Una decena de empresarios ratifica la denuncia por estafa contra el expresidente de la CEA
La Justicia empieza a ajustar cuentas con la CEA por el caso de las VPO sin terminar en Sevilla Este. Una decena de contratistas han ratificado entre el lunes y el martes en el Juzgado de Instrucción número 3 la denuncia por presunta estafa continuada contra el exdirigente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero, el actual secretario general de la patronal andaluza, Antonio Carrillo, y las empresas que participaron en la construcción de las viviendas.
Los vecinos afectados por la paralización de las obras en 2009, a quienes no se les ha devuelto el dinero adelantado al haber pasado la promoción a la Sareb, han convocado una concentración en los juzgados de Sevilla desde las 9.00 de este miércoles para coincidir con las declaraciones de los principales imputados. Fuentes del caso han indicado que es probable que Carrillo, también presidente de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, acuda a declarar, si bien Santiago Herrero ha solicitado el aplazamiento de su decaración al coincidirle con una cita médica.
El jueves declararán Juan Manuel Sanz y Antonio González, responsables de la constructora Domen Consulting, encargada de las obras hasta que entró en concurso de acreedores, mientras que para la semana próxima deberán comparecer otros representantes de las constructoras denunciadas, así como el ex vicepresidente de la CEA Juan Salas.
En esta causa se investigan los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de viviendas, aún inacabadas y que fueron promovidas por la mencionada Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la CEA. Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenro, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de viviendas conocida como 'Isbylia'.
Los empresarios aseguraron en la denuncia, ahora ratificada, que les adeudan cerca de 600.000 euros, y piden que se constituya fianza por ese importe “para garantizar las responsabilidades civiles derivadas el delito” y que “si no se constituye fianza en el plazo establecido, se proceda al embargo de sus bienes”. Fuentes de los denunciantes aseguran que hay otra decena de empresas que se están adhiriendo al proceso y que las deudas totales de la Fundación sumarían en torno a 1,5 millones de euros.
Los denunciantes solicitan que se les abonen las cantidades adeudadas por los trabajos e indican que los denunciados actuaron “de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting”.
La Fiscalía archivó un presunto desvío
Hace escasamente un mes, la Fiscalía de Sevilla archivó la denuncia presentada por la Sareb contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa por un supuesto desvío de fondos dirigidos en principio a la promoción de las citadas viviendas. El decreto de archivo aludía a que no había quedado acreditado “en absoluto, ni siquiera del informe que acompaña la denuncia, que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de Caja Madrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción”. La denuncia no puede dar lugar a una investigación a pesar del informe pericial de 135 folios aportado por la Sareb, asegura el fiscal, ya que, entre otras cuestiones, no está acreditado que las constructoras cobraran por obras en la promoción que no hubieran efectuado.
Decía el fiscal que en los contratos de ejecución de obra suscritos entre la fundación y las constructoras “ya se preveía una posible desviación de los costes que podía alcanzar hasta un total del 5% del presupuesto total”. Pero “es obvio que no es infrecuente se produzcan desviaciones del costo de las obras”. La decisión no sentó nada bien en la Sareb, que calificó de “vago” el escrito del fiscal si bien se limitó a decir públicamente que había cumplido “con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que pudieran tener apariencia ilícita”.
La decisión de la Fiscalía discurre también de forma paralela al proceso de concurso de acreedores necesario de la fundación que instó la Sareb a finales del año pasado y que, según el 'banco malo', es la mejor opción para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios de las VPO y los de los principales proveedores de la promoción.
