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Instituto Confucio en la universidad

El rector de la Universidad de Sevilla en el encuentro telemático con el Instituto Confucio.

Mar Llera


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La Universidad de Sevilla acaba de recibir la certificación oficial para inaugurar un Instituto Confucio (IC) en colaboración con la Universidad Lanzhou Jiaotong (Gansú, China), gracias al apoyo institucional del Ayuntamiento de Sevilla y a la Cámara de Comercio de la provincia de Gansú. El centro se sumará a los ocho que ya funcionan en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Castilla-La Mancha y Zaragoza. Andalucía acoge, además, un conjunto de Aulas Confucio establecidas en 37 centros públicos de enseñanza primaria y secundaria.

Los IC son organizaciones educativas que formalmente se dedican a la promoción, difusión y enseñanza del idioma, el arte y la cultura chinas en todo el mundo, aunque su verdadero propósito es el desarrollo de una “diplomacia cultural” con vistas a la expansión del “poder blando” chino (soft power) y también del llamado “poder incisivo” (sharp power),[1] como más adelante explicaremos.

Por tanto, si bien el objetivo declarado de la iniciativa es impulsar la enseñanza académica de la lengua y la cultura chinas, lo cierto es que el proyecto satisface los intereses propagandísticos y expansionistas de Pekín, que pretende instrumentalizar las recientes acciones llevadas a cabo por las autoridades andaluzas para captar inversiones e impulsar el turismo chino.

La noticia sorprende porque tiene lugar en un contexto de alerta internacional sobre el papel que desempeñan los Institutos Confucio dentro de la actual estrategia geopolítica de China para subvertir el orden mundial y convertirse en potencia hegemónica (Doshi, 2021). Debido a ello y a las sospechas y acusaciones de operaciones de sharp power desplegadas desde los IC –infiltración, connivencia y/o corrupción de las élites, propaganda, espionaje, robo de propiedad intelectual, discriminación laboral, censura…-, durante los últimos años han sido clausurados casi un centenar de centros, la mayoría en universidades norteamericanas y europeas. Esta tendencia ha sido ampliamente documentada por la realizadora canadiense de origen chino Doris Liu, en su galardonado film In the Name of Confucius (2017), que ha gozado de excelente recepción en los foros parlamentarios occidentales. 

El escándalo sobre las injerencias ilegítimas de los IC ha alcanzado tales dimensiones que el régimen chino se ha visto obligado a realizar un lavado de imagen, desvinculando los centros de la oficina central Hanban, ligada al Partido Comunista Chino a través del departamento de propaganda United Front Work. Por consiguiente, los IC se encuentran ahora subordinados al Centro para la Educación y Cooperación Lingüísticas (CECL), que cuenta con el aval de un conjunto de prestigiosas universidades y empresas chinas, aunque distintos expertos (Peterson, 2021; Liu, 2021) aseguran que se trata de un cambio superficial, destinado solo a cubrir las apariencias. 

Partiendo de estas premisas, cabe señalar un dato indicativo de las consecuencias que podría tener el convenio firmado entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Lanzhou Jiaotong.  El China Defence University Tracker del ASPI (Australian Strategic Policy Institute) consigna tanto la Universidad de Lanzhou, como la Universidad Tecnológica de Lanzhou como centros que plantean riesgos notables en materia de defensa y seguridad para los países democráticos, debido a su estrecha colaboración con organizaciones militares chinas.

En este sentido es oportuno recordar que el comunicado oficial de la última Cumbre de la OTAN, de la que se ha hecho eco el Ministerio de Defensa de España, advierte con preocupación acerca de la actual estrategia de modernización militar china y la fusión entre los ámbitos civil y militar, dada la manifiesta instrumentalización de universidades y empresas para fines militares. Con una contundencia poco frecuente, los responsables de la OTAN afirman que  “las ambiciones declaradas y el comportamiento asertivo de China presentan desafíos sistémicos para el orden internacional basado en reglas y para las áreas relevantes para la seguridad de la Alianza”. Estos desafíos se están manifestando con particular contundencia en el Mar de China Meridional y en la creciente presión militar sobre Taiwán. Otra evidencia es la vulneración del Tratado Sino-Británico relativo a Hong Kong, donde Pekín ha rescindido de facto y de manera unilateral su compromiso de mantener “un gobierno, dos sistemas” como fórmula de gobernanza hasta 2047. Además, la Ley de Seguridad Ciudadana impuesta sobre los hongkoneses desde junio de 2020 conculca de modo flagrante libertades y derechos fundamentales, como han denunciado destacadas organizaciones internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch). A ello hay que añadir las políticas genocidas desplegadas por el gobierno chino en la región de Xinjiang contra la minoría uigur, que han merecido sanciones por parte de varias potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos y la Unión Europea. A este respecto Europa ha llegado a tomar una decisión sin precedentes al paralizar la ratificación de su reciente acuerdo con China en materia de inversiones.  

