Las asociaciones memorialistas venimos reclamando la puesta al día de la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley recogía aspectos muy importantes de las reclamaciones de las asociaciones y de las familias de las víctimas del franquismo, pero dejaba algunas lagunas que necesitan resolverse.
Así lo puso de manifiesto el Relator Especial de la ONU, quien planteó en su visita a España en 2014 que los temas relacionados con la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición no son asunto de política partidista o programas políticos particulares, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos. Insistiendo asimismo en la importancia de iniciativas del Estado y la sociedad civil que aglutinen demandas de todas las víctimas de los derechos humanos y del derecho humanitario, independientemente de su filiación política, o aquella de los perpetradores.
Es lamentable que en España, tanto la extrema derecha como la derecha extrema, hayan llegado a negar, a través de representantes cualificados, no ya los crímenes perpetrados por el franquismo, sino el propio hecho del golpe de estado contra el Gobierno legalmente establecido de la II República, que originó la guerra y la cruel represión, que solo acabó con la muerte del dictador y el restablecimiento democrático.
Pero es igualmente lamentable que, desde posiciones pretendidamente de izquierda, se plantee siquiera que la ley que se debatirá y aprobará -hay mayoría a favor en el Congreso de los Diputados-, declare la nulidad de la Ley de Amnistía del 77. Quienes, como quien esto suscribe, salió a la calle exigiendo Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía, no damos crédito a esta demanda y nos parecen absolutamente fuera de lugar algunos calificativos dados al proyecto de Ley actual.
La Ley de Amnistía del 77 fue demandada en la calle por sindicatos y organizaciones de izquierda que tenían a miles de sus dirigentes en las cárceles, habían pasado por ellas y/o habían sido duramente represaliados por el régimen.
La Ley de Amnistía del 77 fue una ley demandada en la calle por sindicatos y organizaciones de izquierda que tenían a miles de sus dirigentes en las cárceles, habían pasado por ellas y/o habían sido duramente represaliados por un régimen que odiaba todo lo que no era la absoluta voluntad del dictador y de sus acólitos.
El proyecto que se está tramitando recoge los compromisos del presidente Pedro Sánchez en la reunión de agosto de 2019 con el movimiento memorialista de todo el país: “que las políticas de Memoria se convirtieran por fin en políticas de Estado, junto con el cumplimiento que se da a los principios de justicia, verdad y reparación que venían recomendando los organismos internacionales de derechos humanos”.
Es crucial que, por primera vez, la ley incluya en su primer artículo el repudio y condena el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista, y que además se declare de manera expresa la nulidad de las condenas y sanciones dictadas por los ilegítimos Tribunales franquistas, junto con el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos perpetradas.
Se establece el derecho a la Verdad de las víctimas y de la sociedad en general, asumiendo el Estado el liderazgo de la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra y la dictadura y las exhumaciones de fosas comunes, con medidas tan importantes como necesarias. Entre ellas la creación de un Banco Nacional de ADN y un censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como la protección de los documentos referidos a la Guerra y la garantía del derecho de acceso a dichos fondos documentales para su consulta y con fines de investigación, creándose un Censo de fondos documentales para la Memoria Democrática.
El derecho a la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura se garantiza con la creación de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para la investigación de estos hechos, un avance histórico.
En el ámbito de la Justicia, además, se podrá obtener a través de un expediente de Jurisdicción Voluntaria una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos relacionados con las víctimas de la Guerra y la dictadura.
Es imprescindible la garantía de que todas las generaciones puedan conocer cómo se ha forjado nuestra democracia y cómo hemos llegado hasta aquí. La nueva ley va a introducir el conocimiento de la memoria democrática en las escuelas, y nadie podrá exaltar un régimen criminal como el sufrido durante décadas por los españoles y españolas. Leer las páginas más oscuras de nuestra historia es doloroso, pero necesario como garantía de no repetición. Estamos ante una buena ley. Apoyémosla sin fisuras.
Sobre este blog
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