Si hace un año, cuando se debatió en el Parlamento la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, pedíamos perdón por un retraso que se medía en décadas, hoy hay que lamentar que la ley va despacio, exasperantemente despacio.
La ley andaluza suscitó grandes expectativas en el movimiento memorialista porque suponía un claro avance respecto de la ley estatal aprobada un decenio antes bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Por primera vez el marco de referencia eran los principios de «Verdad», «Justicia», «Reparación» y «Garantías de no repetición» establecidos por el Derecho Internacional para casos de violaciones masivas de los Derechos Humanos. Por primera vez las administraciones públicas se responsabilizaban directamente de exhumar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las decenas de miles de personas desaparecidas. Sólo en Andalucía se estima que sigue habiendo en torno a 50.000 personas asesinadas en fosas y cunetas, más que las que dejaron las dictaduras chilena y argentina juntas. Por primera vez una ley en España establecía, tras una enmienda peleada duramente por Podemos, la creación de una Comisión de la Verdad que permita, entre otras cosas, asentar en la sociedad andaluza el relato ajustado a la realidad de los hechos que durante décadas de terror y olvido se ha ocultado a la ciudadanía. Por primera vez se asumía también que el franquismo no había muerto con Franco, que ni siquiera había desaparecido del todo con las primeras elecciones democráticas de 1977, ya la ley llegaba hasta la conquista de la autonomía andaluza, para cubrir, entre otros, el asesinato en Málaga de Manuel José García Caparrós.
No se nos escapa la relevancia que tiene que una ley apoyada por el PSOE de Andalucía afirmase con claridad que los crímenes del franquismo, en tanto que «delitos de lesa humanidad», son imprescriptibles y no pueden estar sujetos a «leyes de amnistía». Esta visión crítica de aquella ley que tanto marcó la Transición disgustó a PP y Ciudadanos, quienes veían agrietarse un pacto histórico que había garantizado la impunidad de los asesinos y que entendía la «reconciliación» como el perdón y el silencio de las víctimas. La Ley Andaluza de Memoria Histórica suscitaba un rayo de esperanza para reformar la ley de Amnistía de 1977 en el Congreso de los Diputados, una reforma que garantizara, por fin, el acceso de miles de personas a una justicia que se les sigue negando después 80 años. Y aquí está la última gran decepción: el grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar la reforma de dicha ley, lo que habría permitido acabar con la impunidad de las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, robo de bebés y otros gravísimos delitos cometidos por el régimen de Franco y sus seguidores desde el golpe militar del 18 de julio de 1936 hasta bien entrada la Transición.
La ley sufre de una aguda parálisis por la extrema lentitud de su desarrollo reglamentario y por la falta de un esfuerzo presupuestario a la altura de las expectativas despertadas.
Duele que en un año no se haya finalizado un solo decreto y esto tiene graves consecuencias. En primer lugar, no se ha podido constituir el Consejo de la Memoria, órgano de participación del movimiento memorialista. De él dependerá la Comisión de la Verdad. Pero además, será el Consejo quien deberá informar los planes cuatrienales y anuales de Memoria Democrática y futuros decretos. Estamos, pues, ante un auténtico cuello de botella para la aplicación práctica de la ley. A esto se suma que sin decretos que concreten el régimen sancionador quedan impunes los frecuentes incumplimientos de la ley desde en el último año. Algunas autoridades del Partido Popular, desde exministros del gobierno a concejales de pequeños municipios, pasando por algún subdelegado y algún alcalde de capital de provincia, parecieran haber estado esperando una ley así para lanzarse a un frenesí de hechos que, por acción u omisión, han ofendido a las víctimas del franquismo: canto del Cara al Sol en el funeral del ministro Utrera Molina en Nerja en presencia de Ruiz Gallardón y Francisco de la Torre, jura de bandera civil con participación de tropas del ejército ante un monumento franquista en Dos Torres (Córdoba), homenaje fascista a Franco y José Antonio, autorizado por el subdelegado del Gobierno el pasado 20 de noviembre junto al cementerio de Lucena, a escasos metros del lugar donde se excavaba una fosa común. Por no hablar de agendas escolares franquistas, placas memorialistas demolidas, memoriales vandalizados, calles que no acaban de cambiar de nombre y símbolos que no acaban de retirarse. Y Queipo de Llano aún en la Macarena…