En lo que concierne específicamente a los Institutos Confucio, uno de los informes que ha tenido mayor impacto es el publicado en 2017 por la National Association of Scholars (NAS) de Estados Unidos, a cargo de Rachelle Peterson, bajo el título: Outsourced to China. Esta investigación documenta de modo específico la amenaza que representan los IC para las sociedades democráticas y los valores académicos de las universidades de acogida, ya que –sostiene entre otras cosas- restringen la libertad de expresión y ofrecen una narrativa tergiversada sobre China. Otras organizaciones académicas como la Canadian Association of University Teachers y la American Association of University Professors han analizado paralelamente esta problemática, llegando a similares conclusiones y recomendando a las universidades prescindir de los IC. 

Dentro del ámbito político internacional destacan las iniciativas legislativas desplegadas desde 2018 por la Administración estadounidense. Su propósito es vigilar de modo estrecho la actividad de los IC, que han sido clasificados como “misiones chinas en el extranjero”, a partir de las evidencias aportadas por los informes del Departamento de Estado y de la Comisión del Congreso de Estados Unidos sobre China. El entonces director del FBI Christopher Wray y varios responsables de servicios de inteligencia, tanto en Estados Unidos como en Canadá, han declarado públicamente que los IC constituyen una amenaza en materia de seguridad nacional, porque existen indicios de un espionaje que se ampara en la “ingenuidad” del sector educativo. Esta toma de conciencia propició que el Senador Ted Cruz lograra en 2018 la aprobación del Acta Stop Espionaje y Robo en la Educación Superior. Además, en 2019, una provisión del Acta de Autorización de Defensa Nacional prohibió el uso de fondos del Departamento de Defensa para programas de chino gestionados por IC y por sus instituciones de acogida.  

Nuestro país también tiene experiencia de lo que unas injerencias ilegítimas de los IC podrían suponer. En 2017 el IC de León habría logrado que la embajada china presionara al Rectorado de la Universidad de Salamanca para cancelar una actividad académica sobre Taiwán a cargo de la profesora de origen taiwanés Shiany Pérez-Cheng, sospechando que su orientación ideológica no sería acorde con la que mantiene el régimen.

Otra evidencia de las posibles irregularidades de los IC es que en 2011 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló el convenio marco suscrito entre la Consejería de Educación de esa comunidad y la oficina Hanban por considerarlo no conforme a Derecho, tras un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciano-Intersindical Valencia (STEPV-IV).

Tal sentencia avala el trabajo de las plataformas Stop Instituto Confucio y China Watch Institute, que vienen alertando desde hace años sobre el riesgo que supone integrar a los IC en el seno de nuestras instituciones a través de convenios contrarios a la Ley y además asimétricos, carentes de reciprocidad, que ponen en entredicho nuestra soberanía educativa y el principio de autonomía universitaria. Recordemos, por ejemplo, que el responsable de las Aulas Confucio en Andalucía dispone de despacho propio en las dependencias de la Junta de Andalucía y que, de modo alterno, en periodos anuales, representa la máxima autoridad educativa en lo que concierne a tales aulas. Éste y otros aspectos importantes relativos al personal docente de los centros podrían vulnerar aspectos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por la norma constitucional, el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto del Empleado Público, como ha señalado recientemente el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Antonio J. Sánchez. Entre los periodistas y académicos españoles que han sumado sus voces a esta denuncia se encuentran, entre otros, Juan Pablo Cardenal, Shiany Pérez-Cheng y quien firma estas líneas.

[1] Este concepto fue acuñado en 2017 por el think-tank National Endowment for Democracy (NED), que asesora al gobierno de los Estados Unidos, en un documento de referencia sobre China titulado Sharp Power: Rising Authoritarian Influence.

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