTEs, que serán empresas con capital público al 50% y en el que las empresas privadas podrán obtener su beneficio cargando al erario público los riesgos de las operaciones. Lo de siempre, privatizando beneficios, socializando pérdidas.

El Fondo Next Generation permite a los gobiernos proponer su programa de aplicación de los fondos. Pero para aceptarlo las instituciones europeas tienen que validarlo, y contará con un freno de emergencia que cualquier Estado Miembro puede activar si no está conforme con dichos programas. El espíritu de la Troika se sentará, así, en cada gabinete de gobierno, autocensurándose, o vendrá a posteriori vigilado por la amenaza del veto.

En total, estimando el potencial máximo de financiación de estas medidas más la suma de la política de préstamo y compra del BCE y su flexibilidad cuantitativa, supondría un potencial de estímulo del 13,9% del PIB europeo para unos seis años, esto es, una máxima incidencia potencial sería del 2% del PIB anual –que será muy inferior si los fondos no se ejecutan o se aceptan totalmente los programas por la UE-. Dado además que la mayor parte de la financiación trae consigo la necesidad de devolverse, y que requieren de contribuciones nacionales previas, los estímulos tendrán un efecto neto nulo. Dicho de otra manera, la política pública europea está lejísimos de poder hacer frente, ni por su dimensión ni por su contenido, a esta crisis, ni a las que vendrán.

El Estado español podrá acceder a 140.000 millones de euros, durante seis años, de los cuales 72.700 millones serán transferencias. A una enorme distancia de lo necesario, más aún cuando casi toda la política económica del gobierno desarrollada ha confiado su cobertura a los fondos europeos. Se dispara la deuda pública al 120% del PIB en 2021, y se ha renunciado a una política propia. No habrá un impuesto sobre grandes fortunas o una elevación fuerte del tipo efectivo del impuesto de sociedades. Ni se impulsará una política de inversión pública robusta en materia sanitaria, educativa o de cambio de modelo energético, quedándose en mejoras poco significativas, y descartando la revisión de los compromisos de deuda pública, por ejemplo, o del artículo 135 de la constitución.

En Andalucía perdemos también una oportunidad extraordinaria para cambiar nuestro modelo productivo extractivo y de vertidos. Un modelo que nos condena a la dependencia económica y energética, y a sectores de bajo valor añadido. Valga resaltar que las exigencias del gobierno de las derechas andaluz, más allá de reclamar la financiación de los fondos por criterio poblacional, PIB y  desempleo de la comunidad, no ha dado ni un solo paso, sino más bien en sentido inverso, para diversificar nuestra economía, hipotecándolo todo a la especulación del ladrillo, privatizaciones, a la eliminación de “trabas” ambientales, o a proyectos “estrella” de industrias fósiles como el fondo de barril de CEPSA, bendecido con la declaración de impacto ambiental también desde el Ministerio de “Transición ecológica”.

Para más incertidumbre ante la crisis ambiental que padecemos, la literatura de los programas de estos fondos habla de impulsar la digitalización de la economía o la transición ecológica, y atribuyen un 70% para proyectos clasificados de este modo. Sin embargo, estos programas serán gestionados por las grandes empresas, mediante financiación pública y rentabilidad privada. Lo harán impulsando una digitalización altamente costosa en términos energéticos y materiales. Las iniciativas de transición ecológica se alinearán principalmente con proyectos de capitalismo verde, de más que dudosa sostenibilidad. Mucho nos tememos que el resultante de todo esto será una combinación de deuda pública, futuros recortes de servicios públicos, ajustes salariales, desempleo y quizá nuevos paquetes de impuestos indirectos.

Las condicionalidades que trae consigo, así, el Fondo de Recuperación y Resiliencia no se han hecho esperar. El gobierno está presentando las medidas para justificar la recepción de los fondos. Y, entre ellas, están dos que, ni qué decir tiene, contravienen la orientación, ya de por sí muy moderada, del programa con el que el gobierno de coalición se formó. Se trata de la reforma del sistema de pensiones y del marco laboral.

Solo un par de pinceladas: En cuanto al marco laboral, el gobierno está trasladando informes a Bruselas, paso preceptivo para la recepción de los Fondos Europeos. El resultado no es otro que formulaciones ambiguas que ni proponen medidas de calado e incluyen enunciados que, sin nombrarlas, refieren a medidas que amenazan un nuevo retroceso en los derechos sociolaborales.

A pesar de los avances que han supuesto la derogación de aspectos secundarios de la reforma laboral, la regulación del teletrabajo, o la mejora de los permisos parentales, entre otros, estamos muy lejos de la derogación de las lesivas reformas laborales del PP y del PSOE; y bajo la amenaza de reformas que profundicen la precariedad y la flexibilización de un mercado laboral muy castigado por el desempleo tras la pandemia. Mención expresa merece la gravísima situación del desempleo de las mujeres. Son necesarias, por tanto,  una nueva reforma laboral garantista, que avance en la democratización del trabajo, que castigue la temporalidad en el empleo (elevando su cotización a la Seguridad Social, el coste de despido), que recupere la inspección y la causalidad del despido, que incluya el tope de 34 horas a la semana sin reducción salarial, el establecimiento de la responsabilidad de la empresa principal sobre el personal empleado de las subcontratas y los trabajadores autónomos económicamente dependientes, entre otras medidas.

Aunque el relato mediático ofrecido por el gobierno traslada silencios atronadores, y ruidos que al final no parecen traducirse en nada apreciable, los informes trasladados a Bruselas, para poder solicitar la recepción de los fondos de recuperación, apuntan a una orientación concreta. Sin duda, conducen a un efecto neto negativo en los derechos en materia de pensiones, que son un salario indirecto y diferido clave de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Medidas de recorte como el endurecimiento de la jubilación anticipada. A más años de jubilación mayor porcentaje de disminución (ahora está en el 8% anual). El estímulo al aplazamiento en la edad de jubilación aumentando un 4% en la pensión por cada año de retraso. También se prevé prohibir la jubilación forzosa en los convenios. En los informes no se menciona directamente ahora la medida más lesiva: el aumento del tiempo de cómputo de 25 a 35 años, de cara a la determinación de la pensión final. Los cálculos oficiales indican claramente que en una segunda fase, para 2022, esta medida se incluirá. Su impacto medio puede ser una caída del 6,3% de la pensión.

El “salvavidas” de los fondos covid19 como vemos, ni nos van a salir gratis ni son definitivamente suficientes para superar el bajón económico y social.  Ya tenemos la certeza de que serán las grandes empresas las grandes beneficiarias del dinero público europeo, ahora falta por ver quiénes y cómo se pagarán las facturas. Mucho nos tememos saber quiénes sufrirán los recortes para saldar esa deuda.

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Publicado el
18 de febrero de 2021 - 20:15 h

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