De la desescalada a otro pico: el del paro

El impacto de la crisis sanitaria en el empleo se hará sentir sobre todo en los territorios menos afectados por el coronavirus, en concreto Andalucía, Baleares y Murcia, según un análisis elaborado por expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que destaca que esta situación ha estallado “en el peor momento posible del año”, dado que el periodo entre marzo y junio ha sido tradicionalmente el de máxima contratación de cada ejercicio y durante el que se produce el descenso estacional del paro.

No sólo esto. El final del periodo de alarma -si se produce entre mayo y junio- coincidiría con el periodo de mayor número de bajas de afiliación a la Seguridad Social del año en un escenario sin corovonavirus. En concreto, junio, es el peor mes del año en esta estadística, y mayo, el tercero, después de septiembre. El pasado año se produjeron 5,5 millones de bajas entre mayo y junio en nuestro país.

El estudio, firmado por Florentino Felgueroso, Sergi Jiménez e Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), parte de la muestra continua de vidas laborales de 2018, que es la más reciente, para observar el flujo de contrataciones y salidas que se habrían producido si hubiera seguido la tendencia este año. Por provincias, las potencialmente más afectadas por el parón en la contratación, en términos relativos, son Huelva y Baleares, mientras que Cuenca sería la menos perjudicada.

En abril de 2019, el paro bajó en Andalucía en 26.225 personas, hasta un total de 779.094 inscritos en el SAE. En abril de 2020, primer mes entero en estado de alarma por la COVID-19, el SAE ha sumado 32.964 personas más, con lo que la comunidad autónoma roza el millón de desempleados: 978.297. Esa barrera psicológica se había logrado romper hace más de cinco años (enero de 2015) después de más de 40 meses. Marcaba un antes y un después en la recuperación de la crisis económica de 2008 que llevó a un millón y medio de parados en Andalucía en 2013 cuando la tasa de paro superada el 35%.

Ya había avisado la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que incluía medio mes en el estado de alarma declarado el 14 de marzo: la ocupación bajó en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Baleares (-67.100), Comunidad Valenciana (-32.100) y Andalucía (-28.900), situándose esta última en una tasa de paro del 21,21%. Esos datos marcan un camino incierto y de negros pronósticos.

De hecho, en el citado estudio apuntan que una reactivación de la economía conllevaría una subida en el flujo de contratación, incluso mayor que la que se produciría en una situación ordinaria, pero sería un espejismo, porque se avecinan “dos tipos de bajas masivas”. En primer lugar, las de aquellos trabajadores que se habrían quedado sin empleo en otro escenario y que lo han evitado por los incentivos y restricciones a la no renovación, cese y despido y, en segundo lugar, los que se den de baja por efecto del coronavirus, esto es, en los meses posteriores al final del Plan de Choque Económico del Gobierno de España, cuando se augura otra subida del paro.

Por otro lado, recuerdan que “es poco probable que todos los sectores experimenten una reactivación simultánea”, por lo que harán falta planes de choque específicos una vez finalizado el estado de alarma, como por ejemplo reclama Andalucía para el turismo, que se calcula que habrá perdido más de 50.000 empleos y serán el triple si no se reactiva a finales de este año.

El pico del coronavirus ya lo hemos visto pasar, por lo menos en este primer envite, pero el pico del desempleo está por llegar, con 75.397 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados solo en abril en Andalucía, cuyos afectados (408.742 según los datos publicados este jueves por la Delegación del Gobierno de Andalucía) no se incluirán en las listas del desempleo pero muchos pasarán luego a un ERE, sumados a las personas que han perdido el trabajo sin contar siquiera con este paraguas, y los contratos que no está produciendo.

Temporalidad

Que sean los territorios más afectados por la sangría en el empleo responde a que “su estructura de mercado de trabajo está marcada por la temporalidad, que son los empleos que más se han destruido”, explica Ignacio García Pérez. “Donde hay una temporalidad que supera el 40%, es mayor la fuerza de trabajo que deja de estar contratada. Se suele justificar diciendo que es porque son territorios dedicados a la agricultura o el turismo, pero no es una explicación completa. Cataluña por ejemplo tiene mucho turismo y no una temporalidad con estos niveles” agrega.

