Ecologistas presionan para que el Gobierno de Andalucía elabore una ley que evite la usurpación de los caminos públicos

Representantes de Ecologistas en Acción y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos se han reunido con el consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, para reclamar que la Junta de Andalucía elabore una ley que garantice la defensa de los caminos públicos, sujetos hoy día a constantes situaciones de usurpación por parte de propietarios de fincas porque no existen inventarios de los mismos en la mayoría de los términos municipales que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho a transitar por los mismos.

El grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha decidido tomar la iniciativa y cuenta con un borrador de una proposición de ley, que ha propuesta a los socialistas completar y presentar de manera conjunta. De momento, la receptividad ha sido poca, entre otras cosas porque desde la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, pese a que asumen la necesidad de contar con una ley de este tipo y dispone de “un borrador”, lo quiere posponer para otra legislatura, mientras Podemos pretende que se inicie ya un debate en torno a esto. 

El diputado de Podemos David Moscoso, quien ya propició la aprobación de una Ley de Senderos de Andalucía, la primera de su formación que ha conseguido ser aprobada por el Parlamento de Andalucía, sostiene que él está dispuesto a no presentar la proposición de ley que ha elaborado su grupo si el PSOE toma la iniciativa. “Lo importante es que se haga, no quién lo proponga”, ha apuntado.

Tanto Juan Clavero (Ecologistas en Acción) como Manuel Trujillo (Plataforma Ibérica de Caminos Públicos) han pedido que el Gobierno de Andalucía y Podemos “se pongan de acuerdo para tramitar un texto consensuado, de tal forma que pueda aprobarse antes de que finalice la legislatura”. El mismo mensaje se lo han traslado a Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía, con el que han coincidido en el Parlamento de Andalucía durante la reunión con el consejero y el diputado de Podemos.

“Es el momento de poner solución de una vez al grave problema de usurpación en manos privadas de caminos públicos en Andalucía, del que en las últimas semanas se están haciendo eco incluso medios de comunicación internacionales como Le Monde, que no dan crédito a que en Europa existan aún regiones como la nuestra en las que particulares se apropian de vías que son patrimonio de todos”, ha dicho Juan Clavero, a quien la defensa de estos itinerarios le ha costado más de un disgusto. El más conocido, el reciente episodio en que le tendieron una trampa con droga en su coche -como determinó un juez- cuando volvía de una marcha en defensa de los caminos públicos para menoscabar su honor y disuadirlo de esta lucha.

Manuel Trujillo ha resaltado “la buena disposición” que han encontrado por parte del Gobierno de Andalucía y Podemos. Ha recordado que las dos partes poseen textos en los que hay elementos en común, por lo que “es el momento de actuar con toda la responsabilidad para resolver una situación inaceptable en una región europea del siglo XXI”.

Territorios que lo han regulado

Hay un precedente de acuerdo en este sentido: el Cabildo Insular de Mallorca, tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, ha aprobado recientemente la Ley de Caminos Públicos más actual del país. Para Podemos, sería un hito reeditar este acuerdo en Andalucía. De momento, el resultado de esta reunión es que todos han coincidido en la importancia de elaborar una ley que cuente con el máximo consenso posible. En lo que no hay tanta coincidencia es en la urgencia de la misma. De 2001 es la Ley de Caminos Públicos de Extremadura, la única comunidad autónoma en la que se puede encontrar una referencia específica a estos itinerarios.

Cabe recordar que la mayoría de los caminos públicos son de titularidad municipal. Son más complicados de identificar que las vías pecuarias, porque pese a que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales obliga a los consistorios a elaborar un inventario, la mayoría no lo ha hecho. Otro de los problemas es que no existe una metodología que establezca cómo hacerlos ni ningún organismo que vele porque se cumplan dichos criterios.Serán públicos todos los caminos de los que el Ayuntamiento haya adquirido la propiedad por cualquier forma admitida en derecho (cesión, expropiación, usucapión, etc.).

Desde Ecologistas en Acción y Plataforma Ibérica de Caminos Públicos insisten en que los inventarios deben comprender las rutas de titularidad municipal y los derechos reales constituidos sobre las de de propiedad privada (servidumbres de paso). Pero es la falta de un control de este tipo la que según los conservacionistas propicia que los propietarios de finca se adueñen de estos bienes de uso público.