El otro gran freno es un presupuesto claramente insuficiente. Incluso con el aumento presupuestario de un 150% anunciado por el gobierno andaluz, partíamos de tan bajo que haría falta casi un siglo para cumplir, al ritmo inversor actual, el artículo 5.2 que establece el compromiso del gobierno andaluz de exhumar, identificar y entregar a sus familiares a todas las víctimas que se encuentran en las más de 700 fosas comunes localizadas hasta ahora. A falta de recursos adecuados es poco lo que puede hacer la Dirección General de Memoria Histórica y Democrática, pese a los notables esfuerzos de un director general muy comprometido con la causa. Así, se anuncian continuamente trámites de exhumaciones que no llegan a ponerse en marcha meses y hasta años después de su publicación en el BOJA, como en el caso de la fosa de Padul. Las pruebas de ADN se realizan con tal lentitud que algunos familiares han fallecido esperando sus resultados y la Dirección General se encuentra con dificultades incluso para ejecutar su ya escaso presupuesto (recientemente el consejero de Presidencia admitió que la ejecución de 2017 no llegaba al 80% de lo presupuestado).
En el apartado educativo de la ley tampoco se observan grandes avances, aparte de algunos anuncios de comisiones técnicas, instrucciones vagas anunciadas por la consejería o planes de formación del profesorado de los que no se conocen aún resultados. El hecho es que un trabajo del área de Memoria Histórica de Podemos Andalucía sacó a relucir que más de 40 centros docentes andaluces siguen teniendo nombres franquistas. Y, lo que es más grave, sigue habiendo placas o distintivos franquistas en centros como el CEIP Jardines del Valle en Sevilla. Es difícil concebir cómo se puede educar en Memoria desde centros que aún llevan nombres de violadores de los derechos humanos.
También dice mucho de la falta de interés real en desarrollar la ley que el primer «Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura» pasara absolutamente desapercibido el año pasado. La ley establece que ese día se celebre el 14 de junio y que las instituciones realicen diversos actos en conmemoración de la apertura de la primera fosa común exhumada en Andalucía. Sin embargo, en su primera conmemoración con la ley en vigor apenas se tuvo noticia de actos oficiales o actividades educativas o culturales de reconocimiento y homenaje.
Poco más se ha avanzado en los medios de comunicación, si bien es cierto que la televisión pública andaluza puso en marcha un programa dedicado a la memoria hace año y medio a petición de Podemos, como reconoció recientemente su director en funciones en el Parlamento. Pero se trata de un programa enclavado en una hora y un canal que no favorecen precisamente su audiencia, pese a los notables esfuerzos de su director y el indudable interés de los documentales y debates que ofrece el programa La Memoria de ATV.
En definitiva, el gobierno andaluz deja pasar un año más sin hacer justicia, sin tomarse en serio la reivindicación de la memoria de las personas a las que se les arrebató la vida por defender valores democráticos y de justicia social en Andalucía. Y sin acabar de contribuir a establecer un relato que deje claro que este no fue un problema de bandos enfrentados, que no se trata de reabrir viejas heridas en realidad nunca cerradas, sino de defender de forma firme y convencida los Derechos Humanos frente a quienes los violaron de manera cruel, sistemática y planificada levantándose contra un régimen democrático legítimo.
Un año más perdido en el empeño de empezar a sembrar semillas de verdad, justicia y reparación donde hasta ahora sólo han medrado la impunidad, la mentira y el olvido. En la Memoria también vale el «Sí se puede, pero no quieren».
Si olvidar es matar dos veces, «tener memoria del otro, recordarlo -como dice Castilla del Pino- es dotarlo de existencia». Es una forma de revivirla, de proyectar hacia el futuro, recogiendo el testigo de su ejemplo, de sus valores e ideales, la parte de vida, a veces enorme, que le fue arrebatada.
Jesús de Manuel Jerez
Diputado y responsable de Memoria Histórica y Democrática de Podemos Andalucía
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