El pasado 13 de septiembre tuvo lugar el debate y posterior votación de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, cuya aprobación era previsible pues contaba con el apoyo del PSOE y Ciudadanos (C´s). Por su parte, el Partido Popular votó NO, IU se abstuvo y PODEMOS, que resultó ser un innecesario y gratuito colaborador, votó SÍ; algo inexplicable, pues como poco era de esperar una digna abstención.
No por llevar en el epígrafe “derechos” y “discapacidad” debe ser apoyada sin más una ley. Quienes vemos peligrar nuestros derechos tenemos argumentos de sobra para rechazarla. Centrándonos en tres aspectos fundamentales, como son Educación, Accesibilidad y Asistencia Personal, en cualquiera de ellos se observan grandes y graves carencias:
Artículo 18. Protección del Derecho a la Educación. Contempla la posibilidad de escolarización en Centros específicos de Educación Especial y en unidades sustitutivas en centros ordinarios, lo cual es totalmente contrario al Artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en sus puntos 1 y 2 obliga taxativamente a la educación inclusiva. Una vez más, se legisla en contra de la Convención fomentando una educación potencialmente segregadora.
Artículo 19. Medidas del sistema público de Andalucía. En los apartados c) y l) se refiere exclusivamente a adaptaciones y medidas para el alumnado con diversidad (discapacidad) visual, cuando el acceso a los recursos y adaptaciones necesarias deben ser para todo tipo de diversidad funcional, independientemente de cuál sea ésta. Dicha exclusividad va en contra incluso de la Constitución Española.
Artículo 38. Asistencia Personal. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente, incluida en la comunidad y en igualdad de oportunidades con el resto de la población... Y nada más. Tras once años de estar en vigor la “Ley de Dependencia”, esta es la única referencia a la Asistencia Personal. Además, y por iniciativa de la Asociación VIAndalucía, el Parlamento andaluz aprobó hace cuatro años una PNL sobre Asistencia Personal, cuyo contenido, sin embargo, no queda reflejado en el articulado de esta nueva Ley, pues no recoge ninguna referencia al pago directo, ni a la no discriminación por motivo de edad, ni de diversidad funcional, etc. De esa forma, perpetúa el sistema asistencialista de la Dependencia y favorece la gestión basada en subvenciones, poniendo el derecho a la Autonomía Personal en manos de empresas y entidades que sólo buscan el beneficio económico.
Accesibilidad. Título VIII. Extenso articulado en el que no se concretan ni plazos ni presupuestos, por lo que no queda garantizado su cumplimiento. No introduce prácticamente nada de lo que ya estaba regulado a nivel nacional y que, por tanto, ya debería ser de obligado cumplimiento. Para esto no hacía falta una nueva ley. Otro grave problema que plantea es que deja el régimen sancionador en materia de infracciones urbanísticas a los ayuntamientos que, como sabemos, son los mayores infractores. Entonces ¿quién sanciona al sancionador que es el principal incumplidor? Hubiera sido ésta una buena oportunidad para crear un organismo que controle y centralice todo lo relacionado con las infracciones urbanísticas. Otra vez será... En resumen, con toda probabilidad, ocurrirá lo mismo que con el Decreto 293/2009 del 7 de julio y el Real Decreto Legislativo 1/2013, cuyo cumplimiento es muy deficiente.
Y estos son sólo algunos ejemplos, pues nada aporta sobre discapacidad cognitiva (el propio texto está escrito, como siempre, en un lenguaje poco comprensible y accesible) y pasa de puntillas sobre la atención temprana; no contempla planes de vivienda; nada propone sobre el derecho a la maternidad y plantea medidas que favorecen las empresas especiales de empleo, en vez de apostar por la inclusión y la convivencia en igualdad de condiciones, como sería esperable de una ley del Siglo XXI. Y así hasta un largo etcétera.
En suma, el Parlamento de Andalucía ha aprobado una Ley cargada de buenas intenciones conjugadas en futuro simple y con escasa o ninguna presencia de verbos en imperativo, que supone un retroceso como texto garante de derechos y socava aquellos ampliamente reconocidos y recogidos del colectivo; es decir, plantea medidas que van en contra de lo que promulga la CDPD; y todo ello, enmarañado en un sinfín de vagas promesas sin fecha fija de ejecución y ni partida presupuestaria, con lo que su destino será engrosar la larga lista de leyes-papel mojado tan abundantes en nuestra legislación.
Conviene recordar que la mencionada Convención no es otra cosa que una carta de derechos humanos y que, desde que fue ratificada por España en el año 2008, nuestro país debe adaptar su tejido legislativo a la misma. Por ello, votar SÍ a una ley que contiene artículos contrarios a dicho marco normativo internacional supone legislar en contra de los derechos humanos de las personas con discapacidad, más de 700.000 en Andalucía. Lo ocurrido el pasado 13 de septiembre en la casa, inaccesible por cierto, de todos los andaluces y andaluzas supone una oportunidad perdida de avanzar a una sociedad más justa e inclusiva.
Las personas que formamos las entidades abajo firmantes consideramos un gesto de indecencia política la aprobación de esta Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en cuya redacción final, además, se han ignorado las aportaciones del colectivo que a través de diferentes entidades, no sólo aquellas enmudecidas a base de subvenciones del Gobierno de la Junta, hemos aportado enmiendas y propuestas para enriquecerla con la visión de quienes conocemos y luchamos en primera persona por nuestros derechos. Por todo lo expuesto y mucho más, no la podemos aceptar.
Eliminando Barreras / Plataforma de Atención Temprana y Discapacidad Andalucía / VIAndalucía / Podemos Sevilla
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