Un exalcalde del PP de Almería tendrá que ir a juicio por la presunta compra irregular de un palacete

El exalcalde del municipio almeriense de Cantoria (Almería), Pedro Llamas, del Partido Popular, se sentará en el banquillo acusado de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la compra irregular de una parte del Palacio de Almanzora, un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo ha acordado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa, que ha decretado la apertura de juicio oral y ha remitido la causa a la Audiencia Provincial por la gravedad de las penas solicitadas. Una causa sobre la que el PP guarda silencio.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por el propio Ayuntamiento de Cantoria -ahora gobernado por el PSOE-, coinciden en que el entonces alcalde firmó en diciembre de 2009 un contrato privado de compraventa para adquirir parte del palacete por un importe de 360.000 euros sin seguir ningún procedimiento legal y comprometiendo fondos públicos al margen de los controles administrativos. Hechos por los que habría cometido los delitos que se le imputan y por el que la acusación y la Fiscalía piden penas de prisión de entre cuatro y seis años de cárcel.

Según los escritos de acusación, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la compraventa que se investiga se realizó de manera opaca porque se llevó a cabo sin expediente de contratación, sin informes técnicos ni jurídicos que avalaran la compra, sin consignación presupuestaria y pese a los reparos reiterados y por escrito del secretario municipal y de la Intervención, que advirtieron de la ilegalidad de la operación y trataron de impedir su tramitación.

La apertura de este juicio sitúa en otra causa al Partido Popular de Almería, tras las investigaciones del caso Mascarillas que obligaron a que Javier Aureliano tuviese que dimitir como presidente del partido y de la Diputación por su presunta implicación en el cobro de mordidas a través de contratos públicos. No en vano, Pedro Llamas fue alcalde de Cantoria durante una década y ha sido una figura destacada del Partido Popular en la comarca del Almanzora.

De hecho, políticamente se le considera un hombre muy relevante dentro del organigrama de los populares, pese a que abandonó la esfera pública en 2015 tras un largo historial de causas judiciales relacionadas con su gestión municipal, especialmente en materia urbanística. Una de esas causas le obligó a dejar la Alcaldía en 2013 por presunta falsedad documental.

Avisos ignorados

En esta trama concreta, uno de los elementos centrales de la investigación por la que Llamas tendrá que comparecer ante la Audiencia de Almería son los llamados informes de reparo, una herramienta de control interno de la administración local. Se trata de advertencias formales y por escrito que emiten la Secretaría o la Intervención municipal cuando detectan que una actuación política no se ajusta a la legalidad, ya sea por falta de presupuesto, por ausencia de informes preceptivos o por vulnerar la normativa administrativa o financiera.

En el caso del Ayuntamiento de Cantoria y el exalcalde Llamas, el secretario municipal certificó que no llegaron a ser elevados al pleno porque el propio regidor, como presidente del órgano colegiado y responsable de fijar el orden del día, omitió deliberadamente su inclusión, impidiendo así que el máximo órgano de decisión municipal conociera las advertencias sobre la ilegalidad de la compra.

Pese a ello, y siempre según la acusación, Pedro Llamas siguió adelante con la operación y dictó resoluciones expresas rechazando los reparos formulados por los órganos de control, ordenando continuar con los pagos sin dar cuenta al pleno, tal y como estaba legalmente obligado a hacer.

Pago opacos

Aunque el contrato se firmó en 2009, los pagos comenzaron a realizarse a partir de 2011 a través de pagos fraccionados y con cargo a partidas inexistentes o no presupuestarias, según consta tanto en el escrito de acusación como en el del Ministerio Fiscal. En total, el Ayuntamiento abonó 40.400 euros al vendedor entre 2011 y 2012. A estas cantidades se le sumaron además intereses a favor del particular, pese a que la Intervención municipal advirtió expresamente de que no existía base legal alguna para que una administración pública pagara intereses derivados de un contrato que nunca debió formalizarse. Sin embargo, el alcalde ignoró las advertencia que recibía a través de los citados reparos.

No solo eso, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este medio, los pagos se produjeron justo cuando las arcas municipales se encontraban en una peor situación financiera. Tanto que el Consistorio tuvo que pedir un crédito de 200.000 euros para cubrir necesidades básicas de liquidez en esas mismas fechas, lo que, para la acusación, agrava la irresponsabilidad de la operación. Este medio se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el PP para conocer su versión de los hechos, sin haber obtenido respuesta.

Por todo, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación de caudales públicos. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Cantoria, eleva la petición de condena hasta los seis años de prisión y diez años de inhabilitación por cada uno de los delitos. Ambas partes coinciden en reclamar que Pedro Llamas indemnice al Ayuntamiento con los 40.400 euros abonados, además de los intereses legales correspondientes.