Hace justo un mes, el pasado día 12 de noviembre, la presidenta de la Junta de Andalucía agradecía en un tweet a la periodista Mabel Lozano su trabajo y compromiso contra la trata de mujeres, con motivo de la publicación de su libro El proxeneta. Tres días después, Susana Díaz anunciaba en el Debate del Estado de la Comunidad el impulso de medidas para impedir que ningún medio de comunicación que publique anuncios de contactos sexuales o prostitución cubierta o encubierta reciba ni un euro de arcas públicas mediante contratación, subvenciones o publicidad.
En realidad, la igualdad y la denuncia contra la violencia de género se prodigan bastante en el discurso público de la dirigente andaluza. Tampoco es extraño que se pronuncie sobre temas cuya controversia lleva a muchos otros responsables políticos a permanecer en silencio. Así lo hizo con el reciente caso de Juana Rivas y volvió a hacerlo durante la intervención final del citado Debate, en una clara alusión al caso de “la manada”, cuya instrucción ha conmocionado a gran parte de la sociedad. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para merecer la atención de la opinión pública que parece más centrada en otras cuestiones como la crisis territorial.
Siendo cierto que la política va más allá del golpe de tweet y del discurso público -y que es en las entretelas de los órganos institucionales donde ésta se desenvuelve y donde los responsables políticos debaten, acuerdan, legislan y ejecutan decisiones fundamentales para nuestras vidas- cuando estos esfuerzos se dirigen a los graves problemas que sufrimos las mujeres, tampoco parece lucir demasiado.
En el pasado Debate sobre el Estado de Comunidad la igualdad se elevó al primer nivel de la política andaluza y tuvo un protagonismo inusual en un ámbito político tan relevante como este. Se anticiparon medidas como el citado veto a los medios que incluyan anuncios de prostitución, también las modificaciones de leyes como la de Protección contra la Violencia de Género y la de Promoción de la Igualdad de Género, y el desarrollo de la Estrategia contra la Violencia de Género. Es más, desde la tribuna del Parlamento se llegó a utilizar la palabra feminicidio para referirse a la violencia de género. Toda una novedad, pues es un término muy restringido al argot feminista y, por tanto, muy vetado en el político, por más que la cifra de mujeres asesinadas en nuestro país sólo este año ya roce el medio centenar.
Sin embargo, la respuesta de la mayoría del arco parlamentario, más preocupado por la inminente agenda política nacional o por el panorama catalán, fue escasa por no decir nula. La igualdad, una vez más, se dejó escapar por el sumidero. Tampoco el resultado de los titulares y análisis posteriores al Debate fueron más allá de tachar estas medidas, especialmente la referida a los anuncios en medios, de utópicas o extemporáneas.
Esta misma semana, el Consejo de Gobierno ha aprobado la reforma de la ley de violencia de género andaluza, incorporando como víctimas a hijos, dependientes, mayores y personas con discapacidad que estén a cargo de estas mujeres. También se consideran violencia de género, entre otros, el acoso sexual, la ciberdelincuencia, la mutilación genital o la trata. Y, aunque este asunto parece que ha tenido mejor acogida informativa, la realidad es que siempre parece haber algo más importante. Desde luego, con Cataluña no hay quien compita.
Incluso la igualdad (o desigualdad) de género catalana queda también relegada por la propia Cataluña y su conflicto. Un claro ejemplo de ello fue el cara a cara en un famoso programa televisivo entre Inés Arrimadas y Marta Rovira. Ninguna de las dos supo dar la cifra exacta de mujeres víctimas de la violencia machista en su comunidad, pero los comentarios y análisis posteriores del resto de medios de comunicación se centraron en otro desatino: el dato del desempleo, que tampoco conocían.
Ha pasado un mes desde que el Debate del Estado de la Comunidad tuviese lugar y los asuntos de género abordados pasaron sin pena ni gloria. También lleva un mes en el mercado la publicación “El proxeneta”. El éxito de esta historia tan cruel como real es rotundo y absoluto. También lo es el trabajo de denuncia contra la trata y a favor de los derechos humanos que su autora, Mabel Lozano, viene haciendo desde hace años a través del cine social.
Otro de los éxitos contundentes de denuncia pública y notoria que estos días las mujeres podemos apuntarnos en nuestro haber son las denuncias de acoso sexual que comenzaron por la industria del cine en Hollywood y que están teniendo un importante efecto dominó en otros sectores. La propia revista Time ha llevado el #MeToo a su portada y ha nombrado personaje del año a las mujeres que rompieron el silencio.
Parece que nuestros raseros se inclinan por valorar de manera más favorable la visibilización y la denuncia pública que el tratamiento político que la desigualdad reciba. No cabe, desde luego, la más mínima duda de que el trabajo y la valentía de estas mujeres estadounidense resulta imprescindible para combatir la discriminación y la violencia. Pero tampoco debe olvidarse que la reivindicación ha de ir acompañada de herramientas para prevenir y solucionar el problema y que quienes deben proporcionarlas son los responsables políticos. Por tanto, tan imprescindible son las denuncias públicas como el trabajo político y legislativo.
Ni debemos esperar que la solución a la desigualdad y a la violencia machista venga de la mano de personajes famosos, ni debemos permitir que la política se quede en una mera denuncia, por más impacto mediático que esta provoque. De lo contrario terminaremos precisando del compromiso de alguna celebrity que denuncie este asunto en los órganos políticos para suscitar la atención y el análisis de la opinión pública y de los medios de comunicación. Al tiempo…
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