El 12 de junio de 2017, el Tribunal de los Penal número 13 de Sevilla absolvía a todos los acusados de la supuesta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, y eran exonerados de toda culpa o delito en relación a dicha venta. De igual modo, una sentencia de la Audiencia Provincial Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del día 25 de marzo de 2019, hacia lo mismo con los acusados por los delitos de prevaricación, malversación, y falsedad documental, vinculados todos, sin fundamento como quedó demostrado, con la macrocausa de “los eres de Mercasevilla”.
Los jueces, desde el punto de vista legal, impartieron justicia. No cabe duda. Y se pronunciaron a favor de los acusados ante la evidencia de unas acusaciones infundadas, sin pruebas ni sospecha alguna. Quizá, la única excepción que, como siempre suele salir bien librada de casi cualquier causa sin pasar por los banquillos, fue la política, mejor dicho, la mala intención de algunos políticos.
¿Pues qué podría hacer la justicia ante los daños morales y los perjuicios económicos y humanos ocasionados por todos estos años de imputaciones maniqueas, acusaciones deliberadamente oportunistas, y el consecuente linchamiento mediático de unos imputados, hoy exonerados de toda culpa, a los que nadie pedirá jamás disculpas por ser utilizados salvajemente por la política o, mejor dicho, nuevamente, la mala intención de algunos políticos? ¿Quién y cómo van a resarcirlos? ¿Quién le pondrá ese cascabel al gato? Todos sabemos la respuesta, unos dirán qué gato, otros qué cascabel y otros no dirán nada y haciéndonos mirar hacia otro lado, todo se acabará.
Pero los perjudicados no sólo fueron estas personas inocentes obligadas a sentarse ante un tribunal para entretener al ruido mediático y ser usados como piedra política arrojadiza. En este juego cruel todos salimos perjudicados, como ciudadanos de un país que posibilita estas perversiones y como ciudadanos. Y es que Mercasevilla ya tenía muy adelantados los proyectos de traslado y construcción del nuevo Mercado Central de Abastecimiento para la ciudad en los terrenos de Majaravique (término municipal de La Rinconada). Sería un mercado moderno, con las últimas tecnologías, informática de vanguardia aplicada a la venta, distribución de mercancías, cámaras frigoríficas, adecuaciones sanitarias, en fin, un mercado del siglo en el que se supone que vivimos. Además, por su ubicación fuera de la ciudad, pero próximo a la vez, disfrutaría de la infraestructura logística óptima para no suponer una carga vial a la ciudad, como sí lo es ahora mismo, provocando enormes retenciones vehiculares provocados por el alto flujo de coches y camiones por una rotonda de entrada miserable con pocas, o nulas, posibilidades de mejora.
Pero ahí no cesan las afectaciones a los ciudadanos, ya que en los terrenos donde actualmente se ubica el mercado central de abastos de la ciudad, y que había de ser removido a Majaravique, estaba prevista la construcción de un parque de viviendas de venta libre y, para desesperanza de muchos, un gran número de viviendas sociales, que hubiesen permitido dignificar la vida de muchos ciudadanos, especialmente lo más jóvenes. Pero todo esto se suspendió a causa de una denuncia política que sólo buscaba el golpe de efecto mediático oportunista.
Las víctimas directas de la suspensión del traslado de Mercasevilla a los terrenos de Majaravique fueron, sin paliativos, los trabajadores. En el año 2013 Mercasevilla se vio obligada a iniciar un expediente de regulación de empleo forzoso (ERE) que incluía a la mayor parte de sus trabajadores a consecuencia de la suspensión del traslado y, por consiguiente, la no venta de los suelos donde actualmente sigue radicado el mercado. La empresa adjudicataria exigió a merca la devolución de todas las cantidades entregadas a cuenta de la venta, así como una indemnización por la ruptura unilateral de dicho contrato, ocasionando la eventual quiebra en la empresa, y la necesidad del ERE como solución a esta situación financiera.
Pero la cosa no quedó aquí, y una vez iniciada la maquinaria del lodo político, no sólo los responsables involucrados en la venta de terrenos fueron acusados, también lo fueron los trabajadores que se acogieron a las prejubilaciones, que tanto precisaba la empresa para sanear sus cuentas, por supuestos delito de malversación, por la misma mano que paralizo el traslado del mercado. 10 años de suplicios, y pingües gastos económicos nunca resarcidos, ha durado esta situación insostenible para la mayoría de estos trabajadores, tanto para los acusados de la supuesta venta fraudulenta y para los prejubilados, algunos doblemente involucrados en ambas causas. La presión mediática y social diaria se ha cobrado un precio carísimo, el juicio público orquestado desde los diferentes mentideros políticos los ha deshonrado y defenestrado, a ellos y sus familiares. Exceptuando, penosamente, a los nueve trabajadores incluidos en la nueva causa abierta el año 2016, y que finalmente, hace unos días, fueron definitivamente absueltos de todo delito, como no podía ser de otro modo.
La misma mano que paralizó el traslado, denunció a los trabajadores que se acogían a una prejubilación que salvaría a la empresa de los perjuicios económicos que la paralización del traslado conllevo. Ambas denuncias sin fundamento, sin más argumentación que el oportunismo político.
El 25 de marzo de este año, al candidato a la alcaldía de Sevilla por el PP, al visitar Mercasevilla dijo que quiere hacer de Mercasevilla el mercado más moderno de España. Cuando fueron las denuncias antes mencionadas las que impidieron esta realidad para la ciudad, también dijo que las viviendas sociales son una prioridad de su campaña electoral. Pregúntense quién fue el político que al denunciar paralizó el traslado de Mercasevilla, la construcción de viviendas sociales y la defenestración de decenas de trabajadores injustamente encausados.
Me pregunto quién puede impartir justicia ante semejante injusticia a pesar de todas las sentencias absolutorias.
Antonio Pastor López, extrabajador de Mercasevilla
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