La directora general de control del SAE defiende que se cumplió la legalidad con las subvenciones para formación
La directora general de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Jesús Moreno, ha apuntado este lunes que su departamento presentó un informe de alegaciones contra el dictamen de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2013 hablaba de irregularidades porque la agencia cumplió “con la legalidad que le era aplicable”, tanto estatal como propia, para otorgar subvenciones de formación para el empleo. Este alto cargo ocupa precisamente dicho puesto desde mediados de 2013, dado que se creó con la intención de que el SAE tuviera “un órgano de control independiente”, según ha relatado en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el supuesto fraude de la formación creada en el Parlamento de Andalucía, que ha recabado ya 30 horas de testimonios.
Cuando el pasado año recibió el informe de la Intervención General, que recogía a su vez las conclusiones de los ocho interventores provinciales de Andalucía, todos los cuales han pasado ya por la comisión de investigación, ella presentó alegaciones porque “se ponía en cuestión que se hubiera cumplido con la legalidad vigente”. Para ello se limitó a exponer la normativa y no verificó ninguno de los expedientes de subvenciones a los que hacían referencia los interventores porque no los tiene.
Cabe recordar que los interventores comprobaron una muestra de subvenciones de entre 2009 y 2012 (el último año de convocatorias fue 2011 pero pudieron tramitarse el siguiente ejercicio), toda vez que la posibilidad de reclamar dinero de los anteriores por incumplimientos ha prescrito, pese a lo cual la comisión de investigación se remonta a 2002 en búsqueda de responsabilidades políticas en una causa que ha llevado a 18 juzgados de Andalucía a iniciar diligencias. En todo caso, María Jesús Moreno no ha podido contestar a los miembros de la comisión de investigación sobre expedientes porque su función es comprobar si el órgano gestor “tiene debilidades o infracciones en la ejecución de su gestión”. Para insistir: “No veo expedientes, en los que sí puede haber irregularidad o deficiencia, lo que tampoco quiere decir infracción”.
En esta línea, ha recordado que los interventores hacían referencia en sus informes a que la documentación que se entregó para realizar el control carecía de determinados “documentos o evidencias para poder soportar que sí se cumplía con la legalidad vigente”, por lo que su departamento “ha aportado los registros” de que se ha respetado la legislación, si bien ha reconocido que no le consta que la Intervención General haya respondido a sus alegaciones, elevadas hace casi un año, lo que tampoco le parece “raro”.
Desde el PP-A, Teresa Ruiz Sillero le ha recriminado que este documento ha perdido “validez” y ha quedado “en papel mojado” porque luego han seguido otros informes de actuación de la Intervención General toda vez que no le constaba que el SAE cumpliera con las recomendaciones que le había hecho para corregir los problemas en la gestión de estos fondos públicos. La popular le ha recordado que es un cargo de libre designación, “por tanto testigo de parte”. Ha criticado que el PSOE-A propusiera esta testigo cuando, con todos sus “respetos”, no “puede aportar nada” para el objetivo de la comisión de investigación, toda vez que la compareciente ha negado conocer los expedientes.
Se impone la teoría de la mudanza
Mientras, Marta Bosquet, de C's, le ha preguntado por qué en su informe en defensa de las críticas de los interventores había usado expresiones “subjetivas” que había habido “indefensión”. La directora general le ha mencionado entonces las circunstancias excepcionales del momento en el que le pidieron la documentación por el traspaso de competencias. “Hay circunstancias objetivas que se debieron tener en consideración”, ha repetido. “No sé la razón de traspapelado expedientes”, ha comentado, incidiendo en que el SAE “no los tuvo antes para ordenarlos”, si bien no tiene “constancia” de pérdida de documentación. E incluso ha referido que las normas de auditoría, que recogen que “no se pueden exagerar ni enfatizar excesivamente las deficiencias”.
Para ella, “no es una excusa” la situación de mudanza en la que se encontraban por el traslado de las competencias en la materia entre consejerías. Para volver a mencionar “las normas de auditoría” que marcan que las evidencias pueden ser físicas, testimoniales, documentales... “En este caso se eligieron las documentales en unas circunstancias que pudieron dificultar su obtención”, ha remarcado, a lo que Marta Bosquet, le ha preguntado entonces si esa mudanza fue oportuna toda vez que ya habían saltado alarmas sobre los fondos de formación.
No ha sido un buen trago para la directora general, el primer cargo de libre designación que pasa por la comisión de investigación, este interrogatorio. Es más, Teresa Ruiz Sillero ha llegado a pedirle perdón “por el mal rato” que la estaba haciendo pasar, pero insistiendo en que su comparecencia no era útil. La directora general, se ha despedido de los comisionados manifestando que había sido “un honor” pero que se había visto sometida a una situación de “coacciones e incomodidad” lamentando que los funcionarios que vayan a tener que comparecer luego vayan a “tener que pasar por lo mismo”.
