Los exjefes de servicio de Formación cuestionan a los interventores provinciales y defienden su gestión

Tras la comparecencia este lunes del exjefe de servicio de la Dirección General de Formación de Almería en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, han continuado sus homólogos de otras provincias este martes, y todos han incidido en la limpieza de su trabajo, poniendo en cuestión los informes especiales de los interventores provinciales de 2013 que detallaban irregularidades en los expedientes que les fueron remitidos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tras estallar los primeros avisos del supuesto fraude con las subvenciones en la materia en Huelva en 2012.

El primero en hacerlo este martes ha sido el que fuera jefe servicio de la Dirección General Formación de Cádiz entre 2006 y 2013, Antonio Juan Vidal, quien ha puesto de manifiesto que el sistema de auditoría en la justificación de los expedientes, pese a que era “legal y establecido”, no les daba “mucha tranquilidad”, lo que puso en conocimiento de sus superiores.

Preguntado por la diputada de C's Marta Bosquet si consideraba válidos los informes de auditoría, el compareciente ha explicado que “tenía que aplicar las normas”. El sistema de justificación empleado era sin presentación de justificante, “sino únicamente con una cuenta que estuviera visada por el auditor”. Para continuar: “Estos informes de auditor cuando llegaba intentábamos adecuarlo lo máximo posible a nuestra normativa, y no tenemos más remedio que darle curso”.

También ha confesado, a preguntas del PP-A, que cuando conocieron por la prensa las presuntas irregularidades del entramado de empresas del exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda por la formación, pusieron “más celo con estos expedientes”. En este sentido, ha trasladado el temor que se apoderó de su departamento a raíz de que comenzaron a saltar noticias sobre este supuesto fraude.

Ha sido el más crítico, porque luego le ha tocado al que fuera jefe de servicio de la Dirección General Formación de Córdoba entre 2002 y 2012, Manuel Gavilán, quien ha declarado que el informe especial realizado por el interventor provincial, Antonio Escudero, “se estudiará con el tiempo en las escuelas de auditoría como ejemplo de mala praxis”. Este hombre, que está investigado en la causa en los tribunales por el presunto fraude, ha insistido en que “no tiene fundamento” y que la conclusión a la que llega “se contradice con las salvedades que plantea”. Pese a ello, ha dicho luego que está convencido del “rigor y conocimiento” de Antonio Escudero, que ya pasó por la comisión de investigación para responder a preguntas sobre dicho informe.

“Se cumplió la normativa con creces, el seguimiento obligatorio por ley es del 5% y lo hicimos del 100%”, ha insistido el exjefe de servicio, quien ha defendido que el sistema de control del SAE es “más garantista” que el nacional y que la Cámara de Cuentas de Andalucía les felicitó por el “estado” de los expedientes.

Desde el PP-A han sacado a relucir su condición de militante del PSOE-A. De hecho, hasta mediados de julio de 2015 era vocal en la comisión ejecutiva provincial de Córdoba. Esta pregunta ha molestado a la comisionada del PSOE-A Marisa Bustinduy, que ha recordado que la afiliación a un partido es un “derecho constitucional” y que no entiende por qué se tiene que tener en consideración en este órgano. “No le vamos a preguntar a nadie por su estado civil, afiliación o creencias religiosas”, ha continuado, para luego agradecerle que tuviera “el buen gusto de dimitir” de su responsabilidad en el partido, tras su imputación, “dando ejemplo a quienes le han hecho esa pregunta”.

Le ha tocado luego al jefe de servicio de la Dirección General de Formación en Granada entre agosto de 2007 y enero de 2011, Magin Bolívar, quien ha considerado una “falta de rigor” por parte del interventor provincial, Miguel Gutiérrez, que haya dicho que ni la administración ni los beneficiarios “podían irse de rositas” en este caso. Este hombre, también investigado en la causa, ha insistido en que los expedientes estaban completos. “Más que por falta de documentación, el problema podría situarse en la remisión de esos expedientes”, ha proseguido, aludiendo también al traspaso de competencias entre consejerías como causa.

En esta línea, ha dicho desconocer las “irregularidades” puestas de manifiesto por el interventor provincial: “No me cabe en la cabeza que hubiera expedientes en los que solo hubiera una hoja o que estuvieran vacíos”. Es más, ha insistido en que “eran expedientes muy voluminosos”. Ha remarcado también que, cuando él estaba al frente, “estaban controladas las cosas”.

Mientras, la última en comparecer esta jornada, ha sido su sucesora, la jefa de servicio de la Dirección General de Formación de Granada entre enero de 2011 y febrero de 2013, Noelia García, quien también ha negado “deficiencias importantes” en los expedientes remitidos a la intervención provincial para la elaboración del informe especial de fiscalización. Pero ha reconocido que dicho envío coincidió con el traspaso de las competencias, que como otros, ha manifestado que fue “complejo”.

Pese a haber vivido el traspaso de competencias ha matizado que no está “justificando ni excusando” nada, pero que en una materia “con un calibre” como la formación, “no fue fácil”. Para puntualizar: “No estamos hablando de una simple mudanza”. Ha explicado que implicaba “traspaso de personal, cambio de ubicación y sede”, con lo que la sistematización de expedientes “era complicada”. Todo ello, tras ser preguntada sobre el “desorden y descontrol” en los expedientes que se recogía en el informe del interventor provincial.

Cabe recordar que este lunes, el jefe servicio de la Dirección General Formación de Almería entre 2008 y 2013, Blas Méndez, que fue el encargado de abrir la ronda de estos cargos, también defendió que “en todo momento” su departamento había cumplido con la legalidad vigente y que trabajaban “para que las cosas salieran bien”. También él está investigado en la causa en los tribunales. En sus respuestas a los diputados incidió en que en Almería no se ha encontrado “ninguna incidencia destacable”, sino que lo que las que recogía el interventor provincial que eran “mínimas y subsanables”.

Esta comisión de investigación fue creada en el Parlamento de Andalucía el pasado mes de octubre para depurar posibles responsabilidades políticas en el supuesto fraude con subvenciones de formación por el que hasta 18 juzgados de toda Andalucía abrieron diligencias. Se centra en subvenciones concedidas desde 2002, teniendo en cuenta que el último año con convocatoria fue 2011. Hasta el momento han comparecido los ocho interventores provinciales, que elaboraron en 2013 un informe especial, y dos exinterventores generales de la Junta de Andalucía, además de la directora general de Control, Evaluación y Calidad del SAE, que lo hacía este lunes como primer cargo de libre designación en pasar por las preguntas de los diputados.