Este doctor en economía comenta que la probabilidad de que nos acerquemos a cifras tan dramáticas dependerá de lo que ocurra con las personas que están en los ERTE. “Tenemos más de 500.000 personas en un ERTE en Andalucía [en marzo fueron casi 90.000 los expedientes que se presentaron]. No han detallado cuántas con un contrato temporal y cuántas con un indefinido. Estos últimos están mucho más protegidos y cuando el ERTE desaparezca la mayor parte seguirá trabajando si se retoma un ritmo razonable. Porque, ojo, también hay que mirar cuántos ERTE no acaban en ERE. Pero todo parece indicar que se prescindirá de los temporales, porque las empresas no podrán sostener ese nivel de empleo”.

En su opinión, “es crucial que, igual que empezamos la desescalada sanitaria, empecemos otra laboral, por las que el sector público ayude a esas empresas para que salgan de los ERTE y puedan sostener el empleo. Ya no hablamos de crear empleo, que parece ciencia ficción, sino de mantenerlo cuando esto pase. Los bares no van a poner los mismos cafés, ni los restaurantes servir las mismas comidas, ni los hoteles tener el mismo número de camas ocupadas”.

Los descolgados del Plan de Choque Económico

Junto a estas estimaciones evalúan el Plan de Choque Económico, que tiene como objetivo “que nadie se quede atrás” y advierten de un colectivo que sí puede quedar descolgado: los parados sin prestación. Basta con mirar también la situación de hace dos años: entre en la semana previa a la declaración del estado de alarma y los dos meses siguientes, o sea, hasta mitad de mayo, fueron contratados 1,7 millones de parados. De ellos, más de un millón eran desempleados sin prestación que lograron sumar, por lo menos, una experiencia de empleo; el 40% en Andalucía.

Son empleos que no se están generando, por lo que, sin contar los desempleados con prestaciones -medio salvados por el Plan de Choque Económico- esta situación “puede dejar más de un millón desprotegidos (...) y las comunidades autónomas más afectadas serían Baleares, Murcia y Andalucía”, especialmente las provincias de “Almería y Huelva”.

Los desempleados que tradicionalmente entran en el mercado laboral en el periodo que ocupa este año el estado de alarma, “no sólo no generarán una renta, sino que tampoco generarán derechos a prestaciones”. Por ello, apuntan: “Sería muy conveniente realizar una evaluación en tiempo real de este impacto para identificar los colectivos que se vayan quedando atrás y dar los siguientes pasos con mayores garantías de eficacia”.

De hecho, en todas las recesiones previas, los colectivos más afectados son los menos cualificados. “Pasó en la crisis económica de los 70-80, en los 90 y en la última gran recesión. Y, lo que seguramente será más grave, este es un empleo que nunca se recupera o que cuesta mucho recuperar del todo”, aseveran.

Tres claves a corto plazo

En primer lugar, se fijan en los colectivos que más preocupan: los citados desempleados de larga duración sin prestaciones, que serán nuevamente relegados; pero también los recién incorporados a un mercado de trabajo muy debilitado o que simplemente no entrarán; y los trabajadores de mayor edad, que probablemente sean separados del mismo de forma permanente. “Para ellos, para evitar los problemas que se observaron en la gran recesión (segunda gran recesión en breve plazo), quizás fuera pertinente desarrollar, siquiera de forma transitoria, una renta mínima, de amplia cobertura y probablemente duración”, subrayan.

En segundo lugar, avisan de la “necesidad imperiosa” de una estimación del riesgo que tendrán los demandantes de empleo de quedarse atrapados en situación de paro. “Sin estos instrumentos será muy difícil que las oficinas de empleo puedan gestionar los ingentes volúmenes de usuarios a los que inevitablemente se van a ver abocados a atender en los próximos meses”, sostienen.

En tercer lugar, cuando se detenga la aplicación del Plan de Choque Económico, “se deberá seguir evitando la onda expansiva” de los coletazos de esta situación, “en especial entre los colectivos más vulnerables”.