La interventora de Fondos Europeos y Subvenciones reconoce que la “desconfianza” se instaló en la UE por la formación en Andalucía
La interventora del área de control de Fondos Europeos y Subvenciones, María Teresa Arrieta, ha reconocido este lunes que la “desconfianza” se instaló en la Comisión Europea con la gestión de estas partidas a raíz de “las noticias” publicadas sobre el supuesto fraude de formación en Andalucía. Lo ha dicho en el marco de su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en la gestión de las subvenciones de formación profesional para el empleo (FPE) desde 2002, donde ha confirmado que la Comisión Europea les obligó en 2014 a “descertificar” un montante de 46,9 millones de euros y decidió “reprogramar” y eliminar esta línea de financiación.
Por su “experiencia con otras cuestiones”, ha podido precisar que “el reintegro se va a pedir y la Junta de Andalucía ya se ha adelantado” no pidiendo el reembolso que tenía pendiente, igual que ha insistido en que ya no hay fondos para este concepto. “No quiere decir que fueran todos irregularidades, sino que fue una decisión del Fondo Social Europeo de reprogramar y destinar el dinero a otras finalidades”, en concreto a formación reglada, según ha matizado posteriormente, cuando incluso ha lamentado haber usado “un calificativo, que puede que no sea el más oportuno”, tras ver las reacciones que sus palabras han tenido entre los diputados que componen la comisión de investigación. También ha precisado que no quiere decir que Andalucía pierda ese dinero, porque no irá para FPE pero “puede ser para formación reglada”.
En esta línea, ha explicado que la descertificación se puede producir “siempre” y que no es excepcional. Lo ha definido como “una anotación negativa asociada a un motivo” de incumplimiento que debe ser trasladada hasta el Gobierno de España que es “el que rinde cuentas a la Comisión Europea”. Ha insistido en que lo descertificado implica que el gasto no es financiable por fondos europeos, pero no quiere decir que no cumplan las requisitos para optar por ejemplos a otros de la Junta de Andalucía.
En este contexto, la adjunta a la Intervención General de la Junta de Andalucía ha expresado que no sabe cuánto dinero se ha gestionado para FPE entre 2002 y 2011, o sea desde que el periodo que es objeto de esta comisión de investigación hasta la última convocatoria de estas subvenciones. Sí ha especificado que su departamento ha auditado 481 expedientes sobre un total 277 millones de euros, que es la muestra elegida para el periodo. De esa cantidad se han propuesto el reintegro de 5,9 millones de euros. En “muchos casos son reintegras parciales” que deben hacer los beneficiarios. “El 88% de las propuestas de reintegro se han llevado a término. Es decir, o bien se ha reintegrado el dinero o se ha pasado a vía ejecutiva”, ha expuesto, si bien ha subrayado que del resto se desconoce la situación. Esos reintegros se han propuesto por ejemplo incumplimiento del compromiso de contratación de los alumnos de los cursos, porque la labor de su departamento “no es sólo verificar que el gasto se ha hecho, sino que se ha cumplido el objetivo del programa”.
Por otra parte, ha expuesto también que para estos fondos europeos se pasa por cinco filtros de control. El primer responsable es el órgano gestor -en este caso el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)- y luego pasan los controles de la Dirección General de Fondos Europeos, como intermediario, o sea la suya; para continuar con los informes de fiscalización previa de los interventores provinciales, que ya han comparecido; los que se realizan desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que en realidad “controla a los verificadores”; y concluir con la Intervención General de la Junta de Andalucía, que ha también ha pasado por la comisión de investigación. “¿Cómo es posible que no se detectara nada de los que están investigando 18 juzgados en ninguno de esos controles?”, ha inquirido la portavoz de IU, Elena Cortés, una pregunta que se ha quedado en el aire.
Máxima tensión cuando ha sido interrogada por la portavoz del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, quien le ha recordado a la interventora que ella habló de menoscabo de fondos públicos en sus declaraciones para la UCO de la Guardia Civil, como ha quedado publicado “en la prensa”, y le ha exhibido un recorte de periódico. Sin embargo, la interventora lo ha negado y ha hablado de “manipulación” de sus palabras, tras lo que Teresa Ruiz Sillero, la ha acusado de desdecirse en “muchísimas declaraciones”. María Teresa Arrieta ha llegado a apuntarle a la popular que si no iba a creerla para qué le preguntaba, en un cara a cara en el que la parlamentaria ha sido especialmente dura con ella. “Las presiones a la comparecientes son intolerables”, ha exclamado el diputado del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, a quien el presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (C's), le ha tenido que cortar el micrófono.
