El hermano de Báñez dice que tenía un avisador para ir a todos los suelos de Andalucía

Eduardo Báñez García, hermano de la ministra Fátima Báñez, consejero delegado de Construcciones Juan Robles, ha reconocido ante el juzgado que investiga las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla que se esforzó poco en la oferta presentada por su empresa y que sabía que tenía pocas probabilidades de ganar, por lo que fue al mínimo esfuerzo y al mínimo gasto, añadiendo que iba a todos los suelos de Andalucía porque tenía un avisador para ello, y que ya había acudido en Sevilla a varios concursos.

El otro hermano que comparecía ante Alaya, también como imputado, Juan Nicolás Báñez García, ha asegurado que no tuvo participación alguna en el concurso puesto que dejó de trabajar para las empresas de su familia en septiembre de 2005 y que nunca ha trabajado para Construcciones Juan de Robles, formando su propia empresa a partir de esa fecha para realizar proyectos y pequeñas reformas, ya que es arquitecto.

El juzgado instructor que dirige Mercedes Alaya, que investiga este causa, ha señalado antes de tomarles declaración que ambos imputados, en connivencia con Sanma, con Mercasevilla y con el resto de las empresas licitadoras, favorecieron con sus raquíticas ofertas, que tanto por su contenido como por su apariencia se asemejaban a ofertas de relleno, a que la oferta ganadora fuera la de Sanma, pues todas salvo ésta incumplían intencionadamente algunas de las prescripciones del pliego, hechos que pudieran podrían ser constitutivos de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Según consta en la declaración de Eduardo Báñez García este viernes ante Alaya, a la que tuvo acceso eldiario.es/andalucia, la estrategia de su empresa ha sido siempre la de comprar suelo barato, como ocurría en el presente caso, ya que era barato el precio de salida, según ha dicho en respuesta a la pregunta de la jueza respecto a por qué realizó su empresa la oferta que se le exhibe tan alejada de las prescripciones del pliego. Eduardo Báñez ha añadido que como su empresa no tenía derecho sobre los terrenos de Mercasevilla, por eso se esforzó poco en la oferta (en concreto, el coste de presentarse a este concurso fue de 300 euros, según fuentes cercanas al caso).

La jueza entiende que no presentó ni oferta técnica, ni oferta social, ni cláusula de revalorización y ni siquiera en la oferta económica (de 105 millones) enunció cantidades distintas de los mínimos reflejados en el pliego de condiciones. El imputado ha negado que algunas de los participantes, ya fuera Sanma u otras, o Mercasevilla, le indicara que presentara ese tipo de oferta, o que alguien le ofreciera algo a cambio de que hiciera esa oferta tan poco ventajosa para su empresa, así como que el concurso iba a ser dirigido para que lo ganara Sando.

Eduardo Báñez ha reconocido que tenía pocas probabilidades de ganar pero que, aunque las posibilidades fueran bajas, había acudido a algunos concursos en los que había quedado segundo y por no haber conseguido el primero financiación, se lo adjudicaron a él. En este sentido, ha añadido que, como tenía pocas posibilidades de ganar no quiso invertir en realizar ningún proyecto técnico, porque tenía pocas probabilidades de quedárselo, pero no ninguna.

El hermano de Fátima Báñez ha indicado ante Alaya que su empresa tenía unos fondos propios de 4 millones de euros y, preguntado si iba a tener capacidad suficiente para adquirir una financiación por 105 millones de euros, ha manifestado que ha habido otras empresas que han tenido menos fondos propios y que han hecho inversiones más grandes.

El procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, que ofertó 106 millones pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones, por lo que la jueza deduce que hubo “un posible concierto” entre Mercasevilla y Sanma.

Alaya también le ha cuestionado a Báñez sobre que la finca se describiera en el pliego como libre de cargas y gravámenes y luego se otorgara la máxima puntuación por el derecho de superficie a Sando, manifestando Báñez que efectivamente le sorprende, que el pliego de Condiciones no es correcto y que, si se le hubiese adjudicado el terreno, hubiera reclamado y exigido que le quitaran la carga.

Todos niegan el concierto

El total de siete empresarios han negado este viernes la existencia de un concierto para que el concurso para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla fuera finalmente concedido a Sanma.

El primero empresario en declarar fue Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, que señaló que la firma de la oferta para comprar los suelos de Mercasevilla no pasó por el Consejo de Administración de la empresa ya que era un asunto que dependía del departamento de Promociones, añadiendo incluso que en el momento de la firma para el concurso, suscrita en Sevilla, él se encontraba en Madrid.

José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa, ha señalado igualmente a la jueza Alaya que desconocía que su firma había ofertado por dichos suelos, según fuentes del caso, que “no esperaba ganar” el concurso y que se presentó al mismo “como quien se presenta a un examen sin haber estudiado”.

En tercer lugar, y según informa Europa Press, ha comparecido Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de administración de Sociedad Azucarera Larios, que ha explicado que contaba con un consejero delegado que “se encargaba de todo” y que hasta la presentación de la oferta para pujar por los suelos de Mercasevilla su empresa “no había hecho nada” en Sevilla.

Por su parte, Martín Eugenio Sánchez-Ramade, presidente de Edamar (empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007), ha reconocido “no saber mucho” del concurso, añadiendo que disponía de un equipo técnico que le asesoraba.

Asimismo, Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario, ha reconocido que trabaja como comercial y que le dieron la propuesta de oferta ya hecha y con un poder, por lo que se limitó a presentarla sin ni siquiera mirársela.

La juez también tomó declaración a Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense. En